
Antes de posesionarse como presidente de la república, Abelardo de la Espriella ya estaba usando la religión, específicamente el cristianismo y el judaísmo, para ganar votos, y ahora como presidente, la usa para legitimar sus decisiones y dándole un carácter institucional como parte de la identidad de su gobierno. Esto nos recuerda que la mezcla del Estado con la religión, y su institucionalización, es una práctica que históricamente siempre ha terminado mal.
Al haberse cumplido un mes del gobierno de Abelardo, preocupan muchísimo varias decisiones tomadas directa o indirectamente con un carácter religioso. Uno de sus nombramientos más controversiales fue la designación del fundamentalista católico Alejandro Ordóñez como embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), cargo que ya había ocupado en la presidencia de Iván Duque, además de haber sido el procurador general durante el último gobierno del régimen de Álvaro Uribe y los dos gobiernos de Juan Manuel Santos. Ordóñez es reconocido por ser un fanático religioso extremista, pues su reputación está marcada por la quema de libros que consideraba pecaminosos y corruptores, y haber afirmado que lo volvería hacer ya que lo considera un «acto pedagógico» También habló públicamente muchas veces contra el matrimonio igualitario, la adopción homoparental, el derecho al aborto seguro y la eutanasia, y además, fue parte de la extremista secta católica fundamentalista Sociedad San Pío X.
Pero la educación es el área en la que más se ha centrado esta política religiosa. Fue particularmente polémico el nombramiento de la fanática religiosa Viviane Morales como ministra de educación, reconocida por haber sido la corrupta fiscal general del gobierno de Santos, funcionaria en los gobiernos de Virgilio Barco y Duque, y congresista anti derechos por el Partido Liberal y Somos Región; y esencialmente por ser una evangélica radical ligada a iglesias evangélicas proyectadas a alinear a la clase trabajadora con las ideas clasistas, machistas y homófobas al servicio de los capitalistas. Y aunque Viviane no duró ni un mes como ministra de educación (en buena medida por la presión social ejercida), la nueva ministra nombrada por Abelardo tiene un perfil mucho peor, se trata de otra fanática religiosa, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, católica fundamentalista que fue procuradora delegada para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia durante el último gobierno del régimen de Uribe y los dos de Santos, delegada en este cargo precisamente por el ex procurador Ordoñez, cargo desde el cual varias veces habló contra los derechos reproductivos y el derecho al aborto, por lo cual 1.279 mujeres presentaron una acción de tutela en su contra; y es que también fue asesora del Pontificio Consejo para la Familia, el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) y la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC), y de acuerdo con el periodista e investigador especialista en la pederastia en la Iglesia Católica, Juan Pablo Barrientos, cuando Hoyos asesoraba a la CEC se destacó por viajar por todo el país asesorando a los obispos sobre como proteger legalmente a los curas pederastas.
Otro nombramiento de Abelardo que ha generado rechazo entre la clase trabajadora, especialmente en el sector estudiantil, es la designación de su primo, Rodolfo Londoño de la Espriella, como delegado presidencial en el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Nacional, la Universidad Pedagógica, la Universidad de Antioquia, la Universidad del Valle y la Universidad del Atlántico. Londoño de la Espriella es un sacerdote católico, ahora también capellán de la presidencia, miembro de la Renovación Carismática Católica, una corriente dentro de la Iglesia Católica conocida por famosas jornadas de sanación que llevan a cabo sus miembros, en las que además hablan en lenguas desconocidas, una práctica que ha sido objeto de todo tipo de crítica tanto dentro como fuera de la iglesia debido a cuestionamientos sobre su autenticidad, eficacia y por ser una posible forma de estafa a cientos de creyentes; también es miembro de la Congregación de los Siervos del Espíritu Santo, una organización religiosa católica con sede en La Ceja, Antioquia, con presuntos vínculos a la política tradicional antioqueña conservadora y uribista.
Lo que resulta realmente desconcertante es la designación de un alto integrante del clero católico en un cargo público con tanta importancia en instituciones de educación superior, pues su máximo acercamiento a la función pública en este contexto fue haber dirigido un «retiro espiritual» del gabinete de gobierno días antes de la posesión. Pero no es el único caso de un clérigo católico delegado en un importante cargo de la educación superior pública bajo este nuevo gobierno, pues también se designó como director del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) al sacerdote Ricardo Torres Castro, un fraile dominico.
La designación del padre de la Espriella como representante presidencial ante los CSU de las universidades anteriormente mencionadas provocó intensas jornadas de protesta en la Universidad de Antioquia y la Universidad Pedagógica, las cuales terminaron siendo violentamente reprimidas por la UNDMO de la Policía (el antiguo ESMAD) que en el caso de la UdeA resultó en el secuestro de dos personas ajenas a los disturbios quienes fueron posteriormente liberadas gracias a la presión social ejercida sobre la UNDMO por parte de organizaciones de defensa de los Derechos Humanos.
A estas protestas se sumaron las universidades Nacional y Distrital, quienes junto con la Pedagógica, se manifestaron fuertemente en Bogotá el pasado 11 de septiembre. Y es que la reacción del estudiantado las universidades pública no es exagerada, puesto que todo lo que se ha mencionado en este artículo está enmarcado en un plan que tiene el gobierno de Abelardo con la educación para tratar de anular el pensamiento crítico, pues varios sectores del gobierno están planteando una reforma a la educación que le permita a organizaciones religiosas participar en el diseño de los proyectos educativos y se le permita a entidades privadas operar en este sentido en escuelas públicas, todo bajo eslogan de «sacar a Marx y devolver a Dios a las escuelas».
Es realmente preocupante el curso que está tomando la política de este gobierno, meter la religión en altos asuntos del Estado y la función pública, principalmente en la educación, es alarmante y nos debería preocupar, especialmente en cuanto el discurso del catolicismo y evangelismo radical, porque ahora en el gobierno está apuntando contra los derechos de las mujeres de la clase trabajadora y distintas libertades individuales conquistadas por las grandes luchas de nuestra clase. Y aunque históricamente siempre la religión ha sido política, la política de carácter y fines religiosos siempre ha terminado por empeorar la explotación y represión sobre las clases ya oprimidas, por eso es nuestra responsabilidad exigir al gobierno que respete la separación del Estado con las instituciones religiosas, organizar a los verdaderos cristianos que siguen el ejemplo revolucionario de Jesús, y movilizarnos contra todo intento de imposición de ideales retrógrados, pues la religión solo es uno de los tantos medios que usará el gobierno de Abelardo para desmovilizar a nuestra clase y alienarla al servicio de la burguesía, el imperialismo y los sionistas.
Es nuestro deber defender los derechos que tanto nos ha costado conseguir y la forma de hacerlo ahora, es consolidando poderosas asambleas populares, que una las luchas del pueblo colombiano en un solo programa a conquistar con la fuerza organizada de las masas en Colombia. Desde ya, estudiantes, docentes, personal administrativo y de servicios de las universidades y familias, a unirse como sector educativo con colegios e instituciones como el SENA, en defensa de la educación pública, gratuita, científica y al servicio del pueblo.





