Como es típico de la ley burguesa, la propuesta de Ley Estatutaria de Educación, concertada, consensuada y aplaudida por el Ministerio de Educación, los partidos afines al gobierno del «cambio» y los partidos de «oposición» (servidores de la burguesía e incluso de la mafia), en el papel es muy bonita. Leamos:
Artículo 40. Bienestar integral y dignificación de la labor docente y directiva docente y de los trabajadores del sistema educativo. En todos los niveles de la educación, se garantizará progresivamente condiciones laborales justas y dignas para las y los docentes y directivos docentes, así como condiciones de bienestar, con énfasis en lo psicológico y psicosocial, que permita a las y los docentes enfrentar las múltiples condiciones sociales que se manifiestan en el aula y garantizar ambientes laborales adecuados. También se garantizará progresivamente condiciones de bienestar, dignas y justas para todas las personas que trabajan directa e indirectamente en los establecimientos educativos e instituciones de educación superior.
Todo lo dicho en el texto es muy bonito, pero es hipócrita al dejar todo en la generalidad y no abordar los factores más críticos para verdaderamente lograr los objetivos que supuestamente se propone. Este artículo, en particular, no es específico en cuanto a las necesidades concretas para garantizar el Bienestar integral y dignificación de la labor docente y directiva docente y de los trabajadores del sistema educativo; por contraste, sí es específico el Artículo 39. Procesos de evaluación cuando se refiere a la obligatoriedad de la evaluación docente y su condicionamiento a los resultados en las pruebas de Estado.
Aunque el Artículo 40 plantea de forma general la importancia de garantizar progresivamente condiciones laborales justas y dignas, así como el bienestar psicológico y psicosocial de los docentes, directivos docentes y trabajadores del sistema educativo, omite una consideración fundamental: las relaciones técnicas entre docentes y estudiantes.
En el Artículo 40 no se habla de esta cuestión cardinal. En ninguna parte del texto de la reforma se mencionan los aspectos que el magisterio ha planteado desde hace tiempo como indispensables para contribuir al bienestar laboral: cantidad de estudiantes por aula, jornada laboral, etc.
La verdadera mejora en las condiciones laborales y el bienestar integral de los docentes y los estudiantes no puede lograrse sin abordar el problema del hacinamiento en las aulas, pues las clases con un alto número de estudiantes no solo dificultan la capacidad del docente para ofrecer una atención personalizada y adecuada, sino que también exacerban el estrés y las condiciones laborales adversas.
El hacinamiento en las aulas genera sobrecarga de trabajo. La incapacidad para gestionar adecuadamente las necesidades individuales de los estudiantes y la presión para cumplir con los estándares educativos en condiciones óptimas contribuyen a un entorno laboral insostenible para los docentes.
Además, la reducción de la cantidad de estudiantes por aula no solo mejora el bienestar de los docentes, también es crucial para el bienestar estudiantil; grupos más pequeños permiten una interacción más directa y significativa entre estudiantes y docentes, fomentando un mejor ambiente de aprendizaje, más inclusivo y efectivo. Esto es particularmente importante en contextos donde las condiciones sociales y económicas de los estudiantes generan desafíos adicionales en el aula. Pero el Estado burgués prefiere aulas sobrepobladas que perpetúan las desigualdades educativas y obstaculizan el desarrollo integral de los estudiantes.
El Artículo 40 refleja una desconexión entre la declaración de intenciones y las medidas concretas necesarias para realizarlas. Sin una reducción significativa en la cantidad de estudiantes por docente, las promesas de bienestar integral y dignificación laboral para los docentes y trabajadores educativos son mera retórica. Además de ello, no se puede tener un bienestar docente con una evaluación que al estar definida por resultados de las pruebas externas pone en riesgo la salud mental de los profesores.
La implementación de relaciones técnicas más favorables no solo es un paso necesario para mejorar las condiciones laborales, sino también un requisito indispensable para asegurar una educación de calidad que beneficie tanto a los educadores como a los estudiantes. Esta omisión subraya una tendencia a abordar superficialmente los problemas estructurales profundos dentro del sistema educativo, sin confrontar las verdaderas causas de las dificultades que enfrenta el sector.
Es así que, ante el ataque que representa esta propuesta de reforma educativa, al magisterio no le queda otro camino que el de la lucha callejera; la movilización y la organización con la convicción de que: ¡Sólo el pueblo, salva al pueblo!
Los docentes, estudiantes y trabajadores de la educación, en todos sus niveles (inicial, primaria, secundaria, técnica y superior) deben disponerse de inmediato a organizar los verdaderos espacios de poder popular: las Asambleas Populares. Por ello es fundamental que el magisterio movilizado, con la lucha en las calles, impida la aprobación de esa nefasta reforma y se sume a la preparación de la Asamblea Nacional Popular, independiente. Asamblea que se realizará en Cali el 13 y 14 de julio y que se propone reunir a los luchadores, los trabajadores del campo y la ciudad que están dispuestos a luchar por hacer reales las demandas que llevaron al levantamiento popular del 2021 y que desde el congreso se vienen bloqueando y recortando.
