El 17 de noviembre, con mensaje de urgencia fue radicado en el parlamento el proyecto de Ley 266 de Seguridad Ciudadana por los ministros de defensa, justicia y del interior, respaldado por más de 40 congresistas. Con el cual el régimen mafioso da continuidad a las medidas draconianas, criminalizando los problemas sociales y la creciente inconformidad popular.
Según el ministro del Interior Daniel Palacios: «La intención del Gobierno, en conjunto con el Congreso, alcaldes y gobernadores, es trabajar en un texto que permita fortalecer las sanciones en materia penal para el hurto, las lesiones personales, el daño en bien ajeno, el homicidio; verificar y fortalecer la medida de aseguramiento, el Código de Policía y la restricción para el porte de armas traumáticas».
Por su parte el ministro de Defensa Diego Molano sostuvo: «Lo que vimos del 28 de abril hasta junio de este año es una situación que los colombianos no quieren volver a vivir; que si alguien destruye una estación del Mio o del Transmilenio, no le pase nada. Los colombianos no quieren volver a vivir que alguien busque incendiar la Fiscalía, como sucedió en Popayán, y no le pase nada».
El régimen y las clases dominantes tienen miedo. Las nuevas medidas punitivas están motivadas fundamentalmente por el poderoso levantamiento social presentado el 28 de abril. Dicen los ponentes en la exposición de motivos del proyecto de ley:
Entre el 28 de abril al 30 de junio de 2021, paralelo a la manifestación pública y pacífica, grupos focalizados de personas capitalizaron las marchas legítimas para generar graves e inminentes alteraciones contra la seguridad y la convivencia ciudadana, representados en ataques contra personas no participantes, servidores públicos, bienes públicos y privados…
Hacen a continuación un inventario de los hechos ocurridos calificados por los reaccionarios como actos criminales, pero que son ilustrativos de la impotencia de las fuerzas represivas para contenerlos, así como son inútiles las medidas propuestas para evitarlos o controlarlos, porque es imposible acallar la rebelión causada por las profundas contradicciones económicas, sociales y políticas que enfrentan al pueblo trabajador contra sus centenarios enemigos explotadores representados en el Estado.
De ahí que el proyecto en esencia pretende criminalizar toda protesta y reducir la movilización de las masas a desfiles que ni siquiera afecten la movilidad, imponiendo penas no solo a los manifestantes sino a los convocantes de cualquier protesta que afecte la normalidad.
Propone aumentar las penas en una tercera parte y especifica penas de 48 a 144 meses (de 4 a 12 años) de prisión «cuando se afecte la infraestructura destinada a la seguridad ciudadana, el sistema de transporte público masivo, instalaciones militares o de policía».
Incluye además aumentar de la mitad a dos terceras partes como «agravación punitiva» al «delito de perturbación en servicio de trasporte público» el uso de máscaras o elementos que oculten la identidad o la dificulten; valerse del cargo como servidor público para cometer tales acciones; emplear armas convencionales, armas de fuego hechizas o artesanales, armas y elementos y dispositivos menos letales, y medios de los que pueda resultar peligro común; así como valerse de menores.
Y como incentivos a los agentes de la fuerzas represivas, cuya moral fue diezmada en los combates y ocasionó la renuncia de por lo menos 10.000 agentes en el período del 28 de abril al 30 de junio, el proyecto ratifica la violencia oficial “proporcional” y el monopolio de las armas en el Estado, estipula una pena de 41 a 50 años de prisión en el caso de homicidio contra un miembro de la fuerza pública, a la vez que otorga algunos beneficios para los agentes de las fuerzas represivas como «gratuidad en el acceso al servicio de transporte público masivo», «atención preferencial y prioritaria» para adelantar trámites o presentar solicitudes, y además, hasta el quince por ciento «de descuento en tiquetes aéreos, hoteles y transporte público dentro del territorio nacional».
A esas medidas se suma el aumento de penas para los delitos de menor cuantía, incluyendo la no excarcelación por reincidencia, reafirmando la tendencia reaccionaria de atender la profunda crisis social, el hambre y la miseria generalizadas, causantes del aumento de la delincuencia con mayor represión, mientras consiente a los ladrones de cuello blanco el robo de billones del erario, dándoles casa por cárcel.
Pero como todas las acciones de la reacción la Ley de Seguridad Ciudadana no pasará; será otra piedra que el régimen levantará para dejarlo caer sobre sus propios pies; y no porque vaya a ser rechazada en el establo parlamentario, sino porque sus medidas son inútiles y, por el contrario, sirven de combustible para alentar el incendio de la rebelión, confirmando la incapacidad de las clases dominantes y del régimen criminal para resolver los graves problemas del pueblo trabajador; poniendo de manifiesto la necesidad de preparar y organizar mejor el próximo levantamiento popular para establecer un nuevo gobierno de los obreros y los campesinos, en el camino de destruir el viejo Estado de los explotadores y derrotar todo el poder del capital.
