El siguiente artículo llega a nuestro correo y hemos decidido publicarlo partiendo de que es una denuncia contundente a la opresión a la mujer que el sistema capitalista ejerce sobre las mujeres y destaca especialmente contra las trabajadoras y las más pobres. Es un escrito que devela cómo las leyes y la moral dominante son instrumentos del Estado burgués para perpetuar un control clasista y de género sobre los cuerpos de las mujeres, subordinándolas a un rol reproductivo que sostiene la reproducción de la fuerza de trabajo y la desigualdad social. La insistencia de ciertos sectores conservadores, mayoritariamente masculinos y representantes de la oligarquía, en restringir el derecho al aborto, no es más que una manifestación del poder de clases que busca doblegar la libertad de las mujeres para tomar decisiones sobre sí mismas. Dejamos a nuestros lectores este escrito donde la compañera entiende que la libertad real de las mujeres solo podrá alcanzarse con la transformación radical de las relaciones de poder y propiedad que sostienen el capitalismo.
Revolución Obrera
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¿Qué hace un hombre opinando sobre el cuerpo de una mujer?
Esa pregunta no deja de darme vueltas, compañeras, desde que vi a un grupo de congresistas, en su mayoría hombres, intentando reformar la Constitución para volver a decidir sobre nuestros cuerpos. Son los mismos que durante años han dicho que la Constitución colombiana se respeta, y ahora buscan modificarla cuando una decisión de la Corte Constitucional no coincide con sus convicciones. Olvidan convenientemente que el derecho a la vida también incluye a la madre gestante, y que la moralidad, mucho menos la de un hombre, no tiene lugar en este debate. Y olvidan, sobre todo, que en este país las leyes y la moral siempre se han aplicado dependiendo de cuánta plata se tenga en el bolsillo.
Para entender la magnitud de esta hipocresía, basta con leer lo que la propia ley dicta. Quienes buscan restringir nuestros derechos se escudan en el Artículo 11 de la Constitución Política, el cual advierte que “el derecho a la vida es inviolable”. Sin embargo, el término de la inviolabilidad lleva implícita la carga jurídica de la ilegitimidad. Es decir, que la vida no puede verse afectada “ilegítimamente” y que el Estado debe protegerla contra cualquier agresión antijurídica. Pero, ¿qué hay de la agresión antijurídica y estructural del Estado contra nosotras, especialmente contra las mujeres más pobres?
La jurisprudencia constitucional es clara respecto a nuestro derecho a decidir:
DERECHO A LA LIBERTAD DE CONCIENCIA – Concepto y Alcance de la protección: “El concepto de conciencia (…) comprende el propio e íntimo discernimiento acerca de lo que está bien y lo que está mal; de allí que la disposición proteja el derecho a la conciencia moral (…). En otras palabras, hace referencia a la potestad de cada persona para discernir entre lo que resulta ser el bien o el mal moral en o frente a una determinada situación y, conforme a esta, guiar su conducta, sin que alguna de tales determinaciones pueda ser incentivada u objeto de una intervención desproporcionada por parte del Estado o de terceros”.
El reconocimiento de la dignidad de las mujeres y las niñas implica que el legislador valore como un bien jurídico relevante nuestra libre opción a la maternidad. La tipificación del aborto como una prohibición absoluta da lugar a una instrumentalización de la mujer, nos reducen a un fin reproductivo bajo la amenaza del derecho penal. Y seamos sinceras, compañeras, esa amenaza penal siempre está diseñada para aplastar a la obrera, no a la heredera.
Medio siglo de lucha contra un Estado opresor
Hablar de aborto es también hablar de quienes anhelan maternar y se estrellan contra un país que no les ofrece ni la más mínima garantía. Nuestro mayor desgaste no ha sido solo la lucha íntima, sino resistir la embestida de un Estado que juró proteger nuestros derechos constitucionales, pero que en la práctica opera como un capataz que busca dominar nuestros cuerpos.
Llevamos más de medio siglo en pie de guerra, compañeras. Han intentado amordazarnos e invisibilizarnos, exactamente como quisieron hacerlo con compañeras como Mónica Roa, quien tuvo la valentía de liderar la demanda que nos permitió la despenalización en tres causales en 2006. Y luego, empujadas por la fuerza imparable de las organizaciones y del movimiento Causa Justa, le arrancamos a la historia el fallo de 2022.
Pero que quede claro, acceder a un aborto, incluso cuando es una decisión soberana y libre, sigue siendo un tránsito complejo. Y no solo por el desgarro físico o el peso psicológico, sino por el viacrucis institucional al que nos someten. Hablo de la violencia obstétrica sistemática; de la crueldad de ginecólogos y médicos en las EPS que se disfrazan de jueces para imponer sus objeciones morales, levantando barreras cínicas para bloquear nuestro acceso a la IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo).
Y aquí es donde la crítica tiene que ir más allá de la normatividad vigente. El problema estructural no son sólo las leyes en sí, sino un sistema que permite que nuestras libertades mínimas sean un privilegio. Hablemos claro, porque hay un tema de clase alli, no es lo mismo la suerte de la obrera, de la mujer trabajadora que tiene que pelear a gritos y enfrentarse al sistema de salud público para que le autoricen un aborto, que la de una «burguesita» que tiene para pagar una clínica privada que le «proteja» la vergüenza familiar. No estamos bajo las mismas condiciones, mientras la trabajadora y mujer empobrecida la arrinconan entre ir a una cárcel o arriesgar su vida a la clandestinidad, la de plata resuelve el incidente pagando una clínica a puerta cerrada.
