«Dios, Patria y Coca‑Cola» no es solo una frase decorativa tomada del título del libro de Mark Pendergrast, sino un símbolo potente que fusiona los tres pilares ideológicos con los que el capital asegura su hegemonía cultural: la religión, el nacionalismo y el consumo masivo como modo de identificación. En ese tridente profano, Coca‑Cola se alza no solo como refresco, sino como marca del capitalismo imperialista que reclama devoción. Promueve antivalores que disuelven la solidaridad de clase bajo la ilusión consumista, convierte patrias y territorios en mercados, eleva el «éxito individual» medido en consumo por encima del bien común, mientras destruye ecosistemas, explota trabajadores, profana y mercantiliza lo sagrado. Si Dios pide obediencia, la patria pide lealtad, entonces Coca‑Cola pide consumo. Y en medio de ese regocijo de apariencias, los daños reales que el capital inflige a la naturaleza y al pueblo quedan invisibles o en segundo plano.
La contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción se manifiesta hoy en la crisis ecológica que provoca la sobreproducción de plástico, su consumo desbordado, su gestión deficiente, y las resistencias que surgen desde las clases populares, pueblos indígenas, afrocolombianos, campesinos trabajadores y comunidades urbanas para defender su entorno.
En Colombia se consumen alrededor de 1’250.000 toneladas de plástico anualmente. De ese consumo, aproximadamente el 74 % de los envases plásticos termina en rellenos sanitarios. Cada colombiano desecha en promedio 24 kilos de plástico al año. Datos recientes indican que Coca‑Cola podría dejar más de 600 000 toneladas de residuos plásticos al año en océanos y vías fluviales para 2030, si sigue la tendencia actual. En Colombia, el sistema Coca‑Cola afirma que generó en 2023 244 900 empleos entre directos e indirectos, con unos 3 613 empleos directos.
El capital necesita mercados, necesita crecimiento, necesita consumir los recursos naturales, y el plástico es perfecto para ese fin: barato, fácilmente producido, útil para empaques, transporte, publicidad. Pero el precio real de esa producción no lo pagan quienes lo generan, lo pagan los ecosistemas, las comunidades pobres, los trabajadores explotados, las aguas contaminadas, la salud deteriorada.
En Colombia, comunidades rurales y urbanas sufren contaminación plástica, microplásticos que entran en la cadena alimenticia, suelos y fuentes de agua contaminadas. Mientras tanto, empresas como Coca‑Cola logran cifras enormes con la explotación de la fuerza de trabajo, inversiones, proveedores nacionales. La generación de empleo, sin embargo, no compensa los daños ecológicos, ni significa que los trabajadores tengan condiciones de vida dignas, que el aire o el agua estén libres de contaminación, ni que los residuos sean gestionados adecuadamente.
Los grupos dueños del capital no solo dominan la producción material, sino también la superestructura: leyes, políticos, cultura, Estado, medios, instituciones. En esos espacios ejercen lobby para proteger sus intereses económicos y políticos. Algunas formas concretas que toma ese lobby en Colombia son:
- Negociación de plazos de transición en regulaciones como la Ley 2232 de 2022, que prohíbe ciertos plásticos de un solo uso. Algunas industrias exigen moratorias o plazos laxos para adaptarse. (Ley entrada en vigor parcialmente en julio de 2024 para ciertos productos).
- Publicidad verde, compromisos de reciclaje, promesas de envases reutilizables, uso de plástico reciclado para mejorar imagen, ganar legitimidad, desactivar críticas. Coca‑Cola ha anunciado metas para 2035 de reciclaje/recolección/reutilización de envases; según Vorágine: «Está más que demostrado que el reciclaje no es el camino. En el planeta solamente se han reciclado el 9% de los plásticos que se han puesto en el mercado, otro 13% se ha incinerado, o sea que el 78% de los plásticos no se han reciclado y se han convertido en microplásticos que ponen en gravísimo riesgo la salud humana».
- Influencia institucional: ANDI como gremio empresarial tiene considerable capacidad para participar en la elaboración regulatoria, influenciar Resoluciones, decretos, normativas ambientales, negociar con el Estado los costos de implementación, exenciones, ambigüedades, etc.
Otros problemas son la falta de transparencia y externalización de costos ambientales, como en el caso de la extracción de agua por Coca‑Cola‑FEMSA en territorios como La Calera y Santiago de Cali donde las comunidades y los trabajadores han denunciado los impactos, poco pago por extracción, y concesiones cuestionables.
