En los últimos días el paro camionero ha ocupado los grandes titulares y noticias de los medios, a la vez que son cientos los videos y mensajes que circulan en las redes respecto al paro provocado por el alza del 20% al precio del ACPM decretada por el gobierno el 31 de agosto, pasando de $9.456 a $11.360 por galón.
Una medida que levantó ampollas y obligó a todas las clases y sus facciones a pronunciarse de acuerdo con sus intereses económicos y políticos, presentando una variada gama de posiciones:
- Una parte de la burguesía ve necesaria la medida, pues corresponde a una política orientada por el imperialismo, pero además porque ella nunca pierde; mientras otra, se “opone” para sacar provecho político de las incoherencias del actual gobierno que antaño se pronunció contra las alzas.
- Los transportadores también se encuentran divididos porque en el negocio participan grandes burgueses monopolistas, medianos y pequeños transportadores, y proletarios asalariados.
- Los trabajadores también se han dividido porque desde el gobierno se estigmatiza, aduciendo que se trata de un paro patronal con pretensiones golpistas; mientras otra parte se opone al alza, como siempre lo ha hecho, porque afecta sus intereses.
En medio de tal disparidad de opiniones y posiciones es necesario que proletariado revolucionario siente su posición dejando las cosas en claro.
De todos es sabido que el ACPM es el combustible principal para el transporte de carga, alimentos y pasajeros en Colombia, cuyo precio tiene una repercusión inmediata en todos los productos; por consiguiente, el alza termina finalmente siendo descargada sobre el pueblo llano, la gente de a pie.
No es cierto, por tanto, que el alza actual no afecte al pueblo como dicen quienes en años anteriores bajo el régimen mafioso se opusieron al alza en los combustibles y apoyaron los paros camioneros, empezando por el hoy presidente Petro, quien junto con los burócratas de las centrales sindicales CUT, CGT y CTC alegaron en su momento: «No tenemos por qué pagar a precio internacional lo que producimos nacionalmente».
Paradójicamente, ahora son los ricos opulentos de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) quienes hipócritas alegan que el incremento en los precios del diésel sí «impactará el costo de vida y la canasta familiar de los 60 millones de colombianos». Son también los grandes monopolistas del transporte afiliados a Fedetranscarga quienes alegan que: «Si producimos diésel no deberíamos pagar como si lo importáramos».
Esconden que los grandes monopolios nunca pierden, porque son también beneficiarios de los subsidios otorgados como socios y compadres de Ecopetrol, de las importadoras y distribuidoras de combustibles.
Una parte de los medianos y pequeños transportadores están comprometidos con el paro y le exigen al gobierno sentarse a negociar sus exigencias que son distintas a las de los grandes monopolistas de Coltanques, Botero Soto, Servientrega y Al Día, con quienes el gobierno está negociando a través de Fedetranscarga. Sus exigencias empiezan por reducir la cantidad y el monto de los peajes, pago de fletes justos y van hasta la supresión de sanciones.
Ellos entienden que son los grandes grupos económicos los interesados en aumentar la cantidad y mantener los peajes costosos porque ellos son también los encargados de construir y mantener las vías; son los dueños de las importadoras y comercializadoras de los repuestos; como también son quienes contratan sus servicios muy por debajo del valor real.
Los asalariados del transporte son cuento aparte, porque como obreros padecen las mismas o peores condiciones de superexplotación de sus hermanos: contratos miserables, sin seguridad social ni derecho a pensionarse, jornadas extenuantes y ritmos infernales que ponen en peligro sus vidas, poco ven a sus familias y su vida social es inexistente, entre otras tantas cosas.
El precio de los combustibles no debe subir. Colombia produce petróleo y refina la mayoría del combustible que consume, aunque exporta gran parte de petróleo crudo a Estados Unidos. Sin embargo, siendo productor, el precio de los combustibles se fija no por su valor de producción más la ganancia media, como en cualquier negocio capitalista, sino que oscila de acuerdo con el precio internacional fijado más directamente por los imperialistas y la OPEC. Una medida tomada por Uribe en el 2007 y por lo cual creó el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), cuyo único fin fue surtir ganancias extraordinarias a los capitalistas financieros nacionales y extranjeros que son accionistas privados de Ecopetrol, y a su vez socios de las importadoras de combustibles.
