Por estos días la realidad colombiana ha estado agudizada por las contradicciones «por arriba», con la politiquería desde el Congreso de la república, un Congreso podrido al estilo burgués y que no representa los intereses del pueblo colombiano.
Pero que se puede esperar de un país donde el poder sigue siendo del narco paramilitarismo, en cabeza del partido del Centro Democrático; que se puede esperar de ese movimiento cuyo fundador y asesor es proveniente de una familia mafiosa, como Álvaro Uribe Vélez; su papá, Alberto Uribe Sierra tuvo nexos con el cartel de Medellín, por lo que grandes territorios de Colombia son de la familia Uribe. A todo esto se suma que además son los protagonistas de asesinatos de líderes sociales y sindicales, y responsables de grandes desplazamientos de campesinos en Colombia, tal y como se documenta en el libro Por las Sendas del Ubérrimo.
Esos son los dirigentes políticos que detrás del poder siguen dominando y dirigiendo al país. ¿Qué pueden esperar la clase obrera y los oprimidos en Colombia cuando son ellos los que aprueban leyes en contra del pueblo colombiano, y que condenan los pocos derechos conquistados con la lucha obrera como la Ley 361 de 1997 sobre la Estabilidad laboral reforzada en salud?; y es que esta ley es un fuero para los trabajadores en estado de debilidad manifiesta por razones de salud, lo que quiere decir que un trabajador con el 15 % de discapacidad laboral, no puede ser despedido de la empresa, sin embargo, los despiden incluso con el permiso del Ministerio de Trabajo; y aunque ese fuero le sirve al trabajador para una lucha jurídica y lograr el reintegro, son migajas para los trabajadores, a las que los del partido del Centro Democrático se oponen argumentando que supuestamente esta ley podría tener un impacto negativo en la economía y en el empleo en Colombia.
Es el mismo discurso de los capitalistas y de los gremios cuando se trata de algún beneficio para los trabajadores por pequeño que sea, dicen los mafiosos del Centro Democrático y los uribistas que la estabilidad laboral reforzada eleva los costos para los empleadores, lo que podría desincentivar la contratación de quienes cuentan con enfermedades o discapacidades; así mismo, dicen ellos que podría afectar la productividad de las empresas, ya que estos trabajadores pueden requerir ajustes o ausencias, mejor dicho pobrecitos los capitalistas, van a «perder por todos lados».
Otros argumentos de los explotadores y sus representantes políticos es que los obreros abusan de este derecho en las empresas, pero todos estos argumentos se caen de su peso. Según FASECOLDA, a nivel nacional calificó 2705 enfermedades de origen laboral y en promedio se cuentan 30 de estas a diario y en lo que va de este año a junio se presentaron 127.065 accidentes de trabajo y 89 muertes de trabajadores por enfermedades laborales. Estos datos son los reportados sin tener en cuenta los miles de casos que no son denunciados y las miles enfermedades laborales que la Junta Nacional y Regionales de Calificación de Invalidez, en conciliábulo con las empresas, las da como enfermedad común para quitarle el fuero a los trabajadores.
Esta ha sido una lucha sindical contra un sistema en el que las Juntas de Calificación, en alianza con las empresas y las ARL como Sura, Positiva, Bolívar, Colmena, Liberty y AXA Colpatria, actúan a favor de los intereses capitalistas. Esas Juntas Regionales y la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, en lugar de proteger a los trabajadores, suelen fallar en favor de las empresas, calificando enfermedades laborales como comunes. Estas Juntas se han convertido en verdaderos antros de dictadura contra los trabajadores.
Es necesario que el movimiento sindical se movilice en contra de estas instituciones, que desamparan a quienes han entregado su vida al servicio de empresas capitalistas. Después de generar ganancias con su trabajo, muchos son despedidos enfermos y sin protección. Esta es la lógica del capitalismo: acumular capital a costa de la vida, sangre y sudor de los trabajadores y sus familias, con todo el aparato del Estado al servicio de ese fin.
Finalmente, todos —ARL, empresas y entidades financieras— se benefician de las cotizaciones obligatorias de empleadores y trabajadores independientes, generando billones de pesos que se invierten en otras economías. Todos ganan, menos la clase obrera y el pueblo colombiano.
Los uribistas argumentan que las empresas dejarán de contratar a los trabajadores enfermos, cuando por el contrario salen enfermos de estas, luego de hacer crecer sus riquezas y su capital. Para el pueblo colombiano debe quedar claro que al narco paramilitarismo y en general a los capitalistas se les debe enfrentar con la movilización y la organización de todo el pueblo colombiano en Asambleas Populares, de tal forma que todos los derechos que nos han sido arrebatados vuelvan a ser ley; la salud, la educación, el derecho a tener una vivienda digna, solo se logra mediante la unidad y la lucha dirigida y planificada desde las Asambleas Populares, donde con un paro general de la producción, los obreros y campesinos, el pueblo trabajador y la juventud popular hagan ceder a los capitalistas, no con pactos y acuerdos nacionales, sino con el levantamiento popular, que además enfrente a esa facción narco paramilitar que se ha hecho rica y dueña de la mitad del país a costa del sudor y la vida de los trabajadores del campo y la ciudad.
Es hora de arrancar por medio de la lucha directa todos los derechos de la clase obrera, de los campesinos y en general del pueblo colombiano, como las derogatorias de las leyes 50, 100 y en general todas las leyes antiobreras y antipopulares que han decretado en contra de nuestro pueblo y a favor del capital; ¡que esta unidad se convierta en un paso firme hacia la organización del proletariado en un Partido político independiente que dirija la revolución social y política donde sean realmente los productores los que dirijan la sociedad colombiana!
