En el pronunciamiento del Comité Ejecutivo de la Unión Obrera Comunista (mlm) sobre el atentado contra el congresista uribista Miguel Uribe Turbay[1], se decía que detrás de ese suceso se escondía «el cálculo de los politiqueros, incluidos los del Centro Democrático, a quienes el atentado les sirve para hacer politiquería con miras a las elecciones del 2026, generando la opinión de que se necesita nuevamente la “mano firme” del uribismo». En estos días venimos siendo testigos de esa verdad. Ningún político de la oposición reaccionaria ha desaprovechado la ocasión para sacar beneficio de ese atentado, ya sea para atacar con vehemencia al gobierno o para promocionarse con miras a las venideras elecciones. Se han comportado como chulos que se sacian con la carne de un perro muerto.
Los partidos de la oposición reaccionaria relacionan el atentado a Miguel Uribe con las críticas que el gobierno y sus políticos profirieron contra los miembros de esos partidos debido a la negativa de estos hacia las reformas sociales y la consulta popular. Estas críticas vendrían siendo nada menos que «descalificaciones» con un lenguaje «violento y antidemocrático» que termina en «exacerbar la polarización». En otras palabras, culpan al gobierno y sus partidarios de ser responsables indirectos del atentado contra Uribe Turbay, pues el «lenguaje violento» del gobierno derivó en un ataque violento contra un miembro de la oposición. Basándose en esa arbitraria e incorrecta relación, los partidos derechistas construyen su discurso para hacer oposición en este periodo.
Sobre esto debemos decir que: no se puede culpar al gobierno por el atentado contra Miguel Uribe, y mucho menos establecer esa relación causal entre las críticas que el gobierno y sus partidarios (así como por parte de las organizaciones de la izquierda revolucionaria e independiente) han emitido contra los partidos derechistas por su rechazo a cualquier reivindicación a favor del pueblo. Eso que hace la derecha es una jugarreta tramposa para silenciar la crítica política y apaciguar la lucha por las reivindicaciones populares.
También, es una muestra de cinismo e hipocresía que los partidos de derecha acusen a otros partidos de «violentos» cuando históricamente han echado mano de la violencia política para su beneficio, por ejemplo, el paramilitarismo. Incluso ahora que están en la oposición, utilizan un lenguaje «violento» y «descalificador», como cuando acusan al mismo presidente de ser un «dictador», hasta insinuar la necesidad de darle un golpe de Estado. Es más, recientemente en la convención de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), Santiago Botero, uno de los precandidatos de la derecha, negó la existencia de la protesta social y prometió que en su futuro gobierno lo único que tendrían los que protesten sería «balín»[2]. ¿No es eso una manifestación de un discurso político violento?
Respecto al debate sobre la polarización, es importante tener presente que la política se trata de confrontación, de por sí es polarizante, es una lucha entre posturas diferentes sobre diversos temas. Como diría Marx, toda lucha de clases es una lucha política. Los trabajadores no podemos caer en el discurso de la derecha de que hay que eliminar la confrontación de la política, eso sería acabar con la política misma.
Lo que ocurre es que los partidos de la derecha tienen una visión trastornada e incoherente de la política, pues basándose en su incomprensión de esta acusan a sus contradictores de ser «polarizantes», de «no buscar consensos», pero hemos sido testigos que la misma derecha da muestras de ser aquello que critica. Se han opuesto con vehemencia a las tibias reformas sociales del gobierno y a la consulta popular. Como hemos dicho muchas veces en las páginas de Revolución Obrera, no están dispuestas a ceder en nada. Para la derecha es polarizante y antidemocrático la movilización social o la lucha por los derechos de las mayorías, en cambio, sí es democrática y conciliadora la defensa de los intereses de la minoría explotadora.
Por eso es que la táctica de conciliación con estos sectores, la llamada «unidad nacional» que promueve el gobierno es inútil. No se puede conciliar con sectores políticos que no están dispuestos a hacerlo, pues su táctica no es la conciliación, sino la que recomendaba el dirigente conservador neofascista Laureano Gómez en las primeras décadas del pasado siglo: «hacer invivible la República».
