La llegada de Abelardo De La Espriella (ADLE) a la presidencia de la república apoyado por los sectores más retardatarios de las clases dominantes y el imperialismo yanqui, es una nueva declaración de guerra contra el pueblo trabajador. Tal es el contenido del plan que el abogado de la mafia y el paramilitarismo llama: «La Patria Milagro».
En el terreno económico, los planes ADLE son la misma vieja receta de todos los defensores de la explotación asalariada que contempla entre otras, una nueva reforma tributaria que elimina el impuesto al patrimonio, es decir la reducción de los impuestos a los ricos y por tanto, más gravámenes para los pobres; la reactivación del sector minero-energético mediante la exploración de hidrocarburos y el fracking que conlleva beneficios para los grandes monopolios, a cuenta de mayor destrucción de la naturaleza, saqueo de los recursos naturales, desplazamiento de comunidades campesinas y mayor explotación de los asalariados; simplificar las reglas para beneficiar la entrada al país de capitales extranjeros, abriendo las puertas a los imperialistas para venderles fuerza de trabajo barata sin mayores exigencias; austeridad estatal y congelamiento del gasto público a cuenta del despido de miles de trabajadores del Estado y el recorte del gasto social. Un plan económico que significa aumento de las ganancias para los grandes capitalistas, burgueses, terratenientes e imperialistas, aumento de la superexplotación del proletariado, ruina para los pequeños y medianos productores y comerciantes, destrucción de la naturaleza y saqueo de los recursos naturales del país.
ADLE tiene como eje de todo su plan de gobierno la seguridad, la «mano dura» para que fluyan los negocios, y que en lo político contempla entre otras:
Reforma del sistema de contratación pública y conformación del «Bloque de búsqueda contra la corrupción» como una entidad especial dirigida por la presidencia con facultades de extinción de dominio exprés apoyada en análisis financieros.
Aunque en la posesión ya no habló de «destripar la izquierda», como anunció en campaña, sino del respeto a la oposición y de la libertad de expresión y movilización, en realidad pretende criminalizar la protesta social, restringir las libertades democráticas, estigmatizar y perseguir a quien disienta de sus cavernarias posiciones.
Igualmente, en la posesión habló de respeto a la separación de poderes y el trabajo mancomunado entre ellos, burlándose cínicamente de quienes asistieron a la ceremonia (senadores e invitados especiales) que escucharon su discurso, no desde el recinto donde se encontraban los civiles, sino desde un cuartel militar.
En el terreno militar, su plan fue orquestado directamente con el actual representante del imperialismo yanqui, Donald Trump y su séquito, denominado «Plan Patriota 2.0» entroncado directamente con el llamado «Escudo de las Américas».
Se trata de una alianza reforzada con Estados Unidos en inteligencia, vigilancia y transferencia tecnológica; incluida la presencia estratégica que tendrá sede operativa en Medellín. Además de los anuncios de que Colombia, será el «Centro Regional de Entrenamiento contra el Narcotráfico y las Amenazas Transnacionales»; es decir, un centro importante del «Escudo de las Américas» para el cual Trump ya anunció el desembolso de mil millones de dólares. No es casual que la numerosa comitiva yanqui en el acto de posesión estuviera compuesta por personajes vinculados a la seguridad.
En teoría, la alianza se propone atacar al multicrimen y promete para Colombia el combate frontal contra el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo como redes transnacionales. Para lo cual plantea el fortalecimiento de la flota de helicópteros, movilidad aérea y sistemas antidrones. De tal forma que les permita la presencia territorial para la interdicción aérea, marítima, fluvial y la protección de infraestructura crítica en zonas apartadas. Pero en los hechos significa la militarización de la sociedad y el despliegue de las fuerzas militares yanquis en la región.
Con esto y a la par va el control territorial y Puestos de Mando Unificados (PMU) dirigidos desde la presidencia y en coordinación con los gobernadores bajo el supuesto de recuperar el monopolio de las armas por parte del Estado y desmantelar las rentas ilegales en zonas rurales y periféricas. ADLE prometió ejecutar un plan de choque de 90 días con acciones militares y policiales intensivas para retomar zonas dominadas por grupos armados.
Igualmente, con el supuesto de combatir delitos de alto impacto como la extorsión, los atracos y los homicidios en los principales centros urbanos, creará el «Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana», manejado también desde la presidencia en coordinación con los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Así como creará la que llama «Primera Línea de Seguridad” a la cual pretende vincular 85 mil veteranos y reservistas de las fuerzas represivas en “labores de vigilancia comunitaria y de barrio»; siendo esta una nueva versión de las nefastas Convivir de Uribe Vélez o la legalización del paramilitarismo en las ciudades.
Complementa el paquete con la «ciberdefensa de seguridad e infraestructura» que promete combatir ciberdelitos e infraestructura crítica de entidades estatales y empresariales; una medida que va más allá de la protección de la gran propiedad privada y terminará sin duda enfocada en persecución de los opositores al régimen y, sobre todo, de las organizaciones, movimientos sociales, políticos, los dirigentes y activistas que se proponen cambiar de raíz la sociedad, en lo que son expertos la CIA y sus socios sionistas del MOSAD.
Además de todo lo anterior ADLE prometió restaurar el asesino ESMAD de la policía para reprimir las manifestaciones y protestas. Es decir, dar rienda suelta a la criminalización de la protesta social y el terrorismo de Estado.