Históricamente han querido usurpar nuestra voz como un mecanismo de sometimiento absoluto. Ayer, con esa misma arrogancia, dictaminaban que las mujeres no éramos aptas para votar; hoy nos sentencian diciendo que no somos dueñas de nuestro propio vientre. Si bajamos la guardia, compañeras, nos irán despojando de cada conquista, gota a gota, y si no luchamos ahora para hacernos escuchar, mañana será demasiado tarde. Las mujeres afganas no amanecieron sin derechos de un día para otro; fue una erosión lenta, un silencio complaciente que terminó en condena. Que no se nos olvide nunca que renunciar a un derecho es renunciar a nuestra libertad.
No son «Pro-vida», son Pro-nacimiento forzado y clasista
A estos sectores no les importa si una mujer sufre o si cada día tiene menos derechos. Lo único que les importa es el control total sobre nuestros cuerpos, porque no les sirve una mujer inteligente, libre y consciente de su clase. No les importa la vida del feto, solo tener el control y el poder.
No son pro-vida, son pro-nacimiento forzado. Le llaman «proteger la vida» a obligar a una niña violada a parir el hijo de su agresor, como si las mujeres fuéramos propiedad del Estado. Y esa «vida» que tanto dicen defender, apenas nace, la abandonan a su suerte. Se roban hasta la plata de la educación de los niños. ¡No defienden la vida después del nacimiento! Son unos antiderechos, lo que buscan es la maternidad forzada para seguir alimentando la desigualdad.
Hoy, esa bancada que se hace llamar «provida» busca meterle la mano a la Constitución. Este proyecto lo firman personajes como Sara Castellanos (senadora de Abelardo de la Espriella por Salvación Nacional e hija de los pastores de la Misión Carismática Internacional), David Cote del Centro Democrático, JP Hernández y Miguel López. Hablemos de Sara Castellanos, porque es el ejemplo perfecto de una burguesa legislando desde el privilegio, pontificando sobre nuestros cuerpos mientras desconoce lo que es ser una mujer pobre y trabajadora en Colombia. Estos partidos tradicionales llevan desde 1998 radicando 9 proyectos para restringir el aborto, cruzando los dedos para ver si algún día alguna de sus radicalidades les pega, sabiendo perfectamente que sus propias hijas jamás pisarán los mataderos clandestinos a los que nos quieren condenar a las demás.
Si esto se aprueba, dejaría sin efectos la Sentencia C-055 de 2022 de la Corte Constitucional, que despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación y mantuvo su acceso sin límite de tiempo bajo tres causales históricas:
1. Cuando el embarazo pone en riesgo la vida o la salud de la mujer.
2. Cuando existe una malformación fetal incompatible con la vida.
3. Cuando el embarazo es consecuencia de violación, incesto o inseminación no consentida.
El Cuento de la Criada es una advertencia, no un manual
No estamos exagerando. Dicen que es lamentable, pero esto ya pasó en Estados Unidos en 2022. Tras la presión de grupos cristianos, la Corte Suprema eliminó el derecho al aborto y hoy las mujeres allí (especialmente las mujeres de clase trabajadora) tienen menos derechos reproductivos que hace algunos años. Dicen proteger a los niños, pero nos quieren arrebatar derechos, nos quieren pariendo y calladas. Lo único que logran con sus prohibiciones es que vuelvan los abortos clandestinos, esos que sí ponen en riesgo real la vida de las mujeres. ¿Esa es la «protección a la vida» que defienden?
Cada vez que escucho estos discursos no puedo evitar pensar en El cuento de la criada, no porque Colombia sea Gilead. Sino porque Margaret Atwood escribió una advertencia sobre lo que ocurre cuando el Estado decide que el cuerpo de las mujeres deja de pertenecernos para convertirse en un instrumento de reproducción. Los derechos nunca desaparecen de un día para otro. Primero se cuestionan, después se restringen, y finalmente se pierden, no podemos normalizar ese camino porque una vez que un derecho retrocede, recuperarlo cuesta décadas de lucha.
Por eso, compañeras, la lucha tiene que ir tras el problema estructural. Conformarnos con la normatividad sin atacar la desigualdad es un error. Podar el árbol no lo va a tumbar, solo lo va a hacer más frondoso. Si no cuestionamos un sistema de raíz, que hace que nuestra dignidad dependa del estrato social, las leyes seguirán siendo papel mojado.
Colombia es un Estado laico, nuestros derechos no pueden depender de una interpretación religiosa, ni de la moral particular de un grupo político. Nuestros cuerpos no pertenecen al Estado, no pertenecen a la Iglesia, no pertenecen a ningún congresista, nos pertenecen a nosotras.
Insisto, resisto e invito a que no nos quedemos calladas. Sigamos alzando la voz contra quienes nos oprimen compañeras, porque los derechos de las mujeres nunca han sido un regalo, han sido conquistas, y las conquistas también pueden perderse si dejamos de defenderlas. Somos dueñas de nuestros cuerpos, somos dueñas de nuestras decisiones, y ninguna bancada, ningún partido político y ningún hombre debería poner en duda nuestra libertad.
Por eso vuelvo a preguntar.
¿Qué hace un hombre opinando sobre el cuerpo de una mujer?
Margarita Florez. Estudiante de Licenciatura en Ciencias Sociales, Feminista y Defensora de los Derechos Humanos.
