«Las volquetas cargadas comenzaron a llegar al campamento de los huelguistas alrededor de las 4 de la tarde, los trabajadores permanecían sentados en la carretera, en actitud pacífica, esperando el desarrollo de los acontecimientos, como también la llegada del secretario de Gobierno del departamento ya que el coronel Valencia dijo que llegaría alrededor de las 4 de la tarde, cosa que nunca ocurrió, el día anterior y ese día se habían mandado mensajes al Ministro del Trabajo para que se hiciera presente en Santa Bárbara para ver si se llegaba a un acuerdo. Siendo cerca de las 5 de la tarde de ese día, un oficial increpó a los huelguistas diciéndoles que si no acababan la huelga serían echados de la Empresa, que éramos una partida de comunistas Hijuetantas y otras cosas ofensivas, segundos después, tiraron bombas de gases lagrimógenos (sic), acto seguido cuando ni siquiera se habían comenzado a parar los trabajadores que estaban sentados en la carretera se oyó el fuego de ametralladora, hubo una pausa y el pánico se apoderó de los huelguistas, corrían por todas partes a buscar refugio, el fuego comenzó nuevamente, desesperados los trabajadores algunos corrieron a los cafetales ayacentes (sic) otros corrieron calle abajo, otros buscaban refugio en la carpa, comenzaron a caer los primeros trabajadores víctimas de las balas oficiales, asesinados a mansalva y sobre seguro, por un ejército creado para defender la soberanía Patria».(Armando Flórez García, miembro del Comité de Huelga).
Como ha sido tradición de hace años, Revolución Obrera recuerda la Masacre de Santa Bárbara, perpetrada el 23 de febrero de 1963 por parte del Estado. Este hecho luctuoso hace parte del legado histórico de lucha de la clase obrera; debe ser rescatado para no olvidar que todo lo que se ha conquistado en favor del pueblo ha costado esfuerzos, sacrificio y muertos. Igualmente, para dejar en evidencia a los responsables directos e indirectos de los crímenes cometidos contra los trabajadores, pues estos hacen parte de instituciones y clases que siguen existiendo, así los involucrados en determinado período ya no estén.
Los trabajadores de Cementos El Cairo presentaron pliego de peticiones en octubre de 1962, allí exigían: aumento general de salarios, prima de vacaciones, auxilio escolar, servicio médico y odontológico, préstamos para adquisición de vivienda, mejoras en la calidad del servicio en el casino, remuneración de dominicales y festivos trabajados, entre otros aspectos. Después de meses de dilación por parte de la empresa, sobre todo en la negociación de salarios, se vieron avocados a declarar la huelga.
Para aquella época un trabajador cementero recibía entre $11,50 y $17,65 diarios; un ingreso muy bajo, pues para ese período se presentó un incremento de la inflación del 33 %[1] producto de la devaluación del peso. Los compañeros del sindicato Sintracairo exigían un aumento de $2,45 diarios para el primer año y $2,20 diarios para los ocho meses restantes antes de la terminación de la convención colectiva. Por su parte, la patronal proponía para los que devengaban $11,50 un incremento diario de $1,80 y $1,70 para los que ganaban más $11,50. Los trabajadores y la junta directiva del sindicato no aceptaron este miserable «aumento». Ante la intransigencia de la empresa, el 23 de enero de 1963 decretaron la huelga con el 96 % de los votos a favor. Así lo relata el sindicato:
«Los trabajadores de Cementos “El Cairo” fueron informados de esta situación en la asamblea general celebrada el día 22 del presente y después de amplia discusión, no estuvieron de acuerdo, por unanimidad, obsequiarle a la empresa el aumento convenido, porque entendimos que el pliego de peticiones busca mejorar el déficit anterior a la inflación y carestía que hoy vivimos y además porque sabemos que la empresa obtiene unas ganancias superiores a los 5 millones al año»[2].
La huelga contó con el respaldo de la comunidad de Santa Bárbara y sus alrededores, de los campesinos de la región y del movimiento sindical independiente. Contó con el rechazo de la central UTC —dirigida por el partido Conservador y la iglesia— y de la CTC —dirigida por el Partido Liberal—.
Igualmente, la huelga tuvo la condena acérrima por parte de los medios burgueses de comunicación como El Colombiano, cuyo propietario y exdirector era el gobernador de Antioquia, Fernando Gómez Martínez, quien organizó una campaña de desprestigio contra los trabajadores de El Cairo como agitadores comunistas y un sartal de mentiras como que por culpa de la huelga se desataría una oleada de despidos y 20.000 trabajadores podrían quedar cesantes. Así mismo, la condena por parte del ministro de gobierno de la época, Eduardo Uribe Botero, quien era socio y miembro de la Junta Directiva de Cementos El Cairo, y del ministro de trabajo, Belisario Betancur, quien defendió abiertamente los intereses de los capitalistas del cemento.
