En el contexto de las elecciones presidenciales colombianas de 2026, la candidatura de Abelardo De la Espriella ha puesto en evidencia una de las contradicciones más reveladoras del sistema político burgués: la dependencia y estrecha relación entre el capital económico y el poder político. Al contrario de representar una anomalía, la articulación entre maquinarias clientelistas, clanes regionales y recursos financieros en torno a su campaña constituye la expresión más pura del Estado capitalista en su función de garante de los intereses de la clase dominante.
Desde la perspectiva comunista, el Estado no es un árbitro neutral entre clases sociales, sino un aparato al servicio de la reproducción de las relaciones de producción y propiedad capitalistas. En este sentido, la campaña de De la Espriella no puede analizarse como un simple proceso electoral pues es, ante todo, una operación de consolidación del bloque en el poder en la región Caribe colombiana. Los datos son contundentes, mientras en el entorno de su campaña se advierte la ausencia de restricciones financieras para movilizar estructuras políticas, el problema de la financiación revela quién paga y, por tanto, a quién sirve el candidato.
Quiénes están tras la plata de la campaña abelardista
El análisis de La Silla Vacía revela que los principales caciques del Caribe —entre ellos el clan Char en el Atlántico y estructuras como la del gobernador Erasmo Zuleta en Córdoba— se han articulado activamente con la campaña de De la Espriella. Esta alianza no es fortuita, responde a una lógica de acumulación política y económica que Marx ya describía cuando señalaba que las relaciones políticas expresan, en última instancia, las relaciones materiales de producción. Las maquinarias clientelistas son, en este sentido, fuerzas productivas del capital electoral que convierten recursos económicos en votos, y votos en acceso al Estado.
Lo que resulta particularmente ilustrativo es el perfil socioeconómico del electorado abstencionista que se busca movilizar. Según datos del DANE, ocho de cada diez de estos electores pertenecen al estrato 1, es decir plena clase obrera, y dos de cada tres apenas completaron la educación primaria. Esta base social, empobrecida y con acceso limitado a bienes y servicios, no es movilizada a través de la conciencia de clase ni de programas políticos transformadores o promesas de campaña, sino a través de dádivas, transporte subsidiado y compra directa de votos. Es la alienación política y el reflejo de la farsa electoral en su forma más descarnada y el trabajador que vende su fuerza de trabajo también termina vendiendo su voto.
El matagatos, que busca hacer «fracking a lo que dé» y destruir nuestros recursos naturales se presenta públicamente como un político alternativo que rechaza el apoyo de los partidos tradicionales; sin embargo, las estructuras que lo respaldan son precisamente las que han dominado históricamente el escenario político principalmente del Caribe colombiano. Esta contradicción no es accidental, es la forma que adopta la hegemonía burguesa cuando necesita renovar su legitimidad sin alterar las relaciones de poder.
Podría decirse, entonces, que la campaña de Abelardo opera bajo una estrategia de hegemonía pasiva, incorpora retóricamente un discurso «antiestablecimiento» mientras mantiene intactas las alianzas con las élites regionales que controlan los recursos económicos y los votos cautivos. La frase que uno de los políticos charistas pronunció resulta reveladora: «Estamos recontrafiltrando. No estoy llevando a la misma gente que antes, sino a los apoyos más fieles», refiriéndose a la selección cuidadosa de los votantes que se movilizarán, asegurando la fidelidad del voto y evitando «desperdiciar» recursos en electores que podrían votar por el adversario. Esto es la racionalización capitalista aplicada al proceso democrático.
La campaña de De la Espriella expresa cómo el capital regional —concentrado en clanes familiares que controlan alcaldías, gobernaciones y redes de contratación pública— fluye hacia el candidato que ofrece mayor garantía de preservar ese modelo de acumulación. No se trata de una conspiración, sino de la racionalidad inherente al sistema: los grandes electores apoyan a quien protegerá sus intereses una vez en el poder. Esta es la dictadura de la burguesía, que no necesariamente es ejercida mediante la violencia directa (aunque sí lo hace), sino también a través del control de los mecanismos formales de representación y las instituciones del Estado.
