Tomado de Maoist Road, 13 de octubre 2026
COMUNICADO DE PRENSA
Fecha: 13 de octubre de 2026
La CASR condena enérgicamente el arresto de cuatro activistas bajo la Ley APUAPA de 2014; expresa su solidaridad con el pueblo de Arunachal Pradesh que se resiste a la propuesta megarepresa de Siang.
Nueva Delhi: La Campaña contra la Represión Estatal (CASR) condena enérgicamente la detención de cuatro activistas en virtud de la Ley de Prevención de Actividades Ilegales de Arunachal Pradesh (APUAPA) de 2014, por oponerse a los estudios del informe de prefactibilidad (PFR) del proyecto multipropósito Siang Upper (SUMP). La CASR se solidariza con el pueblo de Arunachal Pradesh que se opone a la megarepresa propuesta y exige la liberación inmediata de los activistas detenidos, la retirada de las fuerzas de seguridad de las zonas afectadas y la cancelación del proyecto.
Los cuatro residentes de Geku, en el distrito de Upper Siang —Adum Tayom, Omak Paron, Okut Paloh y Oson Paron— fueron detenidos tras protestar contra el proyecto propuesto. Su detención suscita seria preocupación por el uso de leyes represivas para sofocar la disidencia democrática y criminalizar a las comunidades que defienden sus tierras ancestrales, sus medios de subsistencia y su medio ambiente.
La lucha en Arunachal Pradesh debe entenderse en el contexto más amplio de la creciente criminalización de los movimientos contra el desplazamiento y la persecución sistemática de las comunidades Adivasi, indígenas y otras comunidades marginadas que se resisten a la apropiación de sus tierras y recursos naturales para grandes proyectos de infraestructura y corporativos.
De Kaziranga al valle de Siang: Criminalizando la resistencia al desplazamiento
Hace apenas unos meses, Assam fue testigo de un enfrentamiento similar entre comunidades que defendían sus tierras y un gobierno estatal decidido a llevar a cabo un proyecto de desarrollo corporativo. En Kaziranga, las comunidades indígenas y adivasi, incluidos los trabajadores del té y sus familias, protestaron contra el proyecto de hotel de lujo propuesto cerca del Parque Nacional de Kaziranga, expresando su preocupación por los derechos sobre la tierra, el desplazamiento y la destrucción del medio ambiente.
El movimiento liderado por el activista contra el desplazamiento Pranab Doley impugnó la propuesta de transferencia de terrenos para un proyecto de complejo turístico de lujo asociado con Hyatt en Inglay Pathar, cerca de Kaziranga. En lugar de atender las quejas de las comunidades afectadas, la policía de Assam arrestó a Doley y a otros activistas en relación con las protestas. Posteriormente, Doley fue detenido en virtud de la Ley de Seguridad Nacional (NSA) tras obtener la libertad bajo fianza en el caso penal, lo que provocó una condena generalizada por parte de organizaciones de derechos civiles y movimientos democráticos.
Los sucesos en Kaziranga y el valle de Siang revelan un patrón preocupante: cuando las comunidades cuestionan proyectos que amenazan sus tierras, sus medios de subsistencia y su medio ambiente, sus preocupaciones se tratan cada vez más como problemas de seguridad en lugar de como legítimas reivindicaciones democráticas. Los activistas que apoyan a estas comunidades se enfrentan a arrestos, procesos penales y detenciones prolongadas.
Tanto Assam como Arunachal Pradesh están gobernados por el Partido Bharatiya Janata (BJP). Los acontecimientos en estos estados plantean serias dudas sobre la postura de los gobiernos liderados por el BJP respecto a los derechos indígenas, la protección del medio ambiente y la disidencia democrática. En lugar de garantizar que las comunidades afectadas tengan una participación significativa en las decisiones que conciernen a su futuro, las autoridades han recurrido a medidas coercitivas contra quienes se oponen a proyectos controvertidos.
Un patrón más amplio de represión en las regiones adivasi
La represión en Arunachal Pradesh y Assam no es un fenómeno aislado. En las regiones adivasi ricas en minerales del centro y este de la India, las comunidades que se resisten a la minería, los proyectos industriales, las represas y otros desarrollos de infraestructura a gran escala se enfrentan a la represión policial, procesos penales y el arresto de líderes de movimientos y defensores de los derechos humanos.
En Odisha, las comunidades Adivasi y Dalit que se resisten a la minería de bauxita en zonas como Sijimali han sufrido intimidación, violencia policial, arrestos y procesos penales. Informes procedentes de la región han documentado el creciente uso del poder estatal contra quienes defienden sus tierras, bosques, fuentes de agua y medios de subsistencia tradicionales.
En estas regiones, los activistas contra el desplazamiento forzoso y los defensores de los derechos humanos son cada vez más señalados como amenazas al orden público y la seguridad nacional. Se ha recurrido a organismos centrales, como la Agencia Nacional de Investigación (NIA), y a las fuerzas policiales estatales en casos que involucran a activistas y movimientos que cuestionan las políticas estatales y los proyectos de desarrollo. El uso de leyes estrictas, como la Ley de Prevención de Actividades Ilegales (UAPA), las disposiciones sobre detención preventiva y la legislación de seguridad específica de cada Estado, suscita gran preocupación por la erosión de las libertades civiles y el derecho a la disidencia.
