El 30 de diciembre pasado, el presidente Gustavo Petro anunció que en el 2024 se presentarán iniciativas ante el Congreso para reformar la Ley 142 de 1994, conocida como ley de servicios públicos. Enfatizó que la intención es que el actor prevalente sea el usuario de los servicios y que no haya más fórmulas tarifarias que posibiliten la especulación en el cobro. Mencionó la estrategia de «construir sobre lo construido», señalando que la ley actual presenta aspectos positivos que se deben mantener y otros que se deben reformar.
Al analizar el texto legislativo, se observan disposiciones relacionadas con la prestación de los servicios públicos como agua, alcantarillado, energía eléctrica, gas natural y telefonía fija. Esta normativa contempla la participación del Estado respecto a la competencia de las empresas prestadoras del servicio, la calidad del servicio y el control de los cobros, etc. También incluye la intervención de los usuarios en actividades de control y fiscalización de la prestación del servicio.
La ley —bastante extensa—, considera diversos temas: definiciones en cuanto a qué es un servicio público, el cobro, las actividades de control y vigilancia por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, la calidad en la prestación del servicio, las instalaciones para la prestación del servicio, la caracterización y la función de estas empresas, etc. Todo muy bien definido en el papel, ¡pero la práctica es otra cosa!, por experiencia propia sabemos que cuando los usuarios tienen que hacer algún reclamo, radicar algún PQR… la burocracia imposibilita la comunicación con la empresa prestadora del servicio.
A pesar de que la Ley 142 aborda la calidad de la prestación de los servicios e incluso contempla medidas por parte de los entes de control en caso de incumplimiento, es innegable que la calidad en este sentido ha sido un problema evidente en muchas zonas del país. Basta recordar a Electricaribe, cuya pésima prestación del servicio de energía generó numerosas protestas en la región Caribe. En esta zona, donde es indispensable el uso de ventilación, aire acondicionado y refrigeradores, durante mucho tiempo la población denunció la pésima prestación del servicio de energía. Mediante protestas, movilizaciones y quema de recibos se manifestaron contra el daño constante de sus electrodomésticos —dada la inestable prestación del servicio— y contra los cobros exageradamente altos…y ¿qué ocurrió? Nada.
Electricaribe operó desde 1998 hasta 2021 bajo la Ley 142, luego fue liquidada y cambió de razón social en 2021 pasando a llamarse Air-e, una empresa creada a partir de la fusión de las ocho electrificadoras públicas existentes en los siete departamentos de la región. Sin embargo, esto no solucionó el problema: a mitad del 2023, Santa Marta vivió un caos en plena temporada de vacaciones debido a la mala prestación de servicio de agua, aseo y energía. Esto desató bloqueos en vías principales y nacionales, paralizando la ciudad. El pueblo manifestó su descontento con la empresa Air-e, por no brindar un servicio adecuado, causando numerosos cortes de energía y, con ello, el mismo infierno de antes: electrodomésticos averiados, alimentos dañados, oleadas de calor en sitios cerrados…
Otro ejemplo de la realidad práctica en el terreno de los servicios públicos es lo que sucede en varias zonas del departamento de La Guajira, donde ni siquiera se cuenta con agua potable. Este déficit en un servicio esencial para la vida ha tenido consecuencias trágicas, especialmente para decenas de niños en esta zona del país, quienes han perdido la vida debido a esta carencia. Recordemos que Petro tuvo buenas intenciones para atender el problema del agua en La Guajira, pero el Estado burgués, a través de instituciones como la Corte, etc. impidió que esto se llevara cabo, mostrando nuevamente que el reformismo no es el camino para solucionar las problemáticas de la clase obrera.
Ante esta situación, es claro que se necesita urgentemente una reforma que atienda los problemas en los servicios públicos. La garantía del mínimo vital, el subsidio en los estratos más bajos, la cobertura a nivel nacional de estos servicios esenciales son aspectos cruciales por los que el pueblo se debe levantar.
No obstante, esta reforma no deroga la ley existente, sino que la cambia simples «cosillas». Además, la reforma está condicionada en gran medida por la Asociación Nacional de Empresarios de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), quienes en julio de 2023 se reunieron con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios —liderada por Dagoberto Quiroga—, para abordar los elementos sustanciales que el Gobierno nacional debía considerar al presentar una reforma al régimen de los servicios públicos. En dichas reuniones se acordó que el compromiso principal era no radicar un proyecto de reforma cuyo articulado no haya sido discutido y concertado previamente con el sector, es decir, los empresarios de los servicios públicos serán quienes impongan las condiciones de esta reforma.
Si nos basamos en la experiencia de discusión y aprobación de las reformas previas, como la de la salud, por ejemplo, lo más seguro es que la reforma a la Ley 142 de 1994 se diluya en manos del Congreso que —por encima de las buenas intenciones del presidente— ha frenado las reformas, recortando los pocos puntos que servían al pueblo e imponiendo los que siguen beneficiando a la burguesía. Mientras esto ocurre, el pueblo colombiano sigue sin gozar de la prestación de servicios públicos de calidad y pagando tarifas tremendamente altas, que consumen rápidamente el salario mensual devengado por una familia obrera.
Además, es crucial mencionar que el servicio de internet, que no está considerado en la actual ley, se ha convertido en la actualidad en un servicio esencial, del cual Andesco sostiene que debe atenderse con una ley completamente distinta a la existente.
Así pues, la situación va a seguir siendo la misma pese a las reformas de Petro. Leyes como la 142 del 94 son solo papel si el pueblo no las hace cumplir en las calles. Entonces, es preciso retomar el camino del estallido social, continuar con las asambleas obrero-populares y perseverar en la lucha en las calles para conquistar las exigencias del pueblo en el tema de servicio públicos.
