Para el proletariado revolucionario el gobierno del aboganster Abelardo De La Espriella, no ha sido un simple recambio electoral, sino el efectivo y evidente apoyo de las facciones en el seno de la burguesía colombiana. Este abogado y millonario que en 2008 respaldó públicamente al jefe paramilitar Salvatore Mancuso, llegó a la Casa de Nariño respaldado por Donald Trump, con la promesa, entre otras cosas, de sumar a Colombia al Escudo de las Américas «contra el narcotráfico», promesa que desde luego ya cumplió a rajatabla para beneficio de sus patrones imperialistas.
Para ello ejecuta medidas antipopulares pues el Estado burgués nunca será el Estado de los trabajadores, por eso no sorprenden las medidas de lo que ellos llaman ajuste —que es la socialización de las pérdidas de la burguesía, mientras se mantiene el carácter privado de las ganancias—, que plantean hacer avanzar por medio de decretos y proyectos de ley, incluso con la declaración de «apoyar en la redacción de un proyecto de ley», lo que supone una clara relación de lacayos de la burguesía financiera internacional, y por tanto de lacayos del imperialismo.
El Ministerio de Hacienda propone además un pacto de estabilización tributaria a diez años para blindar de impuestos a la inversión extranjera, mientras estudia derogar el decreto que trasladó recursos de los fondos privados de pensiones al sistema público, al tiempo que desde figuras afines al gobierno se propone ampliar la base gravable, castigando a los pobres para aliviar a los ricos. El gasto prioritario se concentra supuestamente en seguridad, infraestructura y energía, ignorando por completo los proyectos de reforma agraria, laboral y pensional que, aunque insuficientes, son necesarios para mejorar la situación material del proletariado urbano y agrícola. Sin dejar de mencionar, por supuesto, que para los damnificados por el terremoto del pasado 10 de agosto la ayuda ha sido nula, de apenas migajas, por demás insuficientes para la magnitud del daño generado por las condiciones de miseria capitalista. A este respecto, aún no aparece el dinero enviado por diferentes países a Colombia para atender la emergencia, dinero administrado por Ana Lucía Pineda, esposa de Abelardo De La Espriella.
Sumado a ello el Estado pela los dientes. El frente más duro es el represivo. ADLE anunció un protocolo para que la Fuerza Pública intervenga universidades públicas ante «protestas violentas», sosteniendo que «la autonomía universitaria no está por encima del orden público», en una clara afrenta a la autonomía universitaria que, por lo menos en lo formal —la Constitución Política de 1991—, costó décadas de lucha, muertos, sangre y sudor.
En Santa Marta hizo gala de su show performativo y patrulló armado junto a tropas en medio de un paro armado del grupo narcoparamilitar Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), lanzando frases que se volvieron titulares, advirtió que quien no se sometiera terminaría «en una bolsa y muerto», prometiendo «los vamos a cazar». Desde luego, estas declaraciones, aunque mencionadas en medio de supuestos enfrentamientos contra grupos narcoparamilitares, en realidad van dirigidas contra los luchadores del pueblo trabajador, que cada día se organizan y se preparan para los asaltos contra este gobierno.
A esto se suma que el propio Gobierno tuvo que litigar para reservarse la difusión de imágenes de personas abatidas durante operativos, mientras continúan saliendo a la luz acusaciones comprobadas de «falsos positivos» cometidos por las podridas fuerzas militares de la burguesía. Al mismo tiempo, los atropellos y abusos contra el pueblo siguen siendo pan de cada día.
Y ante todo esto la respuesta del pueblo no puede hacerse esperar. Todo el conjunto del proletariado tiene una responsabilidad histórica en este momento, como la clase que es la absoluta y enorme mayoría de la población, la que todo lo produce y lo fabrica, de enfrentar de manera contundente, masiva y combativa al Estado, hoy dirigido por el tinterillo de la mafia. Para esto, es necesario tener la perspectiva de orientar la lucha hacia el paro general de la producción, como parte de una huelga política de masas que le permita a la clase obrera erigirse como clase no solo social, sino como la clase revolucionaria que puede y debe dirigir la transformación de la realidad.
Cortar las calles, avenidas y autopistas principales con la fuerza de movilización permanente de las masas populares, parar la producción en las fábricas haciendo huelgas, boicotear la logística empresarial, no permitir que nuestros compañeros vayan a trabajar… estas y muchas más son formas de afectar los bolsillos de los explotadores. Sin embargo, y esto es fundamental, más allá de lo espontáneo de las masas, es necesaria la organización consciente y revolucionaria de los elementos más avanzados de los trabajadores en un dispositivo político de vanguardia restaurado: el Partido Comunista Revolucionario de Colombia.
