Para los de a pie, es claro que la falta de medicamentos, y más si son de alto costo, es un viejo problema. En muchos casos toca recurrir a la tutela como mecanismo para obligar a las EPS a autorizar un tratamiento y un medicamento. Las filas para reclamar medicina son largas e interminables, frecuentemente cambian el punto de acopio y no entregan todas las fórmulas. Este ha sido el pan de cada día por más de 10 años para el pueblo, y por lo que desde hace ya algunos años se ha exigido la derogación de la ley 100 y agitado en las calles ¡La salud no es un negocio, es un derecho!
Dicha exigencia, junto a otras que fueron planteadas en los paros del 2019 y 2021, fueron recogidas por Gustavo Petro en campaña, prometiendo que por fin se acabaría con la privatización de la salud y se garantizaría acceso a una salud digna.
Tres años después, queda claro de lo que son capaces los mercaderes de la muerte; ya lo decíamos en enero de este año, que las EPS amenazaban con que se verían afectados los servicios esenciales para los pacientes, pues no estuvieron de acuerdo con el aumento del 5,36% que el gobierno decretó para la UPC (Unidad de Pago por Capitación). Y una de esas afectaciones, es un mayor desabastecimiento de medicamentos, más del que nos tienen acostumbrados, haciendo que la paciencia de la gente se agotara y explotara como sucedió en Cali y Manizales en estos días.
Es evidente el chantaje, ni las EPS, ni la prensa burguesa y los gremios, ocultan que el problema de desabastecimiento de medicamentos es por falta de financiación de parte del gobierno, dejando claro, que como lo dijeron en enero, quieren más dinero. Se atreven a culpar al gobierno de ser el responsable de la vida de los pacientes, pero como lo dijo el mismo Gustavo Petro en el consejo de ministros del 25 de marzo «son asesinos… cuando usted quita y guarda el medicamento, la insulina, que a diario tiene que suministrarle a un diabético, lo está matando… y el que hace eso premeditadamente ¡es un asesino!»
En ese consejo de ministros, Petro, el ministro de Salud y el superintendente mostraron como este gobierno ha aumentado el presupuesto en salud y el valor del UPC más que otros gobiernos. Se habla de un aumento de 38 billones, pasando de 62 billones a 100 billones la entrega de dineros públicos a las EPS. Hubo un crecimiento del 27,5% en el primer año de gobierno, un 14,4% en el segundo año y un 9,2% en lo corrido de 2025. En el consejo de ministros también se mostraron las cifras de endeudamiento que las EPS tienen con los prestadores de servicios, que ascienden a alrededor de $ 15.194.319 billones y una deuda por medicamentos de $907.853 millones. Quedó claro además, la intermediación innecesaria de los operadores logísticos que captan un capital por solo gestionar la compra de los medicamentos a los laboratorios farmacéuticos y distribuirlo a las EPS, IPS y finalmente a los pacientes, caso de Audifarma, Cruz Verde, Éticos Serrano, Colsubsidio y Cafam que concentran el 80% del abastecimiento de medicamentos.
Tanto estas cifras, como la demostración de que el modelo de salud implementado con la ley 100 está hecho para que los privados obtengan mayores ganancias a costa de la enfermedad y muerte del pueblo, confirman que no es responsabilidad el gobierno. Pero el hecho es que ante la misma denuncia que hace Gustavo Petro de que «desde hace 10 años han muerto 300 mil personas que la ciencia en su estado actual hubiese podido salvar, pero que murieron simplemente porque las EPS no le prestaron el servicio», la respuesta del gobierno es, (como ellos mismos lo dicen con algo de orgullo) brindar mayores beneficios a estos capitalistas de la salud.
Incluso, a pesar de que en la Reforma a la Salud se le restringe a las EPS su papel como aseguradoras financieras, se conservan bajo la figura de gestoras de salud y vida, a las que se les seguirá pagando un rublo por gestionar con quienes son los que realmente prestan el servicio de salud, los médicos y enfermeras de los hospitales. El ministro de Salud dijo en el consejo de ministros que además se les dará incentivos por brindar un buen servicio. Es cierto que se les reducen ingresos, pues la ADRES entregaría un porcentaje del rublo directamente a las IPS, pero se sigue sosteniendo la intermediación que continúa en manos privadas, por lo que persistirá la privatización de la salud, por tanto el negocio y su consecuencia inmediata: el detrimento de la salud para la población.
Le cabe al gobierno de Gustavo Petro la responsabilidad de conciliar con los capitalistas, apelando a la buena voluntad de quienes no tienen ningún interés por la vida de las personas, solo les interesa la ganancia, conciliación que, en el caso de la salud, cuesta vidas. Petro en su alocución del 25 de marzo advierte que, de no ser aprobada la Reforma a la Salud, actuará. Confiesa que él puede por decreto establecer medidas concretas para garantizar el acceso a salud, pero el hecho es que han pasado tres años de su gobierno y no lo ha hecho, esperando a que por medio del Acuerdo Nacional ceda el Congreso de los ricos y apruebe las recortadas reformas sociales, lo cual hasta el momento no ha sucedido.
Al problema de salud de los colombianos no se responde con conciliación, es hora de luchar en las calles con el paro, la huelga… que obligue a las EPS a entregar los medicamentos ¡ya!, a que se agenden las citas con especialistas ¡de inmediato!, a que se programen los exámenes y cirugías requeridas ¡sin excusa!, y todo esto sin ningún chantaje. Igualmente, se hace necesario retomar las Asambleas Populares, que preparen la lucha para garantizar la vieja reivindicación de oponerse a la privatización de la salud garantizando para todo el pueblo salud gratuita y de calidad.
Por salud para el pueblo… ¡abolir la Ley 100!
