Lo que está ocurriendo con las mujeres en Colombia y en el mundo no se puede seguir tratando como una suma de hechos aislados. No son «casos», no son «excesos individuales», son la expresión descarnada de una violencia que el sistema no solo permite, sino que reproduce. La tan proclamada igualdad para las mujeres existe como una formalidad jurídica que se corrobora en la cotidianidad.
Y cuando el sistema entra en crisis —como ocurre hoy— esa violencia no disminuye, sino que se profundiza. La precariedad económica se traduce en deterioro de las condiciones de vida, pero también en una crisis social, política e ideológica que abre paso al resurgimiento de posturas abiertamente retrógradas. En ese sentido, los derechos de las mujeres son de los primeros en ser cuestionados o directamente pisoteados.
Pero esta situación no surge de la nada. Tiene raíces históricas profundas. La subordinación de la mujer está ligada al origen de la propiedad privada y a la división de la sociedad en clases. Desde entonces, su lugar ha sido moldeado por relaciones de poder que la han reducido a objeto, a propiedad, y en el capitalismo, también a mercancía.
Somos testigos de la situación de la mujer en todo el mundo. Los recientes escándalos de acoso sexual en el medio de comunicación Caracol en Colombia no son una anomalía, son evidencia de cómo funciona este sistema, donde las mujeres son tratadas como objetos disponibles, subordinadas a jerarquías que las silencian y las exponen. Del mismo modo, el caso de Nohelia en España y su lucha por la eutanasia, luego de que en tres ocasiones fue víctima de agresión sexual, primero en un intento de abuso por parte de su pareja; luego en un intento de abuso en una discoteca; y después una violación grupal, producto de estas horribles agresiones, Nohelia intentó suicidarse lanzándose de un quinto piso, quedando con una paraplejia de la cintura para abajo y con traumas y secuelas que nunca pudo superar. Este caso deja al descubierto una verdad incómoda y es que la justicia no es igual para todos en esta sociedad. Mientras algunos procesos avanzan con celeridad, la condena a quienes ejercen violencia contra las mujeres se dilata, se aplaza, se evade. La impunidad también es violencia.
Y si aún quedara alguna duda sobre la gravedad de esta realidad, el triple feminicidio de la familia Penagos Granados en Bogotá la despeja de forma brutal. Allí se expresa, sin eufemismos, la persistencia de una concepción que se mantiene, si se quiere, intacta y es la idea de que la mujer es propiedad del hombre. Una idea que mata.
Lo que estos hechos revelan no es solo una crisis de seguridad o de justicia, sino una crisis mucho más profunda. La violencia contra las mujeres no es un error del sistema, es una de sus consecuencias más crudas.
Sin embargo, reconocer esto no puede convertirse en excusa para la pasividad. Por el contrario, exige una doble tarea urgente. Por un lado, cuestionar y confrontar la causa que sostienen esta violencia y es el capitalismo imperialista. Por otro, levantar con firmeza exigencias inmediatas, luchar por derechos concretos y no ceder ni un centímetro frente a quienes pretenden normalizar la violencia contra las mujeres.
Porque lo que está en juego no es un debate abstracto. Son vidas. Y no se puede seguir tolerando que las mujeres en Colombia y en el mundo sean violentadas, explotadas y asesinadas. La respuesta no puede ser el silencio ni la resignación, tiene que ser la organización, la denuncia y la lucha decidida por una vida digna.
