Por: A.O.
El 20 de julio de 2026, en la instalación del Congreso para el período 2026-2030, el Pacto Histórico decidió que su voto para presidir el Senado no iría ni a una abstención de principios ni a un candidato propio. Fue, con nombre y apellido, para Honorio Henríquez, senador del Centro Democrático, el partido fundado y todavía dirigido por Álvaro Uribe Vélez. El resultado, 56 votos contra 45, hundió la candidatura de Alfredo Deluque, del Partido de la U, respaldada públicamente por el propio gobierno entrante de Abelardo de la Espriella. La prensa ya le puso nombre al fenómeno: «petrouribismo».
Lo llamativo no es solo el resultado, sino la puesta en escena. Iván Cepeda, excandidato presidencial del Pacto y hoy senador, se levantó a felicitar personalmente a Henríquez apenas se conoció el resultado, y publicó en su cuenta de X una frase que resume su lectura del episodio: «Primera derrota de De la Espriella». Varios congresistas petristas mostraron con bolígrafo rojo su voto a la bancada uribista, en un gesto casi ceremonial de sintonía. El Pacto, en su explicación oficial, insistió en que seguía estando «en las antípodas del pensamiento» de Uribe y su partido, mientras Carolina Corcho aclaraba, para que nadie confundiera los votos con convicciones, que la votación «no constituye una adhesión» al partido de origen del elegido. A cambio, la colectividad se quedó con la segunda vicepresidencia del Senado, un peldaño por debajo de la que obtuvo el partido MIRA.
Conviene recordar un dato que la euforia «táctica» tiende a borrar y es que el Pacto Histórico llegó a esta legislatura como la bancada más votada y más numerosa del Senado, con 25 curules frente a las 17 del Centro Democrático. No era, entonces, una fuerza marginal obligada a resignarse ante la aritmética ajena. Con esa bancada —la más grande— ni siquiera se intentó disputar en serio la presidencia con un candidato propio o con una coalición amplia construida en torno a uno de los suyos. Se optó, en cambio, por actuar como fuerza bisagra al servicio de la candidatura de otro, y por celebrar esa renuncia como una victoria.
Vale la pena, desde el marxismo-leninismo-maoísmo, desmontar esta operación pieza por pieza.
El regreso del cretinismo parlamentario
Marx y Engels acuñaron la expresión «cretinismo parlamentario» para describir a quienes terminan creyendo que el recinto legislativo es el verdadero campo de batalla de la política, olvidando que la correlación de fuerzas se decide fuera de esas paredes: en la fábrica, en el campo, en la calle, en la organización de quienes producen la riqueza. Bajo esa luz, la disputa por quién preside el Senado —y quién ocupa sus vicepresidencias— es, en el fondo, un reacomodo interno del personal que administra el aparato legislativo del Estado burgués. Presida quien presida, la estructura de la propiedad de la tierra sigue concentrada en pocas manos privadas, el modelo extractivo-exportador sigue intacto, la subordinación al capital y a los organismos financieros internacionales sigue vigente, y el aparato represivo sigue disponible para contener la protesta del pueblo trabajador.
Que la dirección del Pacto Histórico haya invertido su capital político y su credibilidad pública en esta disputa —y que la haya presentado como un triunfo— no es un detalle menor. Refuerza, en su propia base social, la ilusión de que estas escaramuzas institucionales son lo que realmente importa, y desvía energía y atención de lo único que en verdad produciría cambios duraderos: la organización independiente, la movilización y la construcción de poder popular por fuera del aparato estatal.
A quién se le hizo el favor: el prontuario del uribismo
El Centro Democrático no es «un partido más». Es el vehículo político directo de la doctrina de «Seguridad Democrática» que Uribe construyó como gobernador de Antioquia y luego como presidente entre 2002 y 2010. De ese período datan, entre otros episodios la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia bajo la ley de Justicia y Paz, señalada por organizaciones de derechos humanos como un proceso que permitió a las estructuras paramilitares conservar el control territorial, económico y político mientras se reconvertían en las llamadas «bandas criminales»; el escándalo de la «parapolítica», en el que decenas de congresistas afines al uribismo fueron condenados judicialmente por vínculos con estructuras paramilitares; y los «falsos positivos», la ejecución extrajudicial de miles de civiles presentados como bajas en combate para inflar resultados operacionales durante los años de la Seguridad Democrática, un horror que la Jurisdicción Especial para la Paz ha tenido que documentar minuciosamente años después de ocurrido.
