El pasado fin de semana, en medio de las celebraciones de Halloween, cuatro atentados con explosivos sacudieron los departamentos de Tolima, Huila y Cauca. Los ataques, atribuidos por las autoridades del Estado burgués a estructuras de las disidencias de las FARC, dejaron un saldo de cinco personas muertas, entre ellas una bebé de apenas dos meses en el municipio de Planadas (Tolima), además de varios heridos y cuantiosos daños materiales.
Estos acontecimientos vuelven a poner sobre la mesa los intereses de clase detrás de los discursos del performático presidente, que prometen acabar con la violencia mediante el endurecimiento selectivo de la acción militar. Cabe recordar que el hoy lacayo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, había anunciado un plan de choque que en 90 días pretendía acabar con el crimen organizado. Sin embargo, mientras las promesas de mano duran alimentan su espectáculo político, la realidad de la mayoría del territorio colombiano sigue marcada por la violencia reaccionaria, criminal y la desprotección de sus habitantes, quienes sufren la respuesta desmedida de organizaciones armadas que, con el propósito de mostrar al Estado Burgués su poderío militar en una zona determinada, arremeten contra pequeñas estaciones de policía —las cuales se encuentran cerca de parques o sitios de mercado—, aunque en otras ocasiones deciden atentar directamente contra el pueblo trabajador, como sucedió en el Caribe colombiano, donde las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra —organización narco-paramilitar— llevaron a cabo en el mes de septiembre un paro armado, donde se atentó y asesinó indiscriminadamente a hombres y mujeres del pueblo.
Tanto las organizaciones armadas que recurren a atentados indiscriminados como las tácticas estatales que apuestan por la intensificación de las operaciones militares deben ser examinadas y juzgadas a partir de sus consecuencias sobre los trabajadores y campesinos, sobre el impacto en la vida de las mujeres y niños del pueblo, no por sus discursos.
El zángano De La Espriella, por su parte, continúa con su puesta en escena de soldado. Porque, al final, los muertos los ponen los pobres, no los ricos; son las familias trabajadoras las que lloran a sus hijos, son las madres, esposas e hijas empobrecidas por el sistema las que buscan a sus familiares entre los escombros y las que deben reconstruir sus vidas después de cada episodio de violencia. La sangre y las lágrimas de estas comunidades no ensucian los despachos del poder; por el contrario, son empleadas como combustible para el espectáculo político de quienes hacen de la guerra una promesa para sus amos.
Estas acciones cuyos costos humanos recaen una y otra vez, sobre quienes menos tienen, deben ser rechazadas por la movilización popular, pues las comunidades pese a que puedan denunciar y rechazar dicha violencia, sus esfuerzos no pueden ser aislados de la movilización de los trabajadores de las principales ciudades del país, quienes tienen en sus manos la posibilidad de dar fuertes golpes a la economía capitalista a través del paro, solo así se puede impedir que el campo y los municipios alejados de las principales ciudades del país sean el escenario principal de una confrontación por el monopolio del narcotráfico y sus rutas.
