El llamado «sueño americano» ha sido, durante mucho tiempo, uno de los objetivos de muchos colombianos, un pueblo migrante por excelencia. En un país con tanta desigualdad, con uno de los salarios más bajos del continente, con un alto porcentaje de desempleo disfrazado de informalidad y una violencia extrema ejercida por el Estado mediante sus fuerzas represivas, legales e ilegales, así como por grupos armados al servicio del negocio del narcotráfico, la posibilidad de emigrar y alcanzar una forma de vida que, sin ser suntuosa, permita al menos vivir con dignidad, impulsa a miles de personas a buscar la manera de llegar a Estados Unidos.
Este país imperialista, responsable en buena medida de esa situación por su histórica expoliación y sometimiento de Colombia a sus intereses —con la complacencia y complicidad de las clases dominantes nativas, que siempre han coincidido con esos intereses y se han beneficiado conjuntamente del sacrificio de los trabajadores—, ha permitido, en distintos períodos, el ingreso de mano de obra migrante cuando ello ha resultado conveniente para su economía. Le es rentable aprovechar una fuerza de trabajo más barata y altamente productiva. No es casual que buena parte de la riqueza de ese imperio se haya construido, durante más de 250 años, sobre el trabajo de millones de migrantes.
Sin embargo, los imperialistas estadounidenses abren o cierran las puertas a la migración según convenga a sus intereses económicos y electorales. En esta ocasión, el gobierno de Donald Trump convirtió la política antimigratoria en una de sus principales banderas para conquistar el apoyo de una parte de la población trabajadora, incluidos antiguos migrantes que ya habían logrado cierta estabilidad y que llegaron a creer que serían tratados como ciudadanos estadounidenses en igualdad de condiciones.
Lo verdaderamente dramático es que esta política antimigratoria constituye una declaración de guerra contra el conjunto de la clase obrera. Trump fortaleció el aparato represivo encabezado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que actúa con un uso desproporcionado de la fuerza contra personas extranjeras, sin importar, en ocasiones, si cuentan con ciudadanía, permiso de trabajo o residencia legal, y, por supuesto, persiguiendo también a quienes no han regularizado su situación migratoria.
Los hechos ocurridos en diferentes operativos despiertan una profunda indignación. Diversos registros oficiales reportan por lo menos 10 casos en los que agentes del ICE hacen uso letal de la fuerza alegando encontrarse en peligro. Uno de los más recientes es el del joven colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero, quien trabajaba como repartidor de domicilios y en el aseo de una veterinaria. Contaba con permiso de trabajo y número de seguro social, es decir, cumplía con los requisitos mínimos para laborar en Estados Unidos. Sin embargo, ello no impidió que fuera víctima del operativo, porque tenía cara de latino, porque se parecía a otro migrante, tal vez ese sí ilegal, al que iban a matar, pues ni siquiera cámaras están portando esta fuerza especial de asesinos.
Cuando el Estado burgués propone medidas de persecución y represión contra los «bandidos», los «vándalos», los «criminales» o los «ilegales», y promete construir megacárceles o endurecer las políticas de seguridad, detrás de ese discurso termina ampliándose el aparato represivo que, en la práctica, recae sobre el pueblo trabajador y, especialmente, sobre quienes se organizan y luchan. Mientras tanto, numerosos colombianos vinculados a grandes fortunas o incluso al negocio del narcotráfico han permanecido durante años en Estados Unidos sin recibir el mismo trato, evidenciando el carácter selectivo con el que suele aplicarse la persecución estatal.
Estas medidas represivas deben ser condenadas por todos los trabajadores. La división artificial entre migrantes ya establecidos y nuevos migrantes únicamente favorece al gobierno de Trump y a las clases explotadoras, que se benefician tanto de una fuerza laboral más barata como del terror sembrado por los aparatos represivos para desestimular la movilización popular contra estas políticas.
Las multitudinarias manifestaciones desarrolladas en distintos Estados contra la represión policial deben crecer y extenderse. Todos los trabajadores, independientemente de su nacionalidad, edad, religión o cualquier otra diferencia, tienen intereses comunes frente a la explotación y la represión. La lucha contra las políticas antimigratorias y contra las medidas represivas del gobierno de Trump forman parte de una lucha más amplia contra un sistema que, además de reprimir internamente, sostiene guerras, intervenciones militares y respalda genocidios en diferentes regiones del mundo.
Los trabajadores de Estados Unidos pueden y deben convertirse en una referencia para la lucha de los trabajadores del mundo. Es hora de unirse como una sola clase para responder a la creciente ofensiva de quienes se preparan para nuevas confrontaciones militares y buscan dividir al pueblo trabajador, convirtiendo a un sector de él en aliado de sus intereses mediante discursos de odio y la exaltación de las diferencias, en lugar de aquello que realmente nos une. Joan Sebastián, independientemente de sus preferencias políticas, así hubiese votado por Trump y Abelardo de la Espriella, era un trabajador igual que aquel que no votó, o que votó creyendo en el progresismo, todos jodidos por un mismo sistema.
Todo ello nos conduce a la urgente necesidad de avanzar en la organización política internacional de la clase obrera. Es necesario construir la Asociación Mundial del Proletariado, capaz de reunir a los obreros más conscientes y avanzados para concretar un plan de lucha internacional que enfrente la ofensiva de los capitalistas, quienes se unen en una verdadera cruzada para aplastar las luchas obreras en todo el mundo. Hoy, más que nunca, debemos hacer realidad la consigna: ¡Una sola clase, una sola lucha!
