La burguesía sigue mostrando su desprecio por el pueblo trabajador, y el gobierno de Alejandro Eder en Cali es un claro ejemplo de ello. Hoy, más de 287 niños, niñas y jóvenes de la Institución Educativa de Pichindé se ven obligados a caminar durante horas por peligrosas vías rurales o, en el peor de los casos, abandonar sus estudios porque la administración municipal ha decidido darles la espalda. La falta de transporte escolar no es una simple negligencia administrativa: es una política antipopular que evidencia el desinterés de la Alcaldía por garantizar el derecho a la educación de los sectores más golpeados por el capitalismo.
Desde el 2011, el transporte escolar había sido garantizado antes del inicio del calendario académico, pero este año, bajo la dirección de Eder, las promesas se han convertido en mentiras. En noviembre de 2024, la Secretaría de Educación aseguró que el transporte estaría listo para el inicio de clases, pero al día de hoy los estudiantes y sus acudientes siguen esperando. Ante las denuncias de las familias y la comunidad educativa, la respuesta de la administración municipal ha sido el cinismo: excusas burocráticas, dilaciones y falsos compromisos.
Esta negligencia es criminal. Los niños y niñas que dependen del Programa de Alimentación Escolar (PAE) para acceder a una comida digna, ahora también se ven privados de este derecho. El costo de transporte particular es impagable para muchas familias, alcanzando los 10. 000 pesos diarios por estudiante. Frente a la indignación del pueblo, la respuesta de la Alcaldía ha sido lavarse las manos y responsabilizar a los rectores de cada institución, proponiendo guías de estudio en casa como «solución». Pero ¿quién puede estudiar sin garantías básicas?
Las irregularidades en la contratación del servicio de transporte son otro punto clave en este entramado de corrupción y negligencia. Mientras que en administraciones anteriores se garantizaba un contrato de mínima cuantía para evitar que los niños perdieran clases, Eder optó por el abandono. La supuesta adjudicación para el 19 de febrero no significa una solución inmediata, pues los estudiantes seguirán semanas sin poder acceder a su derecho a la educación.
Este ataque a la educación rural no es un hecho aislado. Muchas de las instituciones educativas de Cali se encuentran en esta misma situación, sumado a que no se ha contratado al personal de servicios generales y, en algunas, tampoco se ha implementado el Programa de Alimentación Escolar (PAE). Esto exige tener presente estas demandas para unirlas en una plataforma de lucha que las asambleas populares se lancen a conquistar: contratación directa y nombramientos para el personal de servicios generales y alimentación escolar, y por verdaderas condiciones que brinden una alimentación digna y saludable para los niños y jóvenes. El alcalde debe cumplirle primero a los estudiantes e instituciones públicas y no a los colegios de cobertura contratada con los que estimula la privatización.
Las familias organizadas han exigido soluciones inmediatas, pero en lugar de garantizar derechos, la Alcaldía responde con falsas mesas de diálogo y promesas vacías.
Ante este atropello, el pueblo debe responder con organización y lucha. Es hora de que las familias, estudiantes y docentes se reúnan en Asambleas Populares para articular una resistencia firme. No se trata sólo del transporte escolar: se trata de la dignidad de la educación pública y del derecho del pueblo a condiciones dignas. La historia ha demostrado que sólo con la movilización y la acción directa se puede doblegar la voluntad de los opresores.