La historia reciente no rompe con ese patrón. El propio Uribe fue declarado culpable en primera instancia, en 2025, por soborno a testigos y fraude procesal, en un proceso que se originó en 2012 cuando demandó a Iván Cepeda —el mismo Cepeda que ayer caminó hasta Henríquez para felicitarlo— por supuestamente manipular testigos mientras este investigaba los presuntos nexos paramilitares del entonces senador. Meses más tarde, un tribunal de segunda instancia revocó esa condena. Pero, más allá del desenlace judicial individual de Uribe, la tradición política y familiar que encarna el Centro Democrático sigue produciendo condenas. Apenas en junio de 2026 la Corte Suprema de Justicia confirmó una condena de 28 años contra Santiago Uribe, hermano del expresidente, por organizar «Los Doce Apóstoles», un grupo armado que operó en coordinación con agentes del Estado.
Ese es el bloque histórico al que el Pacto Histórico decidió entregarle la presidencia del Senado, precisamente la fracción de la burguesía que, meses atrás, vio cómo Abelardo de la Espriella le arrebataba el liderazgo de la derecha colombiana, dejando en el camino a la candidata presidencial del propio Centro Democrático, Paloma Valencia.
Las excusas, una por una
«No constituye una adhesión»
La frase de Corcho merece leerse literalmente. Un voto no es un deseo ni una intención, es un acto material con consecuencias materiales. No se le entrega la presidencia del Senado al adversario histórico «por accidente» para después lavarse las manos aclarando que eso «no constituye una adhesión». Tomada en serio, esa fórmula justificaría cualquier cosa: puedo votar por el candidato de la reacción, pero eso «no significa» que me identifique con la reacción. Es el truco más viejo del oportunismo, separar el principio declarado de la práctica concreta, conservar el discurso «de izquierda» mientras la práctica sirve a otros intereses.
«Seguimos en las antípodas» o «Nuestro voto fue contra Abelardo»
Enmarcar el voto como algo puramente negativo —un voto «contra» alguien— oculta que ese voto lo que hizo fue instalar al uribismo al frente del Senado durante el primer año legislativo, con capacidad de fijar la agenda y presidir las sesiones conjuntas. Decir que se está «en las antípodas del pensamiento» de alguien mientras se le entrega, con felicitación personal incluida, la segunda dignidad más importante del país, no es una contradicción menor, ¡es la prueba de que, en la práctica, la distancia declarada no pesó nada frente al cálculo del momento! Estar «contra» X no borra aquello para lo que efectivamente se estuvo «a favor». Y ese «a favor», en este caso, no es un mal menor abstracto ¡es el partido de un expresidente que sometió al pueblo, desmejoró las condiciones de los trabajadores, asesinó extrajudicialmente a miles de jóvenes, observó masacres desde su helicóptero… un personaje juzgado por soborno y hermano de un condenado por organizar un grupo de exterminio!
«Primera derrota de De la Espriella»
Reducir el episodio a una derrota personal infligida a un solo hombre revela el carácter profundamente personalista y equivocado de lo que se celebra como «victoria». Nada cambia para un trabajador petrolero despedido, un líder social amenazado o una campesina desplazada por un proyecto extractivo porque un senador uribista de línea dura ocupe la presidencia del Senado en lugar de un senador de La U. Ambos son, en último término, representantes del mismo orden de propiedad y del mismo aparato represivo. Vender esa sustitución como un triunfo es precisamente lo que mantiene a las masas atadas al horizonte electoral y a las personalidades, en lugar de empujarlas a construir su propia organización independiente.
¿Y Lenin no dijo que había que explotar las grietas del enemigo?
Un defensor sofisticado de la maniobra —sobre todo los mamertos del PCC— podría invocar a Lenin —concretamente, El izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo—, donde insiste en que los revolucionarios deben saber transar, maniobrar, retroceder e incluso aliarse momentáneamente con sectores del campo enemigo para avanzar hacia objetivos estratégicos, y donde ridiculiza sin piedad a quienes rechazan toda flexibilidad táctica por «purismo infantil».
