Por A.O
El Movimiento Libres, representando al Consejo Comunitario El Naranjo dentro de la Circunscripción Especial Afro, obtuvo más de 159.000 votos en las elecciones legislativas del 8 de marzo, una cifra que sus dirigentes calificaron como «un hecho histórico, nunca en Colombia había sucedido eso con nuestra comunidad». Frente a esto, Winsner Sandoval Ibáñez, del Partido Demócrata Colombiano, obtuvo 72.000 votos, apenas menos de la mitad. Y, sin embargo, fue Sandoval quien recibió la credencial de la segunda curul afro, mientras que la congresista electa Anyela Viviana Guanga, del Movimiento Libres, quedó excluida. El representante electo Óscar Benavides no dudó en calificar el hecho con la palabra que corresponde: «Le robaron la representación que Libres se ganó de manera legítima y detrás están sus verdugos».
Para el marxismo revolucionario, este episodio no es una anomalía del sistema, pues es su funcionamiento normal, momentáneamente visible. La democracia liberal burguesa —que tiene múltiples formas— se presenta ante las masas como el reino de la voluntad popular expresada en las urnas. Pero cuando esa voluntad popular —aquí, más de 159 000 votos de comunidades afrodescendientes históricamente marginadas— entra en conflicto con los intereses de las redes de poder instaladas en las instituciones del Estado, el aparato jurídico-electoral revela su verdadera función de clase: no traducir la voluntad de las mayorías, sino administrar y contener esa voluntad dentro de los márgenes que el bloque dominante puede tolerar.
Lo revelador no es solo el resultado, sino el mecanismo. No hubo un fraude burdo en las urnas, hubo una interpretación jurídica, emitida por cinco magistrados togados, que produjo el mismo efecto que el fraude, anular el voto popular mediante procedimiento. Según reportes, ante el CNE fueron radicadas solicitudes de revocatoria de la inscripción de los candidatos de Libres por una presunta inhabilidad constitucional, un tecnicismo que apareció convenientemente en el momento decisivo. Benavides mismo señaló presuntos vínculos entre Sandoval y el exsenador Eduardo Pulgar, condenado en 2021 por intentar sobornar a un juez, y apuntó directamente contra Álvaro Hernán Prada, quien en su momento ejerció como presidente de la corporación electoral. Esto es el Estado burgués en su forma más pura, no un árbitro neutral por encima de las clases, sino un comité que administra los asuntos de las fracciones dominantes, incluso cuando eso significa torcer el resultado electoral que la propia legalidad burguesa proclama como sagrado.
Aquí conviene recordar la crítica clásica: para el marxismo, el sufragio universal bajo el capitalismo no abole la dominación de clase, la disfraza. No se trata de una democracia verdadera, sino de una dictadura de la burguesía que en ocasiones realiza concesiones para ganar legitimidad artificial. El parlamento burgués permite, e incluso celebra, que sectores populares —en este caso, comunidades negras que llevan siglos excluidas de la representación política— voten y hasta ganen. Pero el momento en que esa victoria amenaza con traducirse en poder institucional real, los mecanismos de contención como la revocatoria administrativa, la interpretación jurídica selectiva, el reparto entre magistrados con vínculos políticos previos, se activan. La «circunscripción especial afro» fue creada, en teoría, para garantizar la representación política de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras tras siglos de exclusión. Pero una curul «especial» que puede ser reasignada por decreto judicial en contra del voto mayoritario no es representación, es concesión revocable, tolerada mientras no incomode a nadie con poder real.
Esto no significa que los comunistas debamos desentendernos de la indignación popular que ha estallado tras la decisión, sino que debe canalizarse hacia formas de lucha más elevadas. La reacción de figuras como el propio presidente Gustavo Petro, quien según reportes «estalló» contra la decisión del CNE calificándola de «aberración», confirma que el conflicto ha trascendido lo jurídico para convertirse en un problema político de legitimidad. Pero el movimiento obrero y popular no puede quedarse en la denuncia moral del «mal funcionario» o del «magistrado corrupto». El problema no es que cinco individuos hayan actuado con parcialidad, el problema es que el diseño mismo de la democracia burguesa, —con su separación entre «lo político» formal y «lo económico» real, entre el ciudadano que vota y las estructuras de poder que administran su voto— hace estructuralmente posible, y hasta previsible, que esto ocurra. Cambiar y denunciar magistrados no cambia el sistema; en el mejor de los casos, cambia quién administra la próxima contención.
La lección para las comunidades afrodescendientes y para la clase obrera colombiana y de todo el mundo es ver y luchar más allá de los estrechos comicios electorales. El voto es un terreno de disputa, pero nunca el terreno decisivo mientras el Estado siga siendo, en última instancia, el comité ejecutivo de los intereses de las clases dominantes. La curul robada a Libres no es un accidente que corregir con más «transparencia institucional» es el síntoma de que ninguna reforma jurídica, por bienintencionada que sea, puede sustituir la organización revolucionaria y el poder popular construido fuera —y contra— las instituciones que hoy administran, y cuando conviene, anulan, la voluntad de las mayorías.
Solo con la lucha directa y revolucionaria de las masas podremos superar estos embates de la burguesía y los terratenientes que nos golpean a través del Estado que les sirve de forma efectiva solo a ellos. Nosotros, la inmensa mayoría de la población, con la huelga política como arma que nos abra campo para la violencia revolucionaria contra aquellos que solo nos dan migajas, podemos y debemos tomar el poder político hacia la revolución socialista que nos allane el camino a la verdadera democracia obrera, la dictadura del proletariado contra los ricos explotadores, dirigida por su Estado Mayor, el Partido Comunista Revolucionario.
