«En los períodos tempestuosos de la historia, ningún espíritu sensible puede colocarse al margen de la política. La política en esos períodos no es una menuda actividad burocrática, sino la gestión y el parto del nuevo orden social. La inteligencia y el sentimiento no pueden ser apolíticos. No pueden serlo sobre todo en una época principalmente política. La gran emoción contemporánea es la emoción revolucionaria. ¿Cómo puede, entonces, un artista, un pensador, ser insensible a ella?
José Carlos Mariátegui
Entre Dios, el mercado y la escuela pública
La designación de Viviane Morales como ministra de Educación del gobierno de Abelardo de la Espriella confirma que la política educativa será uno de los principales escenarios de confrontación ideológica durante el próximo cuatrienio. Su nombramiento no solo representa el regreso de una figura con una amplia trayectoria política y una reconocida identidad cristiana conservadora, sino también el anuncio de un viraje frente al modelo educativo impulsado por el gobierno saliente.
Desde la campaña presidencial, De la Espriella insistió en que era necesario recuperar «los valores tradicionales» en las aulas y combatir lo que calificó como «adoctrinamiento». En ese contexto, una de las expresiones que más controversia genera es la consigna expresada por la nueva ministra según la cual «hay que sacar a Marx de las escuelas y volver a meter a Dios», afirmación que da cuenta de las pretensiones ideológicas y culturales del nuevo gobierno, que en nombre de no «adoctrinar» impondrán.
La Constitución Política de 1991, que las clases dominantes acomodan a su antojo, estableció que Colombia es un Estado laico, garantizando la libertad religiosa y prohibiendo que una confesión particular oriente las políticas públicas. Por ello, diversos constitucionalistas, sectores académicos, docentes y estudiantes advierten que convertir principios religiosos en eje rector de la educación pública va en contra de la misma Constitución que tanto defienden los demócratas burgueses. La discusión no gira sobre la libertad de creer o no creer, sino sobre los límites entre las convicciones personales de un gobierno y el carácter laico que debe conservar la educación oficial.
Ahora bien, más allá del debate ideológico, las primeras señales económicas del nuevo gobierno apuntan también hacia un vuelco del financiamiento educativo. Durante la campaña presidencial de Abelardo y la misma Morales anunció que «el Ejecutivo estudiará nuevas formas de financiar la educación superior y fortalecer mecanismos de apoyo para que estudiantes puedan acceder a instituciones privadas mediante subsidios o auxilios».
Esta propuesta recuerda el modelo conocido internacionalmente como bonos escolares o school vouchers, mediante el cual los recursos públicos dejan de financiar prioritariamente la oferta estatal y pasan al estudiante, quien puede utilizarlos en establecimientos privados, bajo el argumento de que este mecanismo amplía la libertad de elección de las familias y fomenta la competencia entre instituciones educativas, soslayando que lo que realmente sucede es que se termina fragmentando el sistema educativo, se favorece la privatización gradual y se debilita financieramente la educación pública al desviar parte del presupuesto hacia instituciones privadas.
Precisamente la experiencia internacional muestra resultados nefastos tras la implementación de esta política. Países como Chile implementaron durante décadas modelos similares, cuya eficacia continúa siendo criticada y rechazada por los estudiantes y docentes pues solo busca la privatización de la educación; ya en Revolución Obrera se realizó, en tres entregas, un profundo análisis sobre la implicación de la política de bonos escolares o modelo de concesión.
Y es que la preocupación también alcanza a la educación superior, aunque desde este portal tenemos muchas críticas al gobierno de Petro, es cierto que en estos cuatro años aumentó significativamente la inversión destinada a universidades públicas y a la ampliación de cobertura, aunque varias metas de infraestructura quedaron inconclusas. De todos modos si el nuevo gobierno comienza a canalizar el presupuesto hacia subsidios a universidades privadas, innegablemente se apunta a un menor crecimiento presupuestal para universidades estatales; mayores dificultades para financiar investigación; presión sobre infraestructura y bienestar universitario; incremento de la participación privada en la prestación del servicio educativo, endeudamiento con el agiotista Icetex y, aunque aún no se conoce una reforma concreta, el anuncio de revisar el modelo de financiación ya vislumbra las pretensiones privatizadoras.
La otra gran tensión es la relación con la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), pues durante la campaña presidencial, Abelardo de la Espriella anunció que retiraría a Fecode de la influencia que, según él, ejerce sobre el sistema educativo. A su vez, desde el sindicato consideran que las propuestas sobre bonos escolares y subsidios a la educación privada representan un riesgo para el carácter público del sistema educativo, lo que debe llamar a la lucha en defensa del financiamiento estatal, pero además, es evidente la persecución que se ejercerá al magisterio colombiano y su organización, que es por cierto la más numerosa en el país, empezando por sus discursos contra la libertad y autonomía de cátedra y la criminalización del derecho a la protesta ejercido por los docentes
La llegada de Viviane Morales al Ministerio de Educación anticipa una reforma que no se limitará a currículos o cobertura, sino a ¿qué valores debe transmitir la escuela? ¿Cuál debe ser el papel de la religión en un Estado constitucionalmente laico? ¿Debe el Estado financiar principalmente instituciones públicas o entregar recursos directamente a las familias para que elijan establecimientos privados?, y ¿qué lugar ocuparán los sindicatos docentes en la definición de la política educativa? En definitiva, la educación pone sobre la mesa la lucha entre Dios, el mercado y la escuela pública.
El nuevo gobierno impone un discurso de reconstrucción moral y libertad de elección, pero lo que hay detrás es el riesgo de un debilitamiento progresivo de la educación pública y de una mayor confrontación con el magisterio colombiano. En cualquier caso, el Ministerio de Educación se perfila como uno de los principales escenarios a enfrentar por parte del magisterio y su organización sindical, por parte de los estudiantes y padres de familia, y como bandera de lucha del pueblo colombiano que debe levantar en las asambleas populares, impidiendo la privatización de la educación pública y exigiendo calidad, investigación científica y educación al servicio del pueblo y no de los intereses de los millonarios.