Después de un mes de huelga, en el que la empresa no cedió, el gobernador Fernando Gómez Martínez dio la orden de que «costare lo que costare» se debía trasladar el cemento y el clinker (materia prima para el cemento) de El Cairo a Medellín. Así que se enviaron tropas de soldados para custodiar las volquetas, actuando como esquiroles, así lo relata Armando Flórez, miembro del Comité de Huelga:
«Después de este incidente el coronel Valencia acompañado por varios oficiales tuvo una reunión con los miembros del comité de huelga, en la cual estaba yo presente, le expusimos las razones que teníamos para mantener la huelga, una huelga legítima, llevada hasta ese momento por los Trabajadores dentro de los términos que sellala (sic) la ley, el coronel nos dijo que tenía órdenes de pasar las volquetas tan pronto llegarán cargadas, que esa orden era terminante, nosotros le manifestamos que el ejército de Colombia, según la constitución y las leyes, fue creado para defender la soberanía de la Patria y no hacer el papel de ESQUIROL y ROMPE HUELGA, y mucho menos para ponerse al servicio de los empresarios particulares, él estuvo de acuerdo pero dijo que órdenes eran órdenes y que tenía que hacerlas cumplir, salió de la reunión diciendo que iría a hablar con el gobernador a ver qué ordenes tenía para él, y que nos avisaría del resultado de la conversación, cosa que nunca hizo, ya que después de esto ni siquiera trato de hablar con ningún miembro del comité como había quedado de hacerlo».
El 23 de febrero los trabajadores, firmes en impedir que las volquetas llegaran a Medellín, pues esto perjudicaba poderosamente la huelga, se apostaron en la vía principal que comunica al occidente colombiano con la capital de Antioquia. Los trabajadores se acostaron en el pavimento, creyendo que con esto era suficiente para impedir el paso de las volquetas; no se imaginaron que la orden del gobernador «costare lo que costare» era ley de dios para las fuerzas militares.
No hay tal que las «armas de la nación»” estén para defender al pueblo, eso quedó muy claro ese sábado, 23 de febrero de 1963. Quedó explícito el contubernio entre el ministro de gobierno, el gobernador y las fuerzas militares para defender los intereses privados de la compañía Cementos El Cairo, con el respaldo del presidente de la época, Guillermo León Valencia. Fueron funcionarios del Estado, que dicen ser los defensores de todos los ciudadanos, quienes utilizaron el aparato militar para reprimir a sangre y fuego una huelga obrera. Los militares obedecieron a sus jefes y no al clamor de las gentes humildes que exigían mejores condiciones de vida, a sabiendas que ellos mismos padecían esas mismas dificultades.
Las armas de la «nación» están para garantizar el «orden» (léase la ganancia) de los de arriba; quien se atreva a afectar dicha ganancia, así gobierne quien gobierne será reprimido por dichas armas, pues en realidad están al servicio de los dueños del capital. Esta es una de las lecciones más importantes de aquella trágica jornada. Los trabajadores no pueden confiar en el Estado y en sus funcionarios, mucho menos en las fuerzas militares. Los obreros de Santa Bárbara confiaron en que si la huelga era legal, iba a ser respetada por las instituciones burguesas, no se imaginaron que, por defender las ganancias de los capitalistas, violaron sus leyes y exoneraron a los que dieron la orden y perpetraron la masacre, incluso los premiaron con nuevos cargos y prebendas; ni siquiera repararon de alguna forma a las víctimas, pues estas al final no importan, no son ciudadanos, son carne para explotar y mientras obedezcan y no contraríen a los explotadores todo estará bien.
Y esto lo demuestra esta súplica al presidente Guillermo León Valencia por parte de Armando Flórez García, trabajador abaleado por el ejército y que nunca fue reparado:
«Yo recibí un tiro de fusil, me paso de lado a lado, lesionándome la columna vertebral, causándome una paraparecia (sic) (paraplejía) de los miembros inferiores, con trastornos exfinterianos que no regresan a la normalidad, es decir, una incapacidad permanente parcial, según dictamen del médico de la Empresa Dr. Juaquin Arango, la empresa me dio asistencia quirúrgica y hospitalaria durante seis meses. El día 22 de agosto de 1963 la empresa, haciendo uso del Decreto 63 inciso A del Código Sustantivo del Trabajo me echó, no importándole mi situación de inválido ni el de ser casado padre de tres pequeños hijos, sin bienes de fortuna de ninguna naturaleza ya que solamente con mi sueldo veía por las necesidades de mi hogar, me he sostenido gracias a la ayuda prestada por algunos sindicatos del país, pero mi situación económica es critica el hambre y la miseria rodean mi hogar, esos tres pequeños hijos no tienen por qué pagar lo que no deben, porque su padre al pedir un poco de pan para ellos mismos le dieron bala, dejándolo incapacitado de por vida para desempeñar su profesión de (Tornero Mecánico)».[3]
La huelga y la masacre de Santa Bárbara nos recuerda que ¡solo el pueblo, salva al pueblo!, que aunque hayan pasado 62 años, los capitalistas continúan explotando al pueblo, siguen intransigentes ante las exigencias de los trabajadores de mejorar sus condiciones de vida, pues en vez de avanzar, se pierden derechos que en décadas anteriores se conquistaron. El Estado burgués mantiene su esencia como una máquina al servicio de las clases dominantes, destinada a someter al pueblo de diversas maneras pero principalmente mediante la represión militar. Y, tanto ayer como hoy, sigue vigente la lucha por acabar con la explotación asalariada, organizar las fuerzas del pueblo para responder a la orden de «costare lo que costare» que siguen dando los capitalistas.
Aquí otras de las enseñanzas de la huelga y la masacre de Santa Bárbara https://revolucionobrera.com/efemerides/masacre-de-santa-barbara-55-anos-sin-olvido/
[1] Tomado de la tesis La Masacre de Santa Bárbara, de Germán Andrés Jáuregui González
[2] Sindicato de Trabajadores de Cementos «EL CAIRO», Circular N° 1, A Todas las Organizaciones Sindicales del País, Sta. Bárbara, enero 24/63.
[3] Tomado de la tesis La Masacre de Santa Bárbara, de Germán Andrés Jáuregui González
