EL pasado mes de julio el Consejo Gremial Nacional a través de Fasecolda, uno de sus afiliados, presentó al gobierno de Iván Duque una «Propuesta de enajenación de las acciones de la Nación en Ecopetrol», como parte de las propuestas o exigencias de los empresarios y banqueros al Estado, muy preocupados por el crecimiento económico, la estabilidad financiera y fiscal del país, o dicho en otras palabras, pensando en la rentabilidad de los negocios del Estado que les permitan acrecentar sus fortunas, liquidando empresas, despidiendo trabajadores, reduciendo salarios, tercerizando la contratación, super explotando mano de obra, succionando la riqueza que genera el trabajo social.
No vamos a detenernos en el carácter de este gremio empresarial y financiero ya que se ha explicado en otros artículos (ver: Contra la farsa electoral y el plan de gobierno de los explotadores…) desde antes de las elecciones presidenciales; lo concreto es que esta iniciativa busca entregar las acciones del Estado en Ecopetrol a empresas privadas principalmente extranjeras, para invertir en obras de infraestructura que «conlleven al desarrollo económico». Sí, tal y como demostró la venta de Isagen en 2016, lo que significa «regalar» una empresa Estatal en un punto muy alto de rentabilidad, recibir a cambio miles de millones de pesos, ejecutar una que otra obra de pésima calidad como el Puente Chirajara, embolsillarse una gran parte de ese capital y dejarle a los trabajadores y a la comunidad miseria y súper explotación.
Y es que ya se conocen las consecuencias del proceso de venta de la empresa petrolera: miles de trabajadores a la calle, subcontrataciones y pérdida de las reivindicaciones que particularmente en este sector se han conseguido a través de la lucha constante, incluso el aniquilamiento de los sindicatos y con ellos la desmoralización de los trabajadores al perder el instrumento organizativo que les permite resistir los abusos de la empresa, los efectos inmediatos en el entorno social y geográfico de las zonas de excavación, la arremetida con el fracking como método de extracción del crudo y, por supuesto, todo el dinero que terminará en los bolsillos de la burguesía para sus grandes negocios.
La propuesta despertó el rechazo de algunos senadores y organizaciones, pero sobre todo y más importante, ocasionó la respuesta de los trabajadores organizados en la Unión Sindical Obrera. El sindicato más grande de la empresa petrolera que, a propósito ha presentado su pliego de peticiones y está próximo a iniciar la negociación de la Convención Colectiva, se pronunció de inmediato advirtiendo que declarará la Huelga General si la idea de la privatización se formaliza.
Pero en medio de esta respuesta ya la Empresa ha iniciado una campaña de desprestigio y amenaza bajo los argumentos de posible ilegalidad de la huelga por tratarse de un servicio esencial para el país; está claro que desde ahora los capitalistas buscan seguir los pasos del proceso contra los trabajadores de Avianca, en el que se unieron y se cobijaron con las leyes burguesas hechas a su medida para aplastar el movimiento huelguístico de los pilotos de la aerolínea y la organización de los trabajadores tercerizados que también reclamaban por sus derechos. Lo sucedido en Avianca demostró el odio profundo de los capitalistas contra los trabajadores, pero también el temor que tienen a su organización y lucha decidida, sobre todo a la Huelga.
Revolución Obrera respalda la decisión de los obreros petroleros de salir a la Huelga, porque ésta la mejor forma de defender los puestos de trabajo y mejorar las condiciones de las familias trabajadoras. Los obreros de Ecopetrol afiliados a la USO saben por experiencia que el arma poderosa de la huelga les ha permitido adelantar la lucha de resistencia, enfrentar los abusos de los capitalistas y el Estado que los representa, y conquistar sus reivindicaciones.
En ese sentido, los trabajadores de Ecopetrol necesitan fortalecer su organización desde la base, tener claro que el Estado sirve exclusivamente a los intereses de los capitalistas y por eso no pueden confiar en ellos, ni mucho menos confiar en los politiqueros que llaman a proteger la tal «producción nacional», es decir, la reivindicación de una supuesta burguesía nacional, que también se enriquece con el sudor y la superexplotación del trabajo y la destrucción de la naturaleza en contubernio con los monopolios imperialistas.
Resulta importantísimo lograr el respaldo de las organizaciones sindicales, campesinas y populares preparándose para enfrentamientos más fuertes, más poderosos como un Paro Nacional Indefinido con el que se obligue a los explotadores y al Estado a retroceder, no solo en la pretensión de culminar la privatización de las empresas estatales, sino además evitar la imposición de las reformas nefastas que empujan a los trabajadores a la miseria, roban la tierra a los campesinos, dejan sin educación y sin servicio de salud al pueblo, así como para impedir que continúen asesinando a los líderes sociales de los trabajadores.
Los obreros de la USO, las demás organizaciones sindicales y la clase obrera en general deben comprender que la lucha de resistencia económica hace parte de la lucha general de los proletarios por su emancipación definitiva; por eso es necesario rescatar la independencia de clase de sus organizaciones y constituirlas en escuelas para elevar la conciencia política de los trabajadores, entrenar y organizar mejor sus fuerzas para la lucha definitiva por la transformación revolucionaria de la sociedad.
