¿Quiénes ganan con las recientes elecciones al Congreso?

«La riqueza ejerce su poder indirectamente, pero de un modo tanto más seguro; lo ejerce, en primer lugar, mediante la “corrupción directa de los funcionarios” y, en segundo lugar, mediante la “alianza del gobierno con la bolsa”.»
Lenin

El pasado 8 de marzo se eligió el Congreso de la República, esta rama del poder que, según reza la Constitución, es la encargada de legislar en favor de los colombianos y ejercer control político. Su composición quedó distribuida de la siguiente manera:

En total fueron elegidos 261 «padres de la patria», distribuidos así (aunque el conteo continúa al momento del análisis, el resultado final es irrelevante para lo que se quiere explicar): 25 curules para el Pacto Histórico en el Senado y 35 en la Cámara; 17 del Centro Democrático en Senado y 23 en Cámara; el Partido Liberal con 13 curules en Senado y 28 en Cámara; el Partido Conservador con 10 en Senado y 18 en Cámara; el Partido de la U con 9 en Senado y 11 en Cámara; Cambio Radical con 7 en Senado y 8 en Cámara; la coalición Ahora Colombia con 5 curules en el Senado; Salvación Nacional con 4 en Senado y 1 en Cámara. En la Cámara continúa una lista de partidos y coaliciones hasta completar las 161 curules; el detalle completo puede consultarse en La Silla Vacía.

Dentro de los cálculos de la política burguesa, algunos sectores —como el Pacto Histórico— celebran el aumento de sus curules; otros, como el Partido Verde, lamentan sus pérdidas. Por su parte, los analistas políticos «neutrales» y los expertos en datos elaboran proyecciones sobre la posible aprobación de leyes y reformas con la nueva configuración del Congreso. El Pacto Histórico insistió durante los últimos dos años en que era necesario alcanzar mayorías para lograr la aprobación de sus reformas, pues no bastaba con tener un presidente «progresista» en el poder ejecutivo.

El problema, compañera o compañero que lee esta columna, es que estos análisis omiten un elemento clave que permite al pueblo trabajador orientarse sobre la utilidad real del Congreso.

Comencemos por explicar brevemente cómo funciona. En Colombia, el Congreso es bicameral, compuesto por el Senado y la Cámara de Representantes. Cada una de estas cámaras está dividida en siete comisiones permanentes:

1. Asuntos constitucionales
2. Relaciones internacionales
3. Hacienda
4. Presupuesto
5. Medio ambiente y agro
6. Servicios públicos
7. Salud, pensiones y trabajo

Cada comisión está integrada por miembros de los partidos que obtuvieron curules, distribuidos según el cociente electoral.

Para aprobar una ley —por ejemplo, la de salud—, esta debe ser estudiada y aprobada primero en la comisión correspondiente de la Cámara de Representantes (en este caso, la Comisión Séptima), luego pasar a la plenaria de la Cámara; si allí es aprobada, pasa al Senado, donde sigue el mismo proceso: comisión y luego plenaria. Este «tejemaneje» ya se evidenció con la reforma a la salud.

Un partido o coalición presenta un proyecto que, en el trámite legislativo, puede ser modificado hasta el punto de no parecerse en nada a la propuesta inicial (como ocurrió con el proyecto de ley estatutaria de educación), quedar a medias (reformas laboral y pensional) o ser hundido (reforma a la salud). En todos estos casos, los resultados no favorecen al pueblo.

Lo mismo ocurre con iniciativas que afectan a los capitalistas: suelen ser hundidas sin mayor debate. Por ejemplo, el proyecto de ley 214 de 2018, que buscaba imponer etiquetas a productos altos en azúcares, grasas y sodio, fue bloqueado[1], y cuando finalmente se aprobó en 2021, lo hizo con modificaciones que favorecieron a los empresarios del sector[2].

En los cálculos de los analistas, se plantea que el Pacto Histórico necesitaría hacer coaliciones con partidos «afines» para aprobar sus reformas. En términos reales, esto significa repartir «mermelada», es decir, negociar beneficios burocráticos y políticos a cambio de votos, incluso sin garantías de lealtad.

¿Cuál es entonces la pieza faltante? Aquella que explica por qué, incluso si el Pacto Histórico hubiera obtenido mayorías, no habría garantías de aprobar reformas que beneficien realmente al pueblo: el poder de la riqueza, que actúa mediante la corrupción de sus funcionarios lo que garantiza el control del aparato estatal.

En otras palabras, los capitalistas son los verdaderos dueños del poder. A través de la financiación de campañas y el pago a congresistas, aseguran que se bloqueen reformas que afecten sus intereses y se aprueben leyes que los beneficien. Esto explica la falta de «lealtad» de muchos congresistas y garantía de contratos y negocios favorables al gran capital. Ejemplo de ello es la trayectoria del llamado «progreso» de Sarmiento Angulo.

Una investigación reciente del portal Cuestión Pública ilustra este fenómeno: grandes grupos económicos como Sarmiento Angulo, Gilinski, Santo Domingo, Organización Ardila Lülle, Grupo Bolívar, GEA y Grupo Carvajal aportaron cerca de 4 mil millones de pesos a 84 congresistas en elecciones pasadas. ¿Puede esperarse que estos legisladores respondan a los intereses del pueblo que apenas aportó su voto?

Quien pone el dinero pone las condiciones. Y el dinero lo tienen los burgueses, terratenientes e imperialistas. Por eso afirmamos que el Estado no es neutral, sino que es una máquina de dominación al servicio de las clases dominantes para mantener sus privilegios y aplastar cualquier intento de subversión del pueblo ante las injusticias que padece y no importa quién gobierne. Lenin lo expresó claramente en El Estado y la Revolución:

«La omnipotencia de la «riqueza» es más segura en las repúblicas democráticas, porque no depende de la mala envoltura política del capitalismo. La república democrática es la mejor envoltura política de que puede revestirse el capitalismo, y por lo tanto el capital, al dominar […]esta envoltura, que es la mejor de todas, cimenta su Poder de un modo tan seguro, tan firme, que ningún cambio de personas, ni de instituciones, ni de partidos, dentro de la república democrática burguesa, hace vacilar este Poder».

En conclusión, las clases dominantes no permitirían fácilmente mayorías reales que amenacen sus intereses. Y aun si se lograran, no serían garantía de cambios sustanciales. Independientemente de quién gobierne, los trabajadores estamos llamados a continuar la lucha mediante la movilización, la huelga y otras formas de presión para conquistar nuestras reivindicaciones.

Lo fundamental es comprender que la falsa dicotomía entre derecha y progresismo oculta un elemento común: ambos buscan mantener y perfeccionar el Estado burgués, haciéndolo pasar como un instrumento al servicio del pueblo, cuando en realidad perpetúa la explotación, perpetúa el capitalismo, que en su fase de agonía, destruye la naturaleza y condena a millones a la miseria y la guerra, ¿vale la pena entonces prolongar la postrimería del capitalismo?

Por ello, planteamos la necesidad de superar este sistema con la revolución: destruir el Estado burgués y construir un nuevo Estado de obreros y campesinos, que cumpla la misión de emancipar a la clase obrera aboliendo todo privilegio de clase y toda forma de explotación, una aspiración que le conviene a toda la humanidad.

¡Abajo el podrido Estado burgués!
¡Viva el nuevo Estado de obreros y campesinos!

[1] https://cuestionpublica.com/ley-etiquetado-colombia-lobby/

[2] https://voragine.co/historias/investigacion/la-ley-de-comida-chatarra-una-ley-ultraprocesada/