Las consecuencias son particularmente graves para las comunidades Adivasi, cuya relación con la tierra, los bosques, los ríos y los recursos naturales es fundamental para su existencia social, cultural y económica. Cuando estas comunidades se resisten al desplazamiento y a la transferencia de recursos naturales a poderosos intereses corporativos, sus luchas suelen ser reprimidas con vigilancia, intimidación, arrestos y prolongados procesos judiciales.
La criminalización de la resistencia permite que las preocupaciones de las comunidades afectadas queden relegadas a un segundo plano mientras los proyectos avanzan en medio del miedo y la inseguridad. Además, crea un clima en el que los aldeanos pueden tener miedo de participar en reuniones públicas, oponerse a la expropiación de tierras o hablar abiertamente sobre las consecuencias de los proyectos de desarrollo propuestos.
El desarrollo no puede imponerse mediante la represión.
El proyecto multipropósito de la cuenca alta del río Siang, con una capacidad prevista de aproximadamente 11 000 MW, amenaza con transformar la vida de las comunidades ribereñas. Los residentes han expresado su profunda preocupación por el desplazamiento, el daño ecológico, la destrucción de sus medios de subsistencia y la posible pérdida de tierras ancestrales y patrimonio cultural.
Para las comunidades indígenas, el río Siang no es simplemente una fuente de electricidad ni un recurso que se explota con fines comerciales. Está profundamente ligado a su historia, cultura, identidad y forma de vida. Quienes sufrirán las consecuencias del proyecto deben tener derecho a cuestionarlo y a participar activamente en las decisiones que afectan su futuro.
El despliegue de fuerzas de seguridad y la detención de manifestantes no pueden sustituir la consulta democrática ni el consentimiento público. Tampoco el uso de leyes represivas puede resolver las cuestiones fundamentales que plantean las comunidades sobre la tierra, el desplazamiento, la destrucción del medio ambiente y su derecho a determinar su futuro.
La CASR considera que el desarrollo no debe ir en detrimento de los derechos fundamentales de las comunidades indígenas y adivasi. La protección de los intereses corporativos y estatales no puede prevalecer sobre los derechos democráticos de las personas, su relación con la tierra ni su derecho a vivir sin temor al desplazamiento forzado.
Las luchas en Kaziranga, el valle de Siang y las regiones Adivasi de Odisha y el centro de la India están conectadas por una preocupación común: el derecho de las personas a defender sus tierras, sus medios de subsistencia y su medio ambiente sin ser criminalizadas por hacerlo.
La CASR hace un llamamiento a las organizaciones democráticas, los grupos de defensa de las libertades civiles, los sindicatos, las organizaciones estudiantiles, los movimientos ecologistas y los ciudadanos preocupados de todo el país para que se solidaricen con el pueblo de Arunachal Pradesh y todas las comunidades que resisten el desplazamiento y la destrucción de su entorno natural.
DEMANDAS DE LA CASR
1. La liberación inmediata e incondicional de los cuatro activistas detenidos —Adum Tayom, Omak Paron, Okut Paloh y Oson Paron— y el fin de la criminalización de las personas que protestan contra el proyecto multipropósito de Siang Upper.
2. Retirada inmediata de las fuerzas de seguridad de las aldeas afectadas y cese de la intimidación, la vigilancia y el acoso a los manifestantes y miembros de la comunidad.
3. La cancelación del proyecto multipropósito propuesto para la cuenca alta del río Siang y la paralización inmediata de las actividades relacionadas con el proyecto que amenacen la tierra, los medios de subsistencia, la cultura y el medio ambiente de las comunidades afectadas.
4. Retirada de las denuncias contra activistas y miembros de la comunidad que luchan contra el desplazamiento forzoso y que han sido objeto de represalias por participar en protestas pacíficas y defender sus derechos.
5. Poner fin al uso indebido de leyes represivas, incluidas la APUAPA, la UAPA y la NSA, para silenciar la disidencia democrática y perseguir a los defensores de los derechos indígenas, los activistas ambientales y los trabajadores de derechos humanos.
CAMPAÑA CONTRA LA REPRESIÓN ESTATAL
Equipo organizador:
(AIRSO, APCR, ASA, BASF, BSM, Bhim Army, bsCEM, CEM, COLLECTIVE, CRPP, CSM, CTF, DISSC, DSU, DTF, Foro Contra la Represión Telangana, Movimiento de Fraternidad, IAPL, Innocence Network, Karnataka Janashakti, LAA, Mazdoor Adhikar Sangathan, Mazdoor Patrika, NAPM, Revista Nazariya, Nishant Natya Manch, Nowruz, NTUI, People’s Watch, Rihai Manch, Samajwadi Janparishad, Samajwadi Lok Manch, Bahujan Samajwadi Manch, United Peace Alliance, WSS, Y4S)
#noreste #arunchalpradesh #siangdam #itanagararunachalpradesh #libertad #LosDerechosImportan #LibertadDeExpresión #protesta #desplazamiento
