Lo revelado por la Revista Cambio no es un escándalo aislado, ni mucho menos un tropiezo administrativo, ni un descuido contable susceptible de corrección. Lo que acaba de revelarse sobre la campaña presidencial del abogado Abelardo de la Espriella es, en su esencia más desnuda, una demostración de manual sobre cómo opera el poder de la clase dominante en Colombia: con descaro, con impunidad y con la certeza profunda de que los mecanismos del Estado están diseñados para proteger a quienes los financian, no para juzgarlos.
Según la investigación periodística publicada el 16 de junio de 2026, la campaña de De la Espriella registró pagos por 1 299 millones de pesos a una empresa que, a todas luces, no existe más que en el papel. La firma receptora de esa millonaria suma llevaba tres años liquidada cuando alguien decidió revivirla ante la Cámara de Comercio de Bogotá en febrero de este año, apenas cuatro meses antes de la primera vuelta presidencial. Resucitó sin empleados, sin oficina, sin historial reciente, sin ingresos previos, con una dirección donde funciona una empresa de papa y yuca congelada. Su representante legal: un joven estudiante universitario de una comuna de Medellín, registrado en el Sisbén en condición de vulnerabilidad, beneficiario de beca y bono de alimentación, que desapareció de las redes sociales en cuanto los periodistas lo contactaron.
El fantasma y su función de clase
Para los comunistas revolucionarios, ninguno de estos detalles es accidental ni meramente pintoresco. La empresa fantasma no es una anomalía del sistema ¡es el sistema funcionando con precisión quirúrgica! Karl Marx describió con lucidez, hace ya más de siglo y medio, de qué manera las clases dominantes utilizan el Estado y sus instituciones no como árbitros neutrales de la vida social, sino como instrumentos de reproducción y concentración del poder económico. Lo que vemos aquí es esa lógica en acción, trasplantada al escenario electoral colombiano del siglo XXI.
Una empresa ficticia revivida desde las cenizas, puesta a nombre de un joven pobre y vulnerable, convertida de la noche a la mañana en receptora de más de mil doscientos millones de pesos, esto no es corrupción espontánea ni improvisada. Esto es arquitectura. Esto requiere conocimiento jurídico, acceso a estructuras notariales y mercantiles, relaciones con operadores políticos y financieros, y, sobre todo, la tranquilidad que solo otorga la conciencia de clase de quien sabe que, en el peor de los casos, el sistema lo protegerá.
El joven del Sisbén —ese estudiante vulnerable que aparece como representante legal— no es el protagonista de esta historia ¡es la víctima de otro orden! Es la cara humana de un mecanismo de extracción que utiliza a los más precarios como escudo, como pantalla, como descartable. En la lógica del capitalismo, los pobres sirven para todo: para trabajar, para votar, para cargar el peso de la ley cuando el escándalo explota, y para prestar su nombre cuando las élites necesitan mover dinero en las sombras.
Política burguesa y financiación electoral: el nudo del poder
La financiación de campañas electorales en Colombia es uno de los terrenos donde la dominación de clase se hace más visible y menos sancionada. Engels señaló que el Estado burgués, por más que adopte formas democráticas, es en última instancia el comité que administra los asuntos comunes de la burguesía. Las elecciones, bajo esta perspectiva, no son un mecanismo de soberanía popular sino un ritual de legitimación en el que la clase dominante selecciona, entre sus propios representantes, a quiénes ejercerán el poder en su nombre.
Abelardo de la Espriella no es un candidato ajeno a esa clase, es, su producto refinado. Abogado de grandes capitales, defensor histórico de figuras del establecimiento político y económico colombiano, candidato de la derecha más consolidada, De la Espriella encarna con fidelidad el tipo de político que el marxismo denomina representante orgánico de los intereses burgueses. Que su campaña haya canalizado más de mil doscientos millones de pesos a través de una empresa-fantasma puesta a nombre de un joven en condición de vulnerabilidad no es, pues, una contradicción con su proyecto político: es su expresión más genuina.
Las normas de financiación electoral existen, en teoría, para impedir que el dinero privado capture el proceso democrático. En la práctica colombiana, esas normas han demostrado ser porosas, eludibles y frecuentemente inoperantes frente al poder económico organizado. Los topes de campaña se evaden, los reportes ante el Consejo Nacional Electoral se manipulan, y las empresas-fantasma cumplen la función técnica de lavar el origen de los recursos. Quien paga, manda. Y quien paga con dinero oscuro, aspira a mandar sin rendir cuentas.
La denuncia como acto político
Denunciar este escándalo no es suficiente si la denuncia se detiene en el nivel del escándalo moral. Desde una perspectiva de clase, la pregunta no es únicamente si De la Espriella cometió un fraude electoral —pregunta legítima que deberán resolver las autoridades—, sino qué revela este hecho sobre la naturaleza del sistema político colombiano y sobre quiénes están en condiciones de perpetrar semejantes operaciones con relativa impunidad.
La respuesta es incómoda, pero necesaria: lo revela todo. Revela que en Colombia la política sigue siendo, en lo fundamental, un negocio de élites. Que el acceso al poder requiere de dinero que no siempre puede ser exhibido públicamente. Que los mecanismos de control institucional —Consejo Nacional Electoral, Fiscalía, Contraloría— operan con lentitud sospechosa cuando los investigados pertenecen a las redes del establecimiento. Y que los más vulnerables —como ese estudiante medellinense registrado en el Sisbén— continúan siendo instrumentalizados por quienes los desprecian desde arriba mientras invocan su nombre en los discursos de campaña.
Colombia se acerca a una segunda vuelta presidencial en medio de una de las mayores crisis de legitimidad política de su historia reciente. Que uno de los dos candidatos que disputará esa segunda vuelta cargue sobre sus espaldas una investigación de esta magnitud no es un asunto menor ni domesticable con comunicados de prensa. Es una señal de alarma que el país tiene la obligación de no ignorar.
Las clases populares colombianas —las que pueblan las comunas, las que sobreviven con el Sisbén, las que ponen sus nombres en papeles que no entienden del todo— merecen saber quién les pide el voto y con qué dinero lo pide. Merecen, sobre todo, un sistema político que no los use como instrumentos ni los abandone cuando el escándalo llega. Eso no se logra con indignación episódica. Se logra con organización popular desde abajo, con memoria y con la claridad de que la corrupción no es un vicio individual, es la lógica de un orden viciado que hay que transformar de raíz con la revolución.