La objeción merece tomarse en serio, y precisamente por eso no resiste el examen. Lenin autoriza los acuerdos tácticos con fracciones del enemigo bajo condiciones estrictas: que el partido conserve plena independencia político-ideológica y explique con claridad a las masas el carácter temporal y puramente instrumental de la maniobra; que la alianza esté orientada a fortalecer la posición de las clases explotadas de cara a los combates por venir, y no a la supervivencia institucional de una dirigencia parlamentaria; y que no se siembren ilusiones sobre la naturaleza de clase del aliado circunstancial.
Ninguna de esas tres condiciones se cumplió. No hubo un esfuerzo político serio por explicarle a la propia base del Pacto por qué una alianza con el partido del paramilitarismo colombiano sirve a alguna estrategia de las clases populares; al contrario, el tono fue celebratorio y personalista: felicitación de mano propia, bolígrafos rojos en alto para las cámaras, mensajes de «victoria» en redes sociales. Y el objetivo declarado, en boca de sus propios protagonistas, fue puramente institucional y personal —quitarle una silla a un rival—, no una conquista programática, no se le arrancó al Centro Democrático ningún compromiso legislativo ni ninguna garantía para el movimiento popular; solo, según múltiples reportes, una vicepresidencia para el propio aparato del Pacto. La doctrina leninista presupone un partido independiente que usa el parlamento como tribuna de la lucha de clases; el Pacto Histórico, en este episodio, funcionó exactamente como lo que es, un partido reformista, que ese mismo folleto de Lenin se dedica a demoler: los que confunden una silla en la mesa directiva con una victoria política.
Dos fracciones de la misma clase
El abelardismo y el uribismo no son, desde un análisis de clase, polos opuestos, son dos fracciones del mismo bloque, distintas en estilo, generación y padrinazgo internacional. De la Espriella, el abogado «outsider» que representó a clientes como Alex Saab, cultiva la derecha libertaria y populista de Trump y Milei con un comportamiento neofascista que promete megacárceles al estilo Bukele. El uribismo representa a la clase política más «tradicional», ligada históricamente —a través del narcotráfico, la parapolítica y la reconversión paramilitar— al control armado del territorio rural. Pero ambos defienden el mismo orden esencial de propiedad de la tierra concentrada, modelo extractivo, subordinación al capital estadounidense y represión y mano dura contra la protesta popular. Desde el punto de vista de las clases explotadas, elegir entre ellos —o ayudar a que uno derrote al otro— no es una cuestión de clase. Es una disputa al interior de su clase sobre quién administra el mismo orden de fondo, disfrazada esta semana de «victoria de la oposición».
Lo que esto confirma
Este episodio no es un accidente aislado, confirma en miniatura, lo que el análisis marxista-leninista-maoísta y los comunistas venimos señalando sobre el petrismo desde 2022: un proyecto reformista, «progresista», de conciliación de clases, que administra y apacigua las contradicciones del capitalismo colombiano en lugar de enfrentarlas. El gobierno de Petro negoció sus reformas principales con los partidos tradicionales, no tocó de manera estructural la concentración de la tierra ni la dependencia extractivo-exportadora, y mantuvo la continuidad macroeconómica esencial. Resulta entonces coherente que su capítulo final en el Congreso —a escasas semanas de entregar el poder— no sea una movilización del movimiento popular que dice representar, sino una componenda de salón con el mismo uribismo que «combatió» electoralmente durante cuatro años. Un proyecto reformista termina, en su capítulo parlamentario, tal como gobernó: negociando con la burguesía en vez de enfrentarla.
La tarea que sigue pendiente
Nada de lo anterior implica indiferencia frente a qué fracción de la burguesía ocupa, en un momento dado, el poder institucional: el análisis concreto de la situación concreta importa. Lo que sí implica es que ninguna fracción de esa clase, ni ninguna combinación entre sus fracciones, puede presentársele a los trabajadores, campesinos y sectores populares de Colombia como una victoria «propia». La tarea pendiente —la que este episodio vuelve a aplazar— es la construcción de organización independiente de las clases explotadas, de sindicatos con capacidad real de lucha, de organizaciones campesinas e indígenas, de asambleas populares, de un instrumento político de vanguardia —el Partido Comunista Revolucionario— enraizado en las masas y capaz de pelear por su propio programa, sin importar qué fracción burguesa ocupe, este año, la silla principal del Senado, la Cámara o la Presidencia de la República.