Ahora el presidente Petro justifica el aumento del ACPM diciendo que: «El alza del diésel es justa porque solo se está recuperando el dinero de un subsidio que nunca se debió haber dado y que ya suma una gran fracción de la deuda pública de Colombia». Pero no se atreve a reversar la medida impuesta por Uribe.
El hoy presidente, que en octubre de 2019 mientras era parlamentario alegaba que: En Colombia la fórmula del precio de la gasolina no usa el costo real de extracción interno del petróleo, sino su precio internacional, lo que hace que el pago del consumidor nacional esté muy por encima de los costos reales de producción, pagamos como si importáramos el petróleo, hoy está cumpliendo a rajatabla la orientación dada por el FMI en 2019, según la cual se debía subir de forma drástica el precio de los combustibles en los años posteriores.
El presidente alega además que, como producto del subsidio a los empresarios de los combustibles se ha acumulado un déficit presupuestal cercano a los 115 billones de pesos y que esos recursos deberían destinarse a los programas sociales. Sin embargo, no se atreve a darle fin a tan perversa política rompiendo con la orden imperialista de vender los combustibles a precios internacionales, a la vez que no plantea cómo es que los recursos del FEPC van a financiar los mentados programas para «dar comida a la gente con hambre y educación a nuestra niñez y juventud» con que justificó el alza del ACPM.
A las inconsecuencias e incongruencias del presidente y sus seguidores se agrega la pretensión de instrumentalizar al pueblo. En este caso, llamando a respaldar una medida reaccionaria y antipopular argumentando que se trata de un paro patronal con intención de tumbarlo, como el que hicieron las clases dominantes y los imperialistas en Chile para tumbar a Allende en 1972. Y aunque existe un sector que se ha planteado defenestrarlo, y aprovecha cualquier situación para desprestigiarlo y deslegitimar su mandato, no es la pretensión del conjunto de las clases dominantes ni del imperialismo con quienes hasta ahora no tiene contradicciones de fondo, pues ha cumplido con la defensa de sus intereses y ha sido obediente en garantizar sus orientaciones.
El paro y el bloqueo contra una medida antiobrera y antipopular, en el que también los medianos, pequeños transportadores y obreros asalariados de este sector han manifestado su rechazo, planteando además las exigencias que tienen que ver con sus condiciones de trabajo, es una muestra fehaciente de que no se trata de una conspiración; por consiguiente, condenar el paro es adoptar la misma posición de los anteriores gobiernos.
Y lo peor, convertir las cúpulas de las centrales sindicales en instrumentos del gobierno para respaldar sus inconsecuencias e incongruencias, lejos de unir al pueblo para enfrentar el ascenso de la reacción, lo desune y siembra la idea profundamente equivocada de no apelar a las vías de hecho, al paro y al bloqueo, para conquistar sus más sentidas reivindicaciones enfrentando a sus enemigos históricos.
Es el presidente Petro quien tiene que definirse y adoptar una posición clara porque no puede seguir tratando de servirle a dios y al diablo: o sigue tratando de complacer a la burguesía, los terratenientes e imperialistas, que significa seguir sacrificando al pueblo, o se coloca abiertamente de su lado.
El proletariado revolucionario rechaza el alza en los combustibles y por tanto, apoya el paro contra tal medida porque afecta a todo el pueblo trabajador; defiende con intransigencia los intereses de los asalariados del transporte; apoya las exigencias de los medianos y pequeños transportadores, y rechaza la estigmatización y criminalización de la protesta popular.
En consecuencia, llama al pueblo trabajador a unirse y a retomar sus propias banderas de lucha y exigencias levantadas durante los levantamientos del 2019, 2020 y 2021, las cuales no han sido resueltas.
Insta a las organizaciones comunistas, revolucionarias y todas las organizaciones sociales de las masas, así como a los verdaderos dirigentes y activistas del pueblo a preparar y organizar las Asambleas Populares para organizar la lucha por sus reivindicaciones con completa independencia del Estado, del gobierno, de las clases explotadoras dominantes y el imperialismo.
Solo mediante la organización, la movilización y la lucha independiente; con las grandes manifestaciones, el bloqueo y el paro indefinido contra el Estado y contra las clases dominantes y el imperialismo, se conquistarán las exigencias populares y se allanará el camino para realizar la revolución que está exigiendo el capitalismo imperialista, sistema que no merece seguir viviendo, porque su subsistencia le exige seguir arrasando y destruyendo las dos únicas fuentes de riqueza: los hombres y la naturaleza.
