La propuesta de Ley Estatutaria de Educación, celebrada por el Ministerio de Educación, los partidos de Gobierno y la oposición, desencadenó la furia de los trabajadores de la educación, en especial entre los docentes y directivos docentes que ven como resultan burladas y traicionadas las esperanzas que depositaron en el Gobierno, la ministra y los congresistas «amigos», con quienes creían posible una ley de educación que cumpliera con las exigencias que por muchos años vienen haciendo al Estado.
Uno de los puntos que más ha molestado a los docentes es el «Artículo 39. Procesos de evaluación» el cual, en su Parágrafo 2 señala que: «Para la mejora continua de la calidad de la educación, los resultados que obtengan las y los estudiantes en las pruebas de Estado servirán como criterio de evaluación de los docentes».
Este parágrafo, que vincula directamente la evaluación de los docentes a los resultados que obtengan los estudiantes en las pruebas de Estado, reduce la calidad educativa a lo que pueden medir unas pruebas estandarizadas, ignorando otras dimensiones esenciales del desarrollo humano, incluso mencionadas en el mismo artículo: cognitivas, socioemocionales, artísticas y de bienestar físico…
Y es que considerar las pruebas estandarizadas como un criterio de la evaluación docente, representa no solo un ataque a la labor pedagógica, sino un desconocimiento de lo que han denunciado los especialistas: que estas pruebas no tienen en cuenta las desigualdades socioeconómicas que afectan el desempeño de los estudiantes. Ahora pues, se pretende ignorar desde la ley que los resultados académicos son impactados por factores como las condiciones sociales del entorno y la pobreza de los estudiantes.
La pobreza y las privaciones limitan el acceso a recursos educativos esenciales como libros y tecnología; la falta de servicios de salud adecuados afecta la salud física y mental de los estudiantes, lo cual es fundamental para su aprendizaje. Además, el entorno familiar es determinante: el nivel educativo de los padres, que la súper explotación laboral les dé tiempo para poder involucrarse en la educación de sus hijos y para tener estabilidad emocional y económica del hogar… todos factores en los que el Estado tiene responsabilidad. Así pues, el aprendizaje efectivo de los estudiantes depende de una combinación de factores que trascienden la influencia directa del docente.
Igualmente, las condiciones escolares también son vitales para el aprendizaje: la cantidad de estudiantes por aula es fundamental, ya que el hacinamiento afecta negativamente el aprendizaje; que se cuente con la infraestructura adecuada (edificios, mobiliario y recursos tecnológicos, etc.); el acceso a recursos educativos como bibliotecas, laboratorios y materiales didácticos; la disponibilidad de programas de apoyo como tutorías y servicios de educación especial, son esenciales para atender las necesidades individuales de los estudiantes y promover un aprendizaje efectivo.
Y como si todo esto fuera poco, también están las características individuales de los estudiantes: su salud mental y emocional, sus estilos de aprendizaje, su motivación y demás aspectos que entran a determinar su capacidad de aprender.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, evaluar a los docentes basándose en las pruebas de Estado ignora las desigualdades estructurales y traslada la responsabilidad del rendimiento escolar exclusivamente a los maestros, sin considerar las condiciones objetivas en las que se desarrolla el proceso educativo, condiciones de las que el verdadero responsable es el Estado. Además, este enfoque es contraproducente puesto que aumentará la presión sobre los docentes, generando un entorno laboral aún más estresante y con mayor súper explotación.
Por otro lado, la implementación de evaluación docente basada en las pruebas estandarizadas afectaría aún más la calidad de la educación, por cuanto lleva a docentes y a directivos docentes a limitarse con objetivos a corto plazo y de bajo alcance (resultados de pruebas) en lugar de trabajar en una visión a largo plazo para el desarrollo integral de los estudiantes.
Aparte de afectar la calidad de la educación y las condiciones de bienestar de los docentes y los directivos docentes, de aprobarse esta Ley Estatutaria de Educación afectaría la estabilidad laboral de los docentes y los directivos docentes y sus aspiraciones de ascenso en el escalafón.
Muchos de los artículos de esta Ley Estatutaria de Educación y este Parágrafo 2 reflejan claramente el antagonismo de clase que hay en la concepción de la educación; por un lado, la visión del proletariado y su visión integral del desarrollo humano; y del otro, la torpe lógica burguesa que no puede pensarse más allá de los resultados cuantificables, reforzando una visión reduccionista y tecnocrática de la educación.
A quienes nos interesa conquistar realmente una educación pública de calidad para nuestro pueblo sabemos que es fundamental reconocer y abordar las condiciones materiales y socioeconómicas que afectan el proceso educativo, que se deben garantizar los recursos y el apoyo adecuado para nuestros estudiantes.
