La Ley de Seguridad Ciudadana aprobada por el régimen uribista de la mafia y sus aliados, no es más que el terrorismo de Estado plasmado en una ley que favorece los intereses de la burguesía y los terratenientes en detrimento de la rebeldía popular, que le estalló en la cara al régimen asesino encabezado por el títere Duque en la forma de poderosas huelgas políticas de masas durante su periodo presidencial, siendo los picos más álgidos el 21 de noviembre de 2019, el 8 y 9 de septiembre de 2020 y el Paro Nacional que inició el 28 de abril de este año, cada uno de estos con características propias, pero que tuvieron en común el hartazgo del pueblo con el terrorismo de Estado y las medidas antiobreras y antipopulares del régimen; la lucha directa de las masas que se organizaron para resistir y en muchos casos vencer la embestida policial, militar y paramilitar del Estado burgués; la infructuosa política de conciliación y concertación entre clases, que quisieron imponer desde arriba los burócratas jefes de las centrales sindicales (CUT, CGT…) y de los partidos políticos democrático burgueses y revisionistas (Dignidad, Polo, Pacto…) apelmazados en el falso “Comando Nacional de Paro” que las masas luchadoras nunca eligieron ni legitimaron.
Ahora, la “cereza del pastel” la pone el régimen con esta Ley de Seguridad creada para favorecer los intereses económicos y políticos de los monopolios y su podrido Estado, para los banqueros y terratenientes, para los grandes comerciantes y dueños del transporte masivo, para los industriales y la burguesía mafiosa, para la mal llamada “gente de bien”, para la burguesía que se lucra con la producción y distribución de armas de fuego, para que las clases dominantes continúen ejecutando su brutal dictadura contra el pueblo con envoltura de la falsa “democracia para todo el pueblo”.
Ni siquiera disfrazaron con los acostumbrados interminables debates en el parlamento el trámite leguleyo con el que la aprobaron: en menos de un mes, con la farsa electoral a la vuelta de la esquina, con mensaje de urgencia y con sesiones extraordinarias se cumplió la orden dada por los capitalistas locales y los imperialistas que vieron afectadas sus millonarias ganancias durante el tiempo que duraron los levantamientos populares, especialmente durante el Paro Nacional iniciado el 28 de abril de este año. Esta nueva ley es una respuesta directa a los levantamientos populares que se dieron por todo el país durante más de dos meses y que generó la solidaridad y denuncia desde diferentes partes del mundo.
Caso concreto es el artículo que agrava ante la ley, el uso de máscaras o capuchas en medio de las manifestaciones, cuando son los agentes del Esmad y del GOES de la Policía, los primeros en encapucharse, en tapar sus identificaciones y usar máscaras para evitar asfixiarse con los gases que lanzan indiscriminadamente contra las personas desarmadas. Tanto les dolió la respuesta popular ante el asesinato de Ordoñez en Bogotá en septiembre de 2020 a manos de dos policías, cuando por decenas fueron quemados los CAI; o que se quemaran estaciones de policía y otros estamentos gubernamentales, que también gravaron las penas en casos en que sean quemadas construcciones o edificaciones de seguridad del Estado burgués que imparten su justicia ramera, o las instituciones de las fuerzas militares y policía. También en caso de que se afecten estaciones, portales o buses del sistema masivo de transporte con lo que protegen ese monopolio. O en caso de ser afectados bancos, comercios e industrias, muchos de estos, blancos del odio de las masas populares.
Un ataque directo contra las supuestas libertades pregonadas por la democracia burguesa, son las mayores facultades que esta ley le otorga a los agentes de policía para realizar traslados preventivos sin que medie ningún tipo de diálogo con la persona trasladada y queda a la total discrecionalidad del agente esta decisión, lo que aumenta la arbitrariedad policial para llevarse a los manifestantes, periodistas independientes, defensores de derechos humanos, etc., alegando que se encuentran bajo los efectos del alcohol o las drogas, por ejemplo. Esta figura del traslado por protección, fue utilizada durante el paro para llevarse a los calabozos a personas que estaban grabando las arbitrariedades y abusos cometidos por la policía; pero también, usaron esta herramienta legal contra mujeres que fueron abusadas y violadas sexualmente dentro de las tanquetas, patrullas y CAI de la policía. Con la nueva ley, se legitima y amplía las facultades para que las fuerzas armadas reaccionarias usen esta medida contra las masas.
Con la “legítima defensa privilegiada” se va al piso el principio de proporcionalidad en el momento en que sea invadida, por ejemplo, los terrenos baldíos o las grandes haciendas de terratenientes que, sin el uso de armas, son recuperadas por las comunidades indígenas en el Cauca por medio de mingas: ahora, los dueños de esas tierras usurpadas milenariamente podrán disparar indiscriminadamente contra las masas desarmadas de forma legal.
Mientras reformistas como Iván Cepeda y otros, le claman a la Corte Constitucional que derogue la Ley o parte de ella por considerarla, inconstitucional; reformistas de todo tipo usan la aprobación de la Ley para encauzar el odio de clase que esto produce en los obreros, campesinos, intelectuales y artistas del pueblo, hacia la inofensiva farsa electoral del próximo año, las masas responden con lucha y valentía en las calles y ya se han producido enfrentamientos entre la juventud rebelde y las fuerzas criminales del Estado en protesta por la aprobación de esta cavernaria ley.
El régimen y las clases dominantes tienen miedo de que su reino de explotación y opresión caiga por cuenta de la violencia revolucionaria de masas y por eso aprueban este tipo de leyes que lo único que hacen es acrecentar el odio de clase, la unidad y organización para la lucha de los desposeídos por el capital. El pueblo debe aprovechar esta condición para ir a las calles a luchar, para reactivar las Asambleas y ollas populares; para reorganizar las Primeras Líneas y avanzar en la consolidación de las Guardias y Milicias Populares.
Se vienen grandes levantamientos que deben ser aprovechados por los comunistas revolucionarios para organizar a los rebeldes más conscientes, que deben integrar las filas del destacamento de vanguardia de la clase obrera que está en construcción, su Partido político que debe organizar la revolución en Colombia como parte de la Revolución Proletaria Mundial. Solo así se ataca la raíz del problema mayor que aqueja a la humanidad, el capitalismo, y se construye sobre sus ruinas el paraíso en la tierra que garantice, ese sí, las libertades políticas para las amplias masas populares.
