Una nueva controversia se abrió en la contienda electoral tras la denuncia formulada por el Gobierno nacional sobre una vulnerabilidad en el diligenciamiento del formulario E-14, que es el documento oficial en el que los jurados de votación registran el conteo de votos en cada mesa.
La alerta surgió luego de que algunos jurados asistentes a jornadas de capacitación manifestaron que se les estaría indicando dejar en blanco determinadas casillas del formulario, en lugar de inutilizarlas con líneas horizontales o diagonales, asteriscos o puntos, cuando no hayan sido utilizadas. Esta instrucción generó inquietud, dado que el E-14 constituye el soporte primario del escrutinio y es uno de los documentos clave para la consolidación de los resultados preliminares y definitivos.
Tal preocupación tiene fundamento ya que es de conocimiento que en procesos anteriores se documentaron casos en los que, aun cuando las casillas fueron anuladas con líneas horizontales o diagonales, terminaron apareciendo cifras construidas a partir de esos mismos trazos. Es decir, incluso cuando se intentó inutilizar un espacio, hubo forma de convertir esas líneas en números. Por tanto, dejar una casilla completamente en blanco es dejar el campo abierto para escribir cualquier cifra y alterar el registro original. Esto es, en plata blanca, habilitar el fraude.
El formulario E-14 es elaborado y distribuido bajo la coordinación de la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad responsable de la organización electoral en el país. Se supone que la correcta diligencia y custodia de esos formularios son esenciales para la transparencia de las elecciones y por eso, dejar espacios en blanco pone de antemano en entredicho la cadena de custodia, los protocolos de seguridad documental y los mecanismos de auditoría aplicados a los formularios físicos.
La polémica también salpicó a la firma Thomas Greg & Sons, empresa privada que históricamente ha participado en la producción de material electoral y otros documentos oficiales. La controversia revive cuestionamientos sobre la confianza en los operadores logísticos del sistema, especialmente después de la disputa pública generada por la decisión gubernamental de retirarle el contrato para la elaboración de pasaportes.
Mientras la institucionalidad electoral hace propaganda en radio, redes y tv con mensajes de confianza y garantías en el proceso, la denuncia evidencia lo contrario. El Gobierno sostiene que la sola posibilidad técnica de que una casilla en blanco pueda ser manipulada compromete la integridad del sistema y amerita revisión inmediata de los protocolos de capacitación y diligenciamiento. Quienes hayan participado como jurados de votación y el pueblo mismo, saben que en este caso el fraude ya está preparado.
El cura Camilo Torres dijo que en Colombia «el que escruta elige», basándose en la historia de fraudes electorales. Hecho corroborado posteriormente en las elecciones del 19 de abril de 1970 que están entre las más polémicas de la historia, donde Gustavo Rojas Pinilla, fundador de la Alianza Nacional Popular (ANAPO), lideraba con ventaja sobre el oficialista Misael Pastrana. Sin embargo, el resultado final terminó dándole a Pastrana la presidencia, que era lo pactado entre los partidos Liberal y Conservador en el Frente Nacional, que incluía entre otros turnarse la presidencia. El robo de las elecciones a Rojas Pinilla desató protestas masivas en rechazo al fraude por parte de sus seguidores, episodio que, por cierto, dio origen al grupo guerrillero M-19, que usó el fraude de 1970 como parte de su legitimación histórica.
El fraude de 1970 ha sido uno de los más sonados pero la historia es larga. En la elección presidencial de 1922, el candidato liberal Benjamín Herrera afirmó que su derrota frente al conservador Pedro Nel Ospina fue producto de fraude y de hecho investigaciones académicas indican que en ese contexto hubo prácticas irregulares como coerción y relleno de urnas en varias regiones. Igualmente, en las elecciones parlamentarias de 1931 se reportaron fraudes y violencia política por parte de fuerzas policiales alineadas con diferentes partidos y, aunque no del mismo tipo que los casos históricos mencionados, hay múltiples denuncias y casos relacionados con prácticas corruptas o fraudulentas en procesos locales o nacionales, como en las elecciones locales de 2019, donde la Fiscalía General documentó casos de compra de votos, transporte irregular de votantes y uso de incentivos económicos para influir en elecciones municipales y departamentales; todo esto sin contar que muchos colombianos han sido obligados a votar con un fusil en su sien.
En las actuales elecciones son muchos los casos que muestran no solo el fraude ya preparado desde la Registraduría, sino además las restricciones a la recortada democracia de los ricos, como el secuestro de por lo menos dos candidatos, asesinato de familiares de otros, incautación de más de 1.700 millones de pesos que estaban destinados a la compra de votos, por no hablar del trasteo de votos y el tráfico de influencias, entre otros tantos.
Estas son solo muestras de lo que es la democracia burguesa, basada en la tramoya, la corrupción y la trampa. Esas son las instituciones que llaman al pueblo colombiano a defender. Ese es el Estado en pleno funcionamiento. ¡Normal! No se puede esperar otra cosa del Estado burgués, por lo que la desconfianza aun espontánea en las reglas y en quienes las administran, debe hacerse consciente y traducirse en organización y lucha contra el Estado de los explotadores.
Esa es la posición justa y correcta porque más allá del fraude, de la compra venta de votos, etc.,etc. lo que hay de fondo y es necesario tener en cuenta, es que ninguna institución del podrido Estado burgués garantizará transparencia en ningún proceso. Este Estado es corrupto per se y solo demuestra que el pueblo no debe sembrar sus esperanzas en él.
De ahí que este 8 de marzo, vote o no vote, no deje de luchar, porque las exigencias y reivindicaciones de los desposeídos, no serán obsequiadas por ningún administrador de los negocios de los ricos, ni por ninguna de las instituciones del Estado, sino que serán conquistadas con la fuerza organizada de las Asambleas Populares y la lucha en las calles, con el bloqueo y el paro.
