Por A.O
Antes siquiera de posesionarse, el gobierno electo de Abelardo de la Espriella ha revelado ante quién responde. Este 13 de julio, el vicepresidente electo José Manuel Restrepo, junto a los ministros designados de Hacienda y Comercio, viajó a Washington para negociar con el Grupo Banco Mundial, una hoja de ruta económica que regirá al país hasta 2030. La escena es elocuente, mientras el pueblo trabajador colombiano no ha sido consultado sobre una sola de estas decisiones, sus futuros gobernantes ya discuten con la Corporación Financiera Internacional (IFC) y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), brazos del capital financiero internacional, el destino de la economía nacional. No hace falta esperar al 7 de agosto para conocer el carácter de clase de este gobierno: la gran burguesía colombiana, incapaz de sostener un proyecto nacional propio, prefiere correr nuevamente a poner la firma donde Washington dicta.
El comunicado oficial habla de responsabilidad y consolidación fiscal frente a una deuda pública que roza el 60 % del PIB. En el lenguaje del imperialismo financiero, estas palabras solo significan el ajuste estructural que ya conocemos desde los años noventa. Recortes al gasto social, contención salarial, privatización de lo que aún queda de lo público y flexibilización laboral disfrazada de modernización —no en vano el propio gobierno electo debió salir a desmentir, apenas un día antes, que impulsaría el trabajo por horas—. La deuda no es un accidente técnico, es el instrumento clásico mediante el cual el capital financiero disciplina a los pueblos del Sur, convirtiendo cada préstamo en una hipoteca sobre la soberanía nacional. Cuando el Banco Mundial y el BID se sientan a «acompañar técnicamente» a un gobierno entrante antes de que este pise la Casa de Nariño, lo que en realidad ocurre es la subordinación anticipada de la política económica a los intereses del gran capital internacional.
Y es que el Banco Mundial no es neutral, es un instrumento del imperialismo. Es necesario decirlo sin eufemismos, el Banco Mundial, la IFC y el MIGA no son organismos técnicos neutrales que «ayudan al desarrollo». Son instrumentos financieros mediante los cuales el imperialismo que nos subyuga, encabezado históricamente por Estados Unidos, asegura la extracción de valor desde las economías dependientes hacia el Centro Imperialista. Su función no es sacar a Colombia del subdesarrollo, sino administrar ese subdesarrollo de forma que siga siendo rentable para el capital extranjero. La oferta de acompañamiento a cambio de garantías de inversión, especialidad precisa del MIGA, no es más que la apertura de nuevos sectores de la economía nacional a la propiedad y el control a manos de multinacionales.
Restrepo ha sido explícito, la prioridad del nuevo gobierno es que Estados Unidos continúe siendo el principal socio comercial y militar de Colombia. Esta declaración confirma la naturaleza semicolonial de las relaciones que este gobierno pretende profundizar. Reunirse con congresistas de ambos partidos y con funcionarios de la administración Trump en la misma gira en que se negocia la hoja de ruta económica no es casualidad, es la reafirmación del pacto histórico entre la oligarquía criolla y el imperialismo norteamericano, un pacto que durante décadas ha significado bases militares, intervención contrainsurgente y saqueo de recursos, siempre bajo el ropaje de la cooperación.
Mientras la delegación colombiana negocia en las oficinas de Washington, en el campo colombiano la reforma agraria —desde luego insuficiente a ojos del proletariado revolucionario— enfrenta el sabotaje de los mismos sectores que hoy celebran esta gira, y en las ciudades la clase obrera se prepara para asumir, una vez más, el costo del ajuste que exige el capital financiero. No es casual que, en la misma semana, distintos sectores populares y campesinos anuncien la construcción de redes de defensa de las conquistas democráticas logradas en años recientes, pese al carácter limitado de las mismas. La contradicción es clara, de un lado, una burguesía que entrega la soberanía a cambio de préstamos y garantías; del otro, un pueblo trabajador que ya paga, y seguirá pagando, la factura de una deuda que nunca decidió contraer.
Frente a este arrodillamiento anticipado, la tarea de los comunistas y de las organizaciones populares no es esperar resignadamente el 7 de agosto, sino denunciar desde ya el carácter entreguista de este gobierno y organizar el levantamiento de obreros, campesinos y sectores populares frente al ajuste que se avecina. Ninguna hoja de ruta firmada en Washington puede tener legitimidad. La soberanía no se negocia con el Banco Mundial ¡se conquista con la organización independiente y la lucha revolucionaria del pueblo trabajador!