A partir de la amplia experiencia que deja la lucha de clases, se hacen evidentes varias contradicciones: la acumulación frente a los límites naturales, donde la necesidad de crecimiento económico choca con las fronteras impuestas por el agua, el aire, el suelo, los ecosistemas y el clima. Del mismo modo, el capital fijo se contrapone a la fuerza de trabajo y a la salud: mientras las empresas destinan recursos a maquinaria, logística, empaques plásticos y publicidad, los trabajadores padecen enfermedades ambientales y las comunidades ven deterioradas sus condiciones de vida.
A estas tensiones se suman otras. Producción vs. regulación efectiva, donde leyes como la 2232 aparentan limitar la producción y el uso del plástico, pero su aplicación tropieza con la resistencia de los capitalistas, la complicidad y la corrupción, así como con las limitaciones estatales en materia de fiscalización, recursos y voluntad política. Discurso de responsabilidad social vs. práctica extractiva, mientras se firman compromisos ambientales y se impulsa un relato «verde», en la práctica se siguen fabricando grandes volúmenes de plástico virgen, explotando recursos hídricos y naturales, y trasladando los costos de los residuos a la sociedad y al entorno.
Para los revolucionarios la estrategia no puede quedarse en reformas superficiales, sino que debe comprenderse dentro de la lucha de clases, la disputa por el poder del Estado y la construcción de una base obrera, campesina y popular consciente, movilizada en defender no sólo los derechos laborales, sino el derecho a un ambiente sano, por ello se proponen las siguientes medidas:
- Ejercer control obrero y popular de la gestión ambiental; el campesinado, pueblos indígenas y raizales, comunidades urbanas afectadas y los recicladores de oficio deben participar activamente en las decisiones sobre producción de plástico, en diseño de políticas ambientales locales, en el control del cumplimiento normativo.
- Expropiación e intervención sobre sectores clave donde el capital impone daño ambiental sistemático, donde incluso puede requerirse que el Estado, bajo el control popular, expropie o intervenga, socialice la producción y avance hacia envases retornables gestionados de manera comunitaria y cooperativa,
- Romper con la dependencia del plástico virgen y promover la producción de material alternativo local, la investigación, los bioplásticos o materiales compostables, fomentando el ecodiseño e incentivando sustituir lo desechable.
- Reducir el plástico no como opción voluntaria, sino como norma coercitiva con sanciones severas al capital que incumpla.
- Romper el mito de que consumir es participar, que ser buen patriota es consumir, que la identidad nacional se construye con marcas imperialistas.
- Fomentar conciencia de clase ecológica, solidaridad con comunidades afectadas, y vincular la lucha ecológica y ambiental como parte del proceso revolucionario.
- Denunciar cómo empresas transnacionales imponen modelos de producción que benefician al capital imperialista a costa de los pueblos y la naturaleza, cómo marcan estándares culturales que despojan la identidad cultural, ecológica y económica.
- Fortalecer la producción local con control popular frente al sistema capitalista imperialista.
El plástico en Colombia no es un problema técnico ni ecológico aislado, sino una expresión concreta de la contradicción estructural del capitalismo: entre acumulación de capital y reproducción social, entre producción y naturaleza, entre el valor de uso y el valor de cambio, entre burguesía y proletariado. Coca‑Cola, la ANDI, los grandes productores, son componentes del aparato de reproducción del sistema capitalista imperialista, niegan, mediante lobby, marketing verde, y fuerzas institucionales, las exigencias ecológicas reales y concretas.
Los lectores de Revolución Obrera tendremos claro que la lucha contra el plástico y la degradación de la naturaleza en general no es solo por mejorar las condiciones ambientales, sino lucha de clases, por la soberanía del territorio y los pueblos, por el derecho a un ambiente digno y sano, por la destrucción de este orden capitalista imperialista que, sacrifica la naturaleza y la vida por la máxima ganancia. Solo la revolución social y ecológica, bajo la dirección del proletariado, puede resolver la contradicción ecológica del plástico, construir una sociedad donde no se mercantilice lo esencial: agua, aire, suelo, salud.
¡Un Solo Pueblo Una Sola Lucha!
¡La Clase Obrera y Los Pueblos de Colombia Necesitan Su Partido de Vanguardia para luchar contra la devastación de la naturaleza!
¡Proletarios del Mundo Unidos!
