Las elecciones legislativas del 8 de marzo dejaron una larga lista de ganadores y perdedores, pero también volvieron a poner sobre la mesa lo que realmente esconden de fondo y es ¿para quién funciona el Estado en Colombia? Más allá de los nombres que entran o salen del Congreso, los resultados vuelven a mostrar que, gobierne quien gobierne, el Estado sigue funcionando en favor de las clases dominantes.
Si se miran los resultados para el Senado, el Pacto Histórico logró, hasta ahora 27 curules, convirtiéndose como movimiento en la bancada más grande. Le siguió el Centro Democrático con 17, y detrás se ubicaron partidos tradicionales como el Partido Liberal, Alianza por Colombia y el Partido Conservador. En la Cámara de Representantes el panorama es similar; el Pacto Histórico obtuvo, hasta ahora, 37 curules, seguido nuevamente por el Centro Democrático, el Partido Liberal, el Partido Conservador, Cambio Radical y Alianza Verde; resultados que tanto para Senado, como para Cámara, están sujetos al reconteo que se sigue realizando en la registraduría.
Sin embargo, ser la bancada más grande no significa tener el control del Congreso. El bloque de la llamada derecha y centroderecha —que incluye al Centro Democrático, conservadores, Cambio Radical y otros sectores— puede sumar fuerzas con los llamados partidos «bisagra» o de centro, como el Liberal o el Partido de la U. Esto significa que quien llegue a la Casa de Nariño necesitará negociar permanentemente con sectores que representan los intereses económicos de burgueses, terratenientes e imperialistas.
Eso ya ocurrió durante el gobierno de Gustavo Petro, cuando varias de sus reformas terminaron diluidas, archivadas o profundamente modificadas en el Congreso. El mismo escenario podría repetirse si un nuevo gobierno reformista intenta impulsar sus reformas. Es decir, aunque en efecto con el gobierno de Petro hubo medidas notables como el decreto de salario mínimo para este año, por ejemplo, de fondo el Estado burgués seguirá legislando y funcionando al servicio de los intereses de los ricos.
Las elecciones también dejaron partidos que ni siquiera lograron superar el umbral del 3 % y perdieron su personería jurídica como el Frente Amplio Unitario, Creemos, la Coalición Fuerza Ciudadana, la lista de Oviedo, el Partido Oxígeno, el Movimiento Patriotas y el Movimiento Colombia Segura y Próspera; al mismo tiempo hubo figuras conocidas que no lograron regresar al Congreso, entre ellos Álvaro Uribe Vélez, Miguel Polo Polo, Lina Garrido, Jorge Enrique Robledo, Katherine Miranda, Luis Eduardo Garzón y Angélica Lozano, entre otros. En varios de estos casos, el desgaste político y el desprestigio por posiciones antipopulares o contradicciones evidentes entre el discurso y la práctica terminaron pasándoles factura, gracias a las denuncias en las redes.
También las elecciones estuvieron acompañadas de la consulta interpartidista para elegir candidatos a la presidencia. Y aunque solo votaban los interesados llama la atención que del censo electoral de más de 41 millones de personas habilitadas, apenas 8,3 millones participaron en ella (alrededor del 20 %). Si se descuentan votos nulos y no marcados, los votos válidos fueron poco más de 7 millones, es decir, menos del 18 % del electorado.
Aún así, los resultados obtenidos por cada coalición perfilan a los candidatos de preferencia de los capitalistas y los medios tradicionales de comunicación, empiezan también a hacer lo propio, inflando y desinflando candidatos para ajustar las apuestas en la contienda electoral.
En el caso de la consulta del Frente por la Vida, que fue particularmente llamativo por su escasa participación, el propio Roy Barreras reconoció que el resultado estuvo muy por debajo de lo esperado y lo atribuyó, entre otras cosas, a la falta de impulso del gobierno y a la decisión de sectores progresistas de no promover activamente la consulta. En la Consulta de las Soluciones ganó Claudia López como era de esperarse. Pero causó sorpresa en algunos sectores el resultado en la llamada Gran Consulta por Colombia, donde la ganadora fue Paloma Valencia con más de tres millones de votos superando la consulta del Pacto Histórico y los votantes por Iván Cepeda en octubre pasado. Unos hablan de fraude a favor de Valencia y otros dicen que era de esperarse ya que para la consulta del Pacto Histórico se habilitaron 19 mil mesas y en las recientes contaron con 130 mil.
