La situación actual en las universidades públicas del país, como siempre, no escapa a las dinámicas de la lucha de clases ni mucho menos al modo de producción capitalista. En medio del cambio de gobierno —es decir, el cambio de administrador de los negocios de los ricos—, se ha visto en los últimos días la avanzada de la reacción al interior en los recintos educativos de educación superior pública. Hagamos un breve recuento con un par de hechos concretos de los últimos días.
En la Universidad Nacional de Colombia, el pasado 29 de julio en la noche, un grupo de estudiantes retiró la pancarta que Sintraunal mantenía en una entrada del campus en apoyo a la Constituyente Universitaria y en contra del rector ilegítimo Ismael Peña. Según el sindicato, uno de ellos —representante estudiantil— iba encapuchado y sostenía un arma blanca de forma amenazante; el estudiante lo niega, aunque admite haber portado un objeto cortopunzante esa noche. Minutos después, él y dos acompañantes fueron atacados por otro grupo de encapuchados que les causó heridas graves, incluyendo al menos ocho puñaladas a uno de los estudiantes. Independientemente de cómo se resuelva esta disputa puntual, lo que no sorprende es que un gobierno universitario impuesto por vía judicial, sordo a las demandas de una Constituyente democrática, termine viendo cómo la situación se le sale de las manos por su ineptitud.
En la Universidad Tecnológica de Pereira, la administración al mando del ilegítimo rector Luis Fernando Gaviria Trujillo —y hermano del expresidente liberal César Gaviria— junto a la policía asesina, represora del pueblo y defensora de la propiedad privada y el Estado burgués, anunciaron una cooperación con miras a «fortalecer el campus y la parte externa». Esta alianza no es una casualidad, sino la expresión de cómo el Estado burgués articula sus aparatos represivos cuando el movimiento estudiantil amenaza con organizarse. No es casual que llegue mientras crece la exigencia de una universidad en condiciones dignas para estudiar; ante la organización de las masas, la respuesta de la clase dominante ha sido y sigue siendo la represión, abierta o encubierta.
Estos hechos son expresiones particulares de una misma contradicción: la que enfrenta al estudiantado y al profesorado organizado contra un Estado que administra la universidad pública como un negocio más al servicio del capital. Ya sea mediante la judicialización de las rectorías, la violencia represiva impune en los campus, o la alianza entre rectores-empresarios y la fuerza pública, el objetivo es impedir que la organización popular se consolide.
Frente a esto, la tarea es la denuncia sistemática y, sobre todo, la organización de base: comités estudiantiles, alianza obrero-estudiantil con sindicatos independientes, y la construcción paciente y consciente de un movimiento combativo que no dependa de la buena voluntad de rectores ilegítimos.
La universidad, bajo el capitalismo, jamás ha sido neutral, es un campo más de la lucha de clases. Frente a la ofensiva de la reacción, solo cabe la organización y lucha revolucionaria de las masas. Las asambleas estudiantiles ligadas a las asambleas populares, donde el movimiento estudiantil una sus luchas a las del pueblo en general, organizando en una sola plataforma o programa inmediato las exigencias que desde 2021 siguen vigentes, así como las formas de lucha para conquistarlas. Esta es la tarea inmediata para que obreros, campesinos, mujeres, jovenes, estudiantes y las masas populares retomen su organización asamblearia que decida y ejecute las tareas y decisiones para enfrentar el reaccionario gobierno que inicia este 7 de agosto.
¡Un sólo pueblo! ¡Una sola lucha!