En lo social, aunque ADLE anunció que no va a echar para atrás los programas sociales existentes, la permanencia de la salud, las pensiones, la educación, la vivienda, los servicios públicos en manos de los grandes capitalistas, especialmente la salud en manos del capital parásito financiero, significa la continuidad de los paseos de la muerte, así como la imposibilidad de pensionarse para las nuevas generaciones de proletarios, el desmantelamiento progresivo de la educación pública, la disminución del acceso a la vivienda digna y el encarecimiento de los ya costosos servicios públicos; problemas que se verán agravados por los despidos masivos que ya están en marcha y proseguirán, junto con el empeoramiento de las condiciones laborales, todo lo cual agravará a su vez la crisis social (hambre, miseria, degradación), a la vez que ampliará la brecha social entre los trabajadores cada vez más empobrecidos y los ricos holgazanes cada vez más ricos, exacerbando las contradicciones sociales y la lucha de clases.
En lo ideológico representa una ofensiva anunciada como «batalla cultural», ya empezada con el nombramiento de siniestros personajes en las carteras de cultura, educación y tomando como asesor presidencial al reaccionario Enrique Serrano; como con la puesta en escena en la posesión de la grotesca intervención de oscurantistas religiosos, incluido un sionista quien gritó vivas al genocida Estado de Israel.
Batalla que se propone reescribir la historia al amaño de los ricos explotadores, minimizar la riqueza cultural del pueblo colombiano, además estigmatizar y condenar todo lo que se oponga a la defensa de la familia tradicional, acompañada de echar atrás las reformas sobre derechos sexuales y reproductivos de la mujer.
Este es un nuevo frente de combate porque el propósito de ADLE y su séquito representa un enorme retroceso, pues significa devolver el país a la época de la mentira histórica y la mojigata moral oscurantista de las clases reaccionarias ya superada, por lo menos en la formalidad jurídica con la Constitución del 91.
De conjunto, el plan de ADLE corresponde a los planes de los imperialistas yanquis por afianzar su dominación sobre América Latina como parte de sus preparativos para la guerra imperialista por un nuevo reparto del mundo; un plan criminal que necesita de la «mano de hierro» para aplastar la rebeldía creciente del pueblo trabajador ante la crisis del sistema moribundo.
Frente a estos perversos propósitos, la «izquierda» que en últimas le sirve a la derecha y la oposición consentida por la dictadura del capitalismo imperialista, solo atinan a llamar a la desobediencia civil pacífica, después de cuatro años de gobierno rogándoles a las clases dominantes parásitas un «acuerdo nacional» o un pacto para humanizar el capitalismo moribundo devorador de sangre y destructor de la naturaleza; un pacto o acuerdo imposible porque no se pueden conciliar los intereses antagónicos entre explotados y explotadores, entre oprimidos y opresores, entre imperialistas saqueadores y pueblos despojados.
Entre tanto, los proletarios, los campesinos, los pueblos indígenas, la juventud… los que sostienen la sociedad con su trabajo y mantienen con su sudor los privilegios de los ricos holgazanes y la burocracia estatal corrupta, persisten en la movilización, los bloqueos y las huelgas para frenar los embates de los enemigos. Eso está bien porque significa que el pueblo trabajador no se rinde ni se arrodilla, pero se necesita prepararse mejor para los nuevos combates.
En efecto, no basta la respuesta aislada, no son suficientes los heroicos esfuerzos de los trabajadores en las diferentes empresas, de las comunidades en sus territorios, de la juventud en sus parches o centros de educación, de las mujeres aisladas de sus hermanos de penurias… se necesita fortalecer todas las organizaciones desde la base y juntar todos los riachuelos de la inconformidad social y de la justa rebeldía de los explotados y oprimidos para transformarla en un poderoso río que desborde el dique que le impone el reformismo desde las burocracias de las centrales sindicales y demás organizaciones sociales y reverse las pretensiones de los imperialistas y sus socios-lacayos criollos, ahora representados en el gobierno de Abelardo De La Espriella.
En tal dirección, urge retomar las asambleas populares de abajo hacia arriba y con independencia del Estado y los politiqueros. Asambleas que unidas alrededor de las reivindicaciones comunes, organicen la movilización en las calles, los bloqueos, e incluso, se lancen a un nuevo Paro Nacional de la Producción y a un nuevo levantamiento popular para conquistar, con su fuerza lo que los explotadores se han negado ceder.
Será mediante la organización del pueblo en Asambleas Populares y la lucha directa que se desmontará completamente el régimen mafioso y paramilitar en la medida en que ellas, como expresión del Poder Popular, opuesto al poder de los explotadores, se atrevan a ir más allá de lo permitido por los enemigos del pueblo, tanto frente a sus aspiraciones inmediatas, como dándole vida a las demás formas de organización necesarias para proteger a las comunidades, organizaciones y dirigentes del terrorismo de Estado y sus fuerzas militares y paramilitares.
No existe otro camino que la lucha, por lo que el pueblo trabajador debe prepararse mejor para los nuevos combates y desafíos que le plantean sus enemigos, desbrozando el camino y forjando la organización que lo prepare para tomar las riendas de la sociedad y destronar para siempre a los causantes de las tragedias del pueblo colombiano.
No existen salvadores supremos, ¡solo el pueblo salva al pueblo!
Comité Ejecutivo – Unión Obrera Comunista (mlm)