La oposición reaccionaria ha cumplido a cabalidad con su táctica, aprovechándose de la táctica conciliatoria del gobierno. Lo primero que hizo la reacción fue atrincherarse en el Congreso de la República, haciendo de esta institución un contrapoder del poder ejecutivo. Desde allí estableció un bloqueo institucional que logró tumbar varias reformas sociales y a su vez pudo manipular a su antojo la reforma pensional que terminó siendo aprobada. Ante ese bloqueo el gobierno, si bien llamó a la lucha en las calles y de manera intermitente, siguió insistiendo en los mecanismos institucionales, en el trapicheo parlamentario y la entrega de cuotas burocráticas esperando lograr la aprobación de sus reformas, pero eso fue inútil, el camino institucional ya había demostrado sus límites.
Entonces, el gobierno tuvo que radicalizar su discurso y convocó al pueblo nuevamente a las calles, a la vez que insistió nuevamente en un mecanismo institucional: la consulta popular. Y esta consulta corrió con la misma suerte que las reformas sociales y terminó siendo hundida; y para quitarle legitimidad en caso de que el gobierno quisiera aprobarla por decreto, la oposición reaccionaria con ayuda de los Verdes (y hasta con congresistas del gobierno mismo que cayeron en la trampa) revivió la reforma laboral, la cual ahora le ha servido a la derecha para convertirla en una contrarreforma anti-obrera y anti-popular.
El gobierno, se radicalizó un poquito más y mediante sus agentes entre el movimiento obrero y popular impulsó un paro nacional y jornadas de movilización, además de afirmar de que iba a aprobar la consulta popular por decreto. Y ahora, con el atentado a Miguel Uribe, la oposición reaccionaria ha obligado al gobierno a «moderar su discurso», a que deje de ser «polarizante», invitándolo a desistir de la consulta popular porque es «autoritaria» y genera «división social» lo que suscita hechos de violencia como el que padeció un congresista opositor.
El gobierno terminó donde empezó, en llamados al diálogo y a la unidad nacional. Recientemente, convocó a los partidos de oposición a participar de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, pero los partidos de la oposición reaccionaria rechazaron la invitación justificándose en que protestan contra un gobierno que no quiere la unidad, ni el diálogo (¿acaso negarse a reunirse con el gobierno como ellos mismos lo hacen no es evidencia de que no quieren diálogo ni unidad?). Y no contentos con eso, estos partidos adoptaron la petición del Centro Democrático para suspender sesiones de las corporaciones públicas por solidaridad con Miguel Uribe Turbay, por consiguiente, el debate sobre la reforma laboral en curso terminó quedando en veremos.
A su vez, manifestaron públicamente que desconocen al presidente de la república y su ministro del interior como garantes del proceso electoral, exigiendo al procurador general Gregorio Eljach, para que convoque una Comisión de Seguimiento Electoral, la cual ya fue conformada este martes 10 de junio.
Son diversos hechos que evidencian una situación de crisis institucional, de crisis política por arriba. Dos poderes enfrentados para imponer su agenda política, y que lejos de apaciguarse se va agudizar cada vez más a medida que se acerquen las elecciones de 2026. Se puede decir que la oposición derechista se encuentra mejor posicionada mientras el gobierno siga insistiendo en conciliar y en el uso de los mecanismos institucionales, pues va seguir cayendo en el juego tramposo que la derecha le obliga a jugar.
Le corresponde al pueblo trabajador romper con esa dinámica. Es momento de abandonar las ilusiones constitucionales. Nuevamente se plantea la cuestión de cuál camino seguir: el camino de la conciliación con nuestros históricos enemigos o el camino de la lucha revolucionaria e independiente. El proletariado revolucionario está por este último, el camino de la lucha independiente del Estado, del gobierno y de los politiqueros, y que actualmente pasa por la conformación de las asambleas populares como expresión del poder popular, un nuevo tercer poder diferente del poder ejecutivo y del poder legislativo hoy enfrentados. De esta manera podremos romper con la resistencia de la oposición derechista enquistada en el Congreso y con la vacilación de la izquierda reformista en el gobierno.
[1] https://revolucionobrera.com/editorial/turbay/
[2] https://elcronista.co/politica/controversia-por-aplausos-a-precandidato-que-prometio-balin-para-encapuchados
