El régimen lleva un mes enfrentando un majestuoso levantamiento popular por sus más sentidas reivindicaciones y contra reformas antipopulares; al que debe sumarse la lucha contra el proyecto de Ley 094 de 2020 para la Educación en Casa, que atenta contra la calidad de la educación y las condiciones laborales de los docentes.
El proyecto de Ley 094 de 2020 «Ley homeschool – educación en casa» que modifica la Ley 115 de 1994, Ley General de Educación, fue propuesto ante el congreso por la senadora Emma Claudia Castellanos abogada evangélica, con formación académica hasta el nivel de especialización en dos universidades privadas; quien en 1983 fundó la Misión Carismática Internacional y en 1989 el Partido Nacional Cristiano; a quien Uribe nombró embajadora en Brasil en 2004 y que entre el 2006 y el 2017 ha hecho parte del Partido de la U y Cambio Radical y, por la representante a la cámara, la odontóloga Ángela Patricia Sánchez Leal.
El proyecto de Ley 094 busca «establecer, regular, autorizar y crear el marco normativo para que el servicio público de educación preescolar, básica y media se preste en casa»; como siempre la burguesía y el Estado a su servicio apela a un supuesto interés general, para atacar a los de abajo.
Pese a la palabrería hueca desprovista de sustento pedagógico, este proyecto de ley lo que esconde es un interés netamente económico; pues lo que pretenden es terminar de desmantelar la educación pública para seguir favoreciendo el enriquecimiento de particulares que han hecho de la educación un negocio; buscan reducir gasto estatal en profesionales idóneos para ofrecer educación (licenciados, especialistas, magister, doctores) cambiándolos por bachilleres; disminuir el gasto en construcción y mantenimiento de escuelas y colegios públicos, así como en infraestructura que garantice el acceso a la educación, con lo cual terminarían produciendo más desempleo, pues se afectaría toda la cadena productiva del sector de la educación (aseadores, vigilantes, jardineros…), todo el personal que garantiza el mantenimiento de las escuelas y colegios.
El proyecto de Ley 094 busca que el servicio de educación preescolar, básica o media sea prestado en la casa del estudiante con acompañamiento del padre (tutor legal o responsable de familia) y bajo la supervisión de un educador bachiller y una institución educativa, del Estado o de un particular, sea esta nacional o extranjera.
Para acceder a la modalidad de educación en casa se les exigiría a las familias contar con un adulto educador, responsable del acompañamiento y la orientación en la formación académica del estudiante. Este adulto deberá tener al menos título de bachiller y demostrar la disponibilidad de cinco (5) horas diarias para el acompañamiento académico del estudiante en casa; además de contar con acceso a las herramientas definidas por la institución educativa que acompaña el proceso.
Así las cosas, la educación en casa generará estrés en los padres o tutores al presentárseles el conflicto entre trabajar, cuidar y estudiar con los niños; a ello se sumará el estrés por la supervisión simultánea en caso de varios hijos estudiando. Adicionalmente, los padres no dispondrán del tiempo que tienen «libre» al mandar a sus hijos a la escuela, por lo que deberán ser padres que les guste y estén psicológicamente preparados para pasar muchas horas en el proceso educativo con su hijo. Además, serán ellos los encargados de asegurar que sus hijos socialicen en actividades extracurriculares, lo que le implicará destinar tiempo adicional al del estudio. Igualmente, para estos padres la organización debe ser algo fundamental, su casa ya no estará impecable como antes y todo ese tiempo que antes era para ellos tendrían que redistribuirlo, pero, sobre todo serán padres de familia que -como quedó demostrado durante la pandemia- deberán escoger entre acompañar a sus hijos en el proceso educativo o, trabajar para poder comer.
Respecto al educador en casa deberá contar mínimo con título de bachiller, se supone que las secretarías de educación promoverán su capacitación, actualización y profesionalización y será acompañado y direccionado por los educadores profesionales.
