Por: A.O
En el corregimiento Aguas Blancas de Valledupar, Cesar, decenas de familias campesinas ocuparon, en los últimos meses, predios que durante años estuvieron bajo el control de estructuras paramilitares y capitales de origen ilícito, y en posesión de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Lo que el lenguaje institucional denomina y muestra como «recuperación de tierras» —y que la prensa burguesa registra como un trámite administrativo de la Agencia Nacional de Tierras— es en realidad una acción política de las masas organizadas, y una expresión concreta de la contradicción principal que atraviesa el campo colombiano: la contradicción entre el campesinado pobre y sin tierra y el bloque terrateniente-paramilitar-imperialista.
Para comprender el significado político de estas acciones es indispensable partir del análisis de clases. En el norte de Colombia como en muchas partes del país, la tierra ha sido históricamente monopolio de una clase terrateniente ligada al capital financiero transnacional y a estructuras armadas ilegales. La concentración no es una anomalía, es la forma específica que adopta la acumulación capitalista en el agro colombiano, mediada por el despojo violento como instrumento de la lucha de clases desde las clases dominantes.
El caso de los predios La Alquería y Caja de Ahorros #1, en Aguas Blancas, ilustra esto con precisión quirúrgica: 606 hectáreas de tierra fértil concentradas en manos de alias Comandante Barbie, Manuel Rodríguez Fuentes, ganadero condenado por financiar y promover la expansión de grupos paramilitares (las AUC) en el departamento del Cesar, quien blindó el patrimonio ilícito bajo la fachada de una sociedad empresarial. Esta es la forma concreta que adopta el capital parasitario en el campo colombiano: terror, despojo y legalización posterior de los bienes expropiados a las comunidades, acciones que por estos días se recrudecen luego del envalentonamiento promovido por el impuesto presidente De la Espriella.
La toma de tierras no es un acto de desesperación ni de ilegalidad vulgar. Es la expresión más elemental de la contradicción antagónica entre quienes trabajan la tierra y quienes la acaparan sin trabajarla. Mao Zedong señalaba que «una sola chispa puede incendiar la pradera» y la ocupación de un predio improductivo por familias sin tierra es exactamente esa chispa, el momento en que la contradicción objetiva se convierte en acción consciente de las masas organizadas.
Las familias que en los últimos meses han ocupado tierras en el norte del país, no actúan al margen de la historia. Actúan como continuadoras de una lucha centenaria, la de las ligas campesinas de los años 20, la de los colonos del Sumapaz, la de los sindicatos agrarios reprimidos durante el Frente Nacional, la de las comunidades desplazadas por el paramilitarismo en los 90 y los 2000. Por esto, no se trata únicamente de redistribuir parcelas, ¡se trata de romper las relaciones de producción que atan al campesino al terrateniente, al jornal miserable, al endeudamiento perpetuo con los intermediarios y al despojo recurrente mediante la violencia organizada desde el Estado o al margen de él!.
Ahora bien, el Gobierno de Gustavo Petro avanzó en la formalización y adjudicación de tierras a una escala sin precedentes en la historia reciente del país con más de 2,5 millones de hectáreas impactadas, donde 700 000 hectáreas corresponden a entrega de tierra y el resto a formalización de tierras ya habitadas. Esos son datos concretos que no pueden negarse, pero el análisis de clase nos obliga a una lectura más fina. Las reformas desde arriba, por bien intencionadas que sean, encuentran siempre el límite estructural del Estado burgués. El aparato institucional que hoy adjudica tierras es el mismo que durante décadas protegió a los despojadores mediante la impunidad, el registro notarial de títulos fraudulentos y la criminalización de las organizaciones campesinas, y que hoy envía policías a reprimir a los campesinos que toman y adecúan las tierras para vivir y producir.
Es precisamente aquí donde la toma directa de tierras adquiere su valor político estratégico, no como negación en sí misma de los canales institucionales, sino como la fuerza motriz que hace posible que esos canales funcionen en favor de las mayorías. La asamblea campesina, la ocupación organizada, la recuperación colectiva de predios (como la documentada en Aguas Blancas) son las formas concretas en que el campesinado pobre y sin tierra construye poder popular desde abajo. En otras palabras, se trata del desarrollo del poder dual desde las masas mismas.
Lenin insistía en que la alianza obrero-campesina es la piedra angular de cualquier proceso revolucionario en sociedades donde el campo sigue siendo determinante. En Colombia, esa alianza está aún en proceso de construcción. La lucha campesina del norte (ligada a las reivindicaciones del paro nacional de 2021, a las organizaciones de base que persisten a pesar de la violencia y el asesinato sistemático de líderes sociales) es parte de ese proceso.
Esta situación nos exige avanzar hacia la reconstitución del Partido, aprender de las masas antes de enseñarles, sistematizar su experiencia y devolverla como conciencia organizada. Las tomas de tierras en el Cesar y el Caribe colombiano son un libro abierto sobre las contradicciones reales del agro, enseñan más sobre la lucha de clases que cualquier tratado académico o teoría sin práctica alguna.
