El pasado 13 de septiembre de 2026, el presidente Abelardo de la Espriella anunció en cadena nacional que la Policía Nacional —incluido el ESMAD— será la «primera autoridad operativa» dentro de los campus universitarios. Su frase textual fue: «La autonomía universitaria no está por encima del orden público (…) A los que pretenden utilizar las universidades para preparar atentados terroristas, para almacenar material de violencia, para agredir a ciudadanos o a la Fuerza Pública, les digo con toda claridad: la autonomía universitaria no es un salvoconducto. Voy a ir por ustedes, incluso entrando a las universidades, los voy a sacar y les voy a hacer pagar».
Dicha medida de seguridad en defensa del status quo no es más que una declaración de guerra contra la universidad pública, contra una juventud rebelde y con aspiraciones revolucionarias que, en los pasillos de la academia, se organiza para defender y conquistar derechos. Una juventud que junto a los trabajadores y algunos docentes ha hecho de la universidad una trinchera de combate, un espacio en el que se habla y se lucha por un mundo nuevo. Las universidades públicas han dejado de ser un espacio exclusivo de la formación académica, y también se han convertido en un escenario de organización, movilización y difusión de ideas revolucionarias, de ahí que una de las mayores preocupaciones de la burguesía financiera lacaya del imperialismo se encuentre en ¿cómo hacer para reprimir y posteriormente controlar lo que ocurre en estas instituciones?
Ante tal situación debemos insistir en ignorar lo que dice la constitución política y lo que Abelardo pisotea, pues las normas constitucionales no están por encima de los intereses de clase, y si estas en algún momento han protegido en alguna medida al pueblo de la violencia del Estado es gracias a la lucha directa de los trabajadores, campesinos y estudiantes, que le han arrebatado derechos al Estado burgués con el propósito de crear mejores condiciones para la lucha de los de abajo en contra de los de arriba.
Tal es el caso del artículo 69 de la Constitución Política de Colombia, que reconoce la autonomía universitaria, y la capacidad de las universidades para darse sus propias directivas y regirse por sus propios estatutos. Sin embargo, ¿de qué sirve una autonomía reconocida en el papel cuando, en la práctica, el Estado burgués en manos de un sujeto arrodillado a los intereses de Israel y Estados Unidos despliega mecanismos de vigilancia, militarización, persecución y criminalización contra quienes hacen uso de ella para organizarse y cuestionar el orden establecido?
No se trata simplemente de una garantía concedida desde arriba, la cual podrá continuar su curso a través de tutelas o cualquier procedimiento jurídico, sino de un derecho peleado y ganado por los estudiantes y trabajadores de las universidades públicas, quienes al ver los efectos que causaba el ingreso indiscriminado de las fuerzas represivas del Estado a las universidades, arrebataron la autonomía universitaria participando de la lucha de clases, una conquista que han defendido permanentemente desde abajo a través de asambleas, marchas, bloqueos, paros y tropeles.
Por ello, inclinar la discusión hacia el cumplimiento de lo establecido en la constitución no equivale a una defensa real de las condiciones materiales y políticas que garantizan la autonomía, pues esta no existe al margen de la lucha de clases que se ha llevado a cabo. Debe quedar muy en claro que la norma no es un garante de la protesta, más la protesta sí puede ser un garante de la norma, conquistada precisamente al calor de la lucha.
Si los estudiantes, trabajadores, y pueblo oprimido en general piensan que, con las medidas que han empezado a tomar los congresistas, concejales, o políticos del Pacto Histórico se podrá garantizar la autonomía universitaria, serán víctimas de su propio engaño.
A las amenazas de los representantes de la burguesía, los terratenientes y el imperialismo que hoy retoman el discurso de seguridad nacional, para atacar a sindicatos, organizaciones campesinas, movimientos universitarios, etc. debemos responder con beligerancia y fuerza, debemos preparar las movilizaciones y el combate, las asambleas estudiantiles no deben deliberar mucho en el debate sobre cuál es el riesgo principal que hoy amenaza la educación pública y a la organización sindical, estudiantil y política que se gesta en su interior.
La piedra principal que hay que remover es la amenaza a la autonomía universitaria.
Ya es hora de que el movimiento estudiantil se rescate a sí mismo de la pasividad, del intelectualismo y los egos, y dé su tiempo, su sudor e incluso su sangre a la defensa de la organización obrero-estudiantil.