Esta propuesta es completamente lesiva para la educación, generará desempleo docente. Por añadidura, este proyecto de ley olvida que una de las causas de la buena educación en países que se toman como ejemplo es que hacen más atractiva la profesión de educar: pagan mejores salarios, invierten más en la profesionalización, no solo académica, sino también mediante la observación de buenas prácticas y aprendiendo de los mejores maestros; por el contrario, aquí cada vez degradan más la profesión docente, legalizando la contratación de profesores menos preparados por un lado y, por el otro, congelando los salarios de los docentes e impidiendo el ascenso al escalafón para mejorar los salarios, con concursos amañados.
De la misma manera, en países que son ejemplo para el tema educativo tratan de que el aprendizaje sea más creativo, que los chicos puedan entusiasmarse con lo que aprenden; aquí los parlamentarios quieren que el sistema educativo sea simplemente una línea de producción de niños y jóvenes con un cartón. Esos países convierten las aulas es un «laboratorio para creadores que hacen cosas», mientras que la educación en casa en las condiciones de vivienda indigna que hay en Colombia no permitirá eso. Claramente, este proyecto de ley pasa por alto la calidad del ambiente de aprendizaje como un aspecto importante dentro de la educación. Referente a los espacios de aprendizaje muchas veces el hogar y sus dinámicas no permiten la concentración, o las familias no saben gestionar de la mejor manera su tiempo; adicionalmente, en la casa los estudiantes no sentirán la exigencia de un maestro o no podrán preguntarle. Además, lo más seguro es que colegio no pondrá a disposición de los alumnos herramientas y materiales didácticos.
El proyecto de ley también plantea que «El Ministerio de Educación Nacional definirá un plan de estudios acorde a la educación en casa», con lo que se vulnera la libertad de cátedra y la autonomía escolar; todo en el marco del ataque que constantemente el uribismo hace contra los docentes a quienes señala de adoctrinadores.
En ese mismo aspecto, en el proyecto de ley «El plan de estudios para la Educación en Casa generado por los establecimientos públicos y privados deberá propender por suplir las aptitudes sociales, recreativas y deportivas; reconocer las actividades extracurriculares y fortalecer el aprendizaje de una segunda lengua – bilingüismo». Un total engaño, porque la educación en casa reducirá la actividad física y la interacción social de niños y jóvenes, lo que afecta no solo la salud física, sino también la salud mental o emocional. Igualmente, la educación en casa priva a los niños y jóvenes de todas las conexiones que las escuelas proveen, pues en esta la experiencia de aprendizaje está acompañada del juego y del compartir con los amigos.
El proyecto de ley menciona que «La educación debe ser adecuada para la edad, las habilidades, aptitudes, y cualquier necesidad especial del niño»; pero olvida el problema que se presenta con los padres que quieren que su hijo se dedique a una profesión de tradición familiar y no de acuerdo con sus talentos personales; con lo que se pone en riesgo la «libre escogencia de profesión u oficio». De otro lado, pese a la falta de dotación, habrá una gran brecha entre las escuelas que pueden estar equipadas de laboratorios, bibliotecas escolares y la educación en casa que carecería de ella; igualmente, de forma mínima las escuelas cuentan con asesores que orientan a los estudiantes y los ayudan a descubrir sus habilidades y fortalezas, o en temas de discapacidad a atender las necesidades educativas especiales que existan, y esa atención no se menciona en este proyecto de ley, pues se escuda en la multiplicidad de dificultades que significa la educación formal para las minorías étnicas y religiosas, las personas en condición de discapacidad temporal o permanente, las personas con actividades extracurriculares que dictan un proyecto de vida, y muchos más. En vez de buscar mejores estrategias para superar dichas dificultades, el Estado se hará el desentendido, encerrando el problema en las paredes de cada hogar colombiano.
Este proyecto de ley posa de muy preocupado respecto a los niños con algún tipo de discapacidad, pero cuando se lee analíticamente el documento es claro que este es un retroceso en materia de inclusión, pese a todas las críticas que hay respecto al tránsito de la educación especial a la educación inclusiva; presume que «La educación en casa garantiza que a las personas con discapacidad se le «eliminen las barreras que experimentan e “impiden su participación en la sociedad o el ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad”»; ¡qué cinismo!, cuando hace precisamente lo contrario: limitar su participación en la sociedad.
