El 8 de septiembre, el presidente Abelardo de la Espriella firmó el Decreto 1368, que levanta por primera vez desde su inicio en 2015 la suspensión general de los permisos para portar armas de fuego en Colombia y deroga las normas que regían desde 2018 y 2025. Lo presentó como el cumplimiento de una promesa de campaña el ciudadano que cumple la ley, dijo, no puede seguir desarmado frente a criminales que ya están armados hasta los dientes. Como respaldo, citó cifras propias en su perfil de X «entre enero y septiembre se incautaron 15.700 armas de fuego, 14.179 de ellas vinculadas a delitos, con nexos señalados hacia disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y el ELN».
Conviene empezar por lo que el decreto realmente hace, sin exagerarlo ni minimizarlo. No instaura el porte libre porque mantiene requisitos, controles y permisos vigentes, y solo restablece la eficacia de autorizaciones que ya existían, sin cobijar armas vencidas, suspendidas, decomisadas o bajo prohibición judicial. Es, en el papel, una medida administrativa acotada. Pero ninguna política de seguridad es solo administrativa, siempre responde a la pregunta de ¿a quién protege el Estado burgués, y de qué?.
Esa es la pregunta que el debate de la democracia burguesa —«más armas» contra «menos armas»— no sabe formular. ¿Quién es, en Colombia, el «ciudadano de bien» habilitado para tramitar un permiso? En un país cuyo sistema es capitalista, la categoría no es neutral nombra a quien tiene un predio, un negocio, un capital que defender, y los recursos económicos y burocráticos para acceder a esa legalidad. El decreto no arma al pueblo trabajador; arma selectivamente a quien ya está del lado de la propiedad privada. Es una política de clase disfrazada de neutralidad jurídica.
Colombia ya vivió este guion. Las cooperativas Convivir de los años noventa nacieron como grupos de «autodefensa» legalmente armados para proteger haciendas, y terminaron alimentando la estructura paramilitar que, durante décadas, asesinó campesinos, sindicalistas y líderes sociales en nombre del «orden». Rearmar, bajo el eufemismo de la legítima defensa, al mismo sector que históricamente ha financiado o tolerado esos escuadrones no es un accidente, es la reedición de la alianza descarada entre el capital y su Estado contra la organización popular.
El propio decreto delata, sin proponérselo, que el verdadero poder de fuego está en las estructuras armadas —disidencias, Clan del Golfo, ELN— al servicio o que se financian del narcotráfico porque el capitalismo imperialista, encabezado por la demanda estadounidense y sostenido por el lavado financiero internacional, lo vuelve así. Ningún permiso individual de porte toca esa cadena de acumulación. El decreto no combate el poder de fuego del capital ilegal; añade armas legales a la sociedad civil y deja intacta la raíz económica de la violencia que se materializa en el despojo de tierra, el desempleo a causa de la crisis del sistema y la subordinación del país a la cadena del imperialismo.
Frente a esto, la indignación de Petro resulta cómoda, con una simple frase que puso en X: «La necropolítica». Durante cuatro años, el reformista pequeñoburgués administró el mismo Estado burgués, la misma Fuerza Pública, el mismo modelo agroexportador, sin resolver la cuestión agraria ni desmontar el aparato represivo heredado del uribismo. Reacción y reformismo son, aquí, dos gestiones distintas del mismo orden de propiedad que discuten quién porta el arma legal, nunca que la causa de la guerra es el capitalismo mismo.
Pero los comunistas no confundimos los permisos de porte otorgados por la legalidad burguesa, con el poder político de las masas organizadas. Mao Tse-Tung lo dijo con una precisión que suele citarse a medias: «el poder nace del fusil», sí, pero del que el Partido pone al servicio del pueblo en armas, no del que el Estado burgués presta —bajo permiso, control y cuota— para blindar la propiedad privada. El pueblo colombiano no necesita un decreto que reparta salvoconductos entre quienes ya tienen algo que defender, sino la organización independiente de campesinos, obreros y sectores populares, capaz de disputarle al Estado —lo ocupe De la Espriella, Petro o quien venga después— la definición misma de qué es la seguridad y para quién se construye.