Pero mientras unos inflan y desinflan y otros hacen cuentas para las presidenciales, existe un factor clave de la jornada que se debe analizar y es que a pesar del aumento de votantes la abstención volvió a ser enorme. De los más de 41 millones de colombianos habilitados para votar, apenas acudieron a las urnas unos 20,9 millones. Es decir, más de la mitad del país no participó.
A menudo se culpa al abstencionismo de que las maquinarias políticas sigan dominando las elecciones. Pero esa explicación es simplista. En realidad, las maquinarias existen porque el sistema político está estructurado alrededor del poder económico, el Estado es la superestructura que sigue dando al capitalismo la posibilidad de vivir. Además las campañas electorales cuestan miles de millones de pesos. ¿Quién paga esas campañas? Grandes empresarios, contratistas del Estado, clanes regionales, bancos, grupos económicos, sectores que esperan recuperar su inversión cuando su candidato llegue al poder. Los grandes capitalistas no financian campañas por filantropía o por el “libre juego democrático”, para ellos es una inversión que les permite garantizar sus intereses en las decisiones del Estado, que por supuesto les favorecerá sus negocios.
Por eso las elecciones bajo el capitalismo no son un terreno neutral. Son parte de la superestructura política que reproduce el poder de las clases dominantes. Sus partidos tienen redes clientelares, control territorial, financiación empresarial y acceso privilegiado a sus medios de comunicación.
A esto se suman prácticas que se repiten elección tras elección como es la compra de votos, trasteo de electores, manipulación burocrática y escándalos de corrupción. Incluso gobiernos que prometen cambiar la política terminan enfrentando escándalos similares. El aparato estatal —diseñado históricamente para administrar los negocios comunes de los capitalistas— no se transforma cambiando a los administradores., porque el Estado es una máquina de opresión de una clase sobre la otra.
Si se observa el conjunto del sistema político —partidos, movimientos, clanes y coaliciones— todos defienden, con matices, el capitalismo como sistema que vive de la explotación del trabajo asalariado y en la acumulación de riqueza en manos de la minoría que no trabaja. Algunos sectores lo defienden abiertamente y sin tapujos. Otros, como el reformismo agrupado en coaliciones como el Pacto Histórico, proponen un capitalismo menos desigual o brutal, con mayor intervención estatal y políticas sociales. Pero incluso esas propuestas se mueven dentro de los límites del mismo sistema.
En ese contexto, las elecciones terminan definiendo quién administra los negocios de los ricos, no quién transforma la estructura de poder. Y esto es así porque en la república democrática actual, la riqueza ejerce su poder mediante la corrupción directa de los funcionarios o mediante la vinculación directa de los banqueros, empresarios y terratenientes al gobierno. De ahí que ningún cambio de personas, ni de instituciones, ni de partidos, dentro de la república democrática burguesa, hace vacilar el poder de los capitalistas.
Por eso las elecciones en el capitalismo, independiente de las buenas intenciones de quienes sinceramente quieren cambiar el Estado desde adentro, se convierten en un instrumento de dominación de la burguesía, justamente porque le dan al pueblo la apariencia de brindarle la libertad para decidir, cuando ello no es verdad.
Esto no significa que el pueblo trabajador deba resignarse. Al contrario, la historia demuestra que las conquistas convertidas en derechos y en ley no han sido concesiones generosas de los poderosos y gobernantes, sino arrancadas mediante la unión, organización, movilización y lucha social.
Las elecciones pueden cambiar nombres y la correlación de los partidos y movimientos políticos dentro del Congreso, pero las transformaciones son el producto de la presión ejercida en las calles, los bloqueos y los paros por los obreros, los campesinos y demás sectores populares.
Por consiguiente, independiente de votar o no votar, lo fundamental y decisivo para el pueblo trabajador, para los obreros conscientes, dirigentes y activistas sociales es organizarse y luchar por las reivindicaciones de los paros recientes y del levantamiento del 2021, que aún no han sido resueltas.
Comité Ejecutivo UOC (MLM)
Marzo 2026