Qué descaro al decir que «La Educación en Casa es perfectamente apta para cumplir con los fines de la educación y formar personas aptas para convivir en sociedad», cuando no facilita la convivencia entre pares, el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje en un contexto grupal; convenientemente olvidan que la falta de socialización dificultará enseñarle a los niños y jóvenes a interactuar con otros y el aprendizaje de competencias sociales y emocionales. Como las dos parlamentarias tienen poca formación académica y ninguna formación en pedagogía, convenientemente pasan por alto que la socialización entre pares les permite a todos los niños formarse en resolver conflictos, hacerse menos egocéntricos; conocer la reciprocidad, la confianza, el compartir y aprender a brindar apoyo emocional…
Por otra parte, la educación en casa exige altos niveles de autoexigencia, autorregulación y autocontrol, niveles que las difíciles condiciones sociales y económicas de las familias colombianas impiden alcanzar.
Quieren convencer de las benevolencias del proyecto de ley aludiendo que «Facilita el acceso material, pues elimina cualquier dificultad de transporte», cuando no elimina el problema, lo evita; además, el trasporte no es la única dificultad en las zonas rurales, allá no existen o falta inversión en otras instituciones como bibliotecas, museos, teatros, centros deportivos y, de hecho ni siquiera en las ciudades capitales todos los estudiantes tienen acceso a redes de internet o equipos tecnológicos. Igualmente, estas mezquinas parlamentarias creen que la inversión en transporte es necesario solo para la educación, como si de las carreteras y de los caminos no dependiera la supervivencia de los campesinos, la circulación de sus mercancías, su acceso a otros servicios como la salud, la recreación; y es que así queda demostrado en el mismo proyecto de ley en un párrafo que señala: «Con claridad resultaría más efectivo incluso para el Estado garantizar la Educación en Casa de las familias con dificultades de transporte para el acceso a los establecimientos educativos, que invertir en la construcción de instituciones físicas que de todos modos serían lejanas a quienes viven lejos de las poblaciones centralizadas» aquí se revela francamente que el afán por esta ley es económico, y no pensando en el interés superior de los niños ni en el derecho de las familias a escoger el tipo de educación que recibirá su hijo, como mentirosamente alardean.
Y claro, como toda la charlatanería parlamentaria enfatizan en el supuesto reconocimiento de «Los niños como sujetos de especial protección constitucional, imperan al Estado a “asegurar un futuro promisorio”»; pura demagogia, pues el futuro promisorio de los de abajo en parte depende de una educación de calidad, la cual no se podrá brindar con una legislación como la que proponen. Así pues, este desmejoramiento educativo es una condena a la miseria para los de abajo.
Por otro lado, dado que la señora Emma Claudia es cristiana, pretende convencer de la necesidad de esta ley porque «Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones»; cuando esto se soluciona simplemente con hacer efectiva la Sentencia T-524 de 2017 de la Corte Constitucional de Colombia que señala que «La institución educativa que tiene la obligación de “no adherirse ni favorecer a ninguna religión en particular de acuerdo con el principio de laicidad y el deber de neutralidad en materia religiosa”», se debe hacer efectiva la postura de que la religión es un asunto privado, y eso ya lo hacen muchos maestros, pues se resolvió quitando del currículo la educación religiosa, y en vez de esa clase se dicta ética o filosofía.
Cabe mencionar que uno de los objetivos de la educación es «la promoción y preservación de la salud» y con la educación en casa surge la pregunta ¿Cómo se garantizará esto en una familia donde está normalizado el alcoholismo, el consumo de tabaco o de sustancias psicotrópicas? ¿Cómo se garantizará esto cuando la educación en casa dificulta su diversidad?
Se menciona también que «La Ley General de Educación exige a los establecimientos educativos organizar “directamente o mediante convenio, acciones pedagógicas y terapéuticas que permitan el proceso de integración académica y social de dichos educandos”». ¿Cómo se garantizará esto en la educación en casa sí ni teniendo a un educador que todos los días ve a los niños se puede ser garante de que la familia cumpla con las acciones a las que se comprometen en el caso de los niños con discapacidades o dificultades?
