El pasado 3 de abril del 2026 se presentó una avalancha en la zona nororiental de Medellín, en la parte baja del barrio Jardín en Manrique, lo que produjo inundaciones y la pérdida de una vida debido a la falta de previsión de la Alcaldía de Medellín en cabeza de Federico Gutiérrez.
Ante el suceso de inmediato se definió que 89 familias aledañas a la quebrada en la parte alta debían salir, se les prometió brindar ayudas y su reubicación, pero hoy después de 5 meses de la tragedia, se evidencia que estas ayudas fueron insuficientes y no se dio garantía alguna de reubicación segura para la población, lo que si hay es una orden de desalojo, que por cierto si hacen cumplir a pie juntillas, cosa que no hicieron con las promesas tras la avalancha. Por supuesto, ante el incumplimiento los habitantes se negaron a desalojar sus viviendas.
La Alcaldía de Medellin vio en esta situación una oportunidad para desplazar a los trabajadores que habitan allí, debido a que la zona adquirió un atractivo turístico para visita de los extranjeros en la ciudad, similar a la zona de «la Comuna 13». De fondo esto hace parte de la continuación de un ciclo de desplazamiento violento, pues muchas de las familias hacen parte de los campesinos pobres desplazados de las zonas rurales por los grupos armados, todos: paramilitares, ELN, ex Farc o el mismo ejercito del Estado burgués, quienes por las disputas de mejores tierras productivas del Colombia, ponen al pueblo en medio de una guerra que no les pertenece y lo obligan a llegar a los cinturones de miseria de la ciudad de Medellín, Antioquia
Tras el desplazamiento fueron recibidos por los mismos despojadores bajo la forma de bandas de criminales, delincuencia común o «los combos» que manejan la producción y distribución de los psicotrópicos en la ciudad en coordinación con el Estado burgués; quienes por su dominio armado territorial para garantizar el tráfico, saben cuáles son las laderas de la ciudad donde se están ubicando a los desplazados, sobre todo porque se apoderan de los lotes y los ofrecen a precios bajos y atractivos o les cobran cuota por dejarlos asentar. Los campesinos pobres que son desplazados se ven obligados a tomar estos lotes y construir su viviendas como invasiones ilegales, así no tengan agua, ni luz, ni alcantarillado como una forma para adaptarse a las condiciones de la ciudad y tener un techo para empezar vivir con sus familias. Así mismo, se vinculan a las fábricas como obreros industriales o trabajadores informales, tales, en labores de reciclaje, ventas ambulantes, proletarios en pequeños talleres o microempresarios en terribles condiciones, pues los salarios no alcanzan para vivir.
Ya una vez asentados, los lotes en el Jardín se hicieron rentables por su ubicación geográfica y su atractivo turístico, razón por la que la alcaldía de Federico Gutiérrez el pasado 8 de septiembre, sin haber cumplido las promesas de atención que hizo a las familias, recurrió a la fuerza policial y militar para arrebatarles sus casas a estas familias y demolerlas con el fin de construir un parque ecológico y turístico sobre sus ruinas.
Ante la amenaza ambiental, la alcaldía encontró una excusa o una oportunidad para obtener un lucrativo negocio adicional ofreciéndole a las familias de un lado, ayudas irrisorias que no alcanzan para pagar un arriendo y de otro, el desalojo policial; por supuesto esto fue rechazado por la comunidad, quien sufrió la violencia e indolencia de una alcaldía caracterizada por atentar contra el pueblo. Y lo más probable es que a futuro cuando esta zona la conviertan en un atractivo turístico más grande, como sucedió con «la Comuna 13» se impongan prácticas avaladas por la misma alcaldía, como el saqueo a través del cobro de vacunas a los trabajadores y pequeños comerciantes.
Lo indignante de la situación es que en medio de esta imposición violenta en donde la policía arremetió, dio un trato denigrante a la población y los cercó impidiendo el acceso a los alimentos, el fantoche alcalde de Medellín Federico Gutiérrez se mostró en los medios de comunicación como protector de la población, cuando en realidad la está usurpando y favoreciendo los negocios comerciales de la mafia uribista. En todo el ciclo de múltiples despojos violentos hay muertos o heridos, que no le importan a los gobernantes, pues su interés es fortalecer el mismo sistema de explotación capitalista mundial que favorece a los imperialistas, los terratenientes y capitalistas locales.
Mira aquí los testimonios desde el barrio el Jaridín: https://www.instagram.com/revolucionobrera_/p/DdSen0hiUj0/
Entonces las víctimas de la ola invernal en lugar de tener soluciones del Estado, al final resultaron despojadas impunemente; pues la burguesía con su degradación rapaz de la naturaleza causa los daños ambientales que se revienten y afectan a la población y luego el mismo Estado burgués las criminaliza.
Sin embargo, en este caso del desalojo en el barrio el Jardín los videos, fotos y testimonios muestran que las masas populares respondieron bien a las amenazas, agresiones e intimidación a través de barricadas e incluso en las condiciones limitadas de recursos, obtuvieron victorias como haber contenido a la policía el primer día y hacerlos retroceder.
Las 89 familias aceptan la salida de las viviendas ante las nuevas condiciones que ofreció la alcaldía de Medellín, que son de 900 mil pesos para pagar arriendo y la continuidad en el mismo proceso mientras se resuelve su nueva reubicación. Lo hacen con la cabeza en alto, pues como proletarios lograron que les permitan tener unas mínimas garantías y proteger a sus hijos; lucharon con valentía y en este proceso tuvieron un papel destacado las mujeres, los negros, los jóvenes y agradecen el apoyo solidario de Cofradía, los estudiantes de la UdeA, los activistas de la comunidad LGBTIQ+ y los distribuidores de Revolución Obrera.
Saludamos la lucha de estas familias, porque es un ejemplo de que con lucha, organización y unidad, se pueden conquistar reivindicaciones inmediatas y llamamos a todo el pueblo colombiano, a considerar seriamente este asunto de la vivienda para el pueblo como parte de las reivindicaciones actuales, pues con el terremoto del 10 de agosto, se empezarán a ver las consecuencias, cuando los voraces constructores y los bancos se den un festín con los dineros de la reconstrucción, mientras el pueblo sigue en la calle o pagando créditos de por vida.