De otro lado, según este proyecto de ley la «Educación en casa para evitar los actos de discriminación y violencia que pueden ocurrir en los establecimientos educativos, públicos o privados. “Educación en Casa es una respuesta certera y conveniente a la tragedia”» ¿En verdad piensan que los docentes y el pueblo son tan ingenuos para creer que lo más conveniente es no resolver el problema sino ocultarlo? Esta es una forma clara de desentenderse del problema, no de solucionarlo; se olvida que las familias también tienen prejuicios contra sus propios miembros y también hacen matoneo, lo que es claro en muchos suicidios por cuestiones de orientación sexual donde los chicos se quitan la vida dado el machismo de sus progenitores; situaciones que no se solucionan aprendiendo desde casa, sino desterrando las asquerosas costumbres e ideas que el capitalismo inocula a través de sus medios de comunicación e instituciones ideológicas.
Y hay más, dice el proyecto de ley «Permitir un acceso adaptable a la educación se traduce en estos casos en salud física y mental para el estudiante y la familia víctima de discriminación y violencia». ¡Que engaño! Cuando atender la salud mental de una familia es más difícil si se crean condiciones para que los problemas familiares se mantengan cerrados allí y no sean vistos por parte de terceros como los docentes, que muchas veces son quienes hacen el puente entre lo privado de la familia y lo público, a través de las instituciones que promueven y garantizan los derechos de niños, mujeres y adultos. Este par de señoras ignoran que para muchos niños su escuela es un entorno de aprendizaje seguro y protector respecto a los abusos que reciben en casa.
Si se observa la exposición de motivos de este proyecto de ley, se evidencia que en los antecedentes que presenta como ejemplos de educación en casa se mencionan países como EE. UU., Brasil, Ecuador, Chile, Argentina, Alemania, Inglaterra, Rusia, Corea del sur, Australia y Sudáfrica; estos países en el cuestionado informe Pisa 2018 (prueba que se desarrolla desde el 2000 y que evalúa el desempeño en las áreas de lectura, matemáticas y ciencia en los estudiantes de 15 años) ocupan entre el 9 y 57 lugar del ranking mundial. No se habla de si existe o no, o en qué condiciones la educación en casa en países como China, Singapur, Macao, Hong Kong, Estonia, Canadá, Finlandia e Irlanda, que son los países que ocupan los primeros 8 lugares.
Pese a esto, no hay que ignorar que las pruebas Pisa han sido cuestionadas por la imperfección de los datos, porque su enfoque es eminentemente economicista y utilitario, porque ha empujado a muchos países a tomar decisiones políticas apresuradas; olvida aspectos inmateriales o no medibles de la formación de los estudiantes como el desarrollo físico, moral o artístico; incrementa el estrés en los colegios, poniendo en peligro el bienestar de los profesores y los estudiantes. Críticas que se pueden sintetizar en «Medimos demasiado y eso va en detrimento de nuestra condición humana».
El proyecto de ley también alude que «Por todo lo mencionado, es claro que adoptar el modelo de Educación en Casa en Colombia brinda las garantías legales a los derechos constitucionales, internacionales y legales de los niños, niñas y adolescentes, sus familias y del Estado regulador del servicio público». Una vez más entra la discusión de la diferencia entre la legalidad y lo ético: la legalidad solo significa que un acto es conforme a la ley, la ética se ocupa de la conducta correcta e incorrecta; entonces, hay que recordar que, si el Estado está para garantizar los privilegios de la clase poseedora, será legal todo lo que atente contra la clase de los desposeídos.
Para finalizar, el proyecto de Ley de educación en casa es un ataque contra los trabajadores y sus familias; genera preocupación no solo porque desmejora la educación pública y al gremio de los docentes, sino también porque puede generar condiciones para que se incrementen los niveles de trabajo infantil, la explotación sexual, el embarazo adolescente; además, dado el machismo imperante en la sociedad incrementará sobre todo las tareas de las niñas y las adolescentes. Por lo demás, este proyecto de ley no dice nada respecto a la garantía de los servicios públicos básicos como la electricidad asequible y fiable en los hogares, el permanente acceso a Internet y la alfabetización digital.
Es entonces necesario que el magisterio colombiano se arroje con firmeza a la lucha contra este atentado a la educación pública, uniéndose al Paro General Indefinido en las calles y en las asambleas populares, para que esta reivindicación sea parte de las actuales exigencias del pueblo colombiano.
