Con los resultados del Plebiscito quedó demostrado que las contradicciones entre los sectores de las clases dominantes, no eran entre la paz y la guerra, porque todos están por la paz de los ricos que es guerra contra el pueblo. No eran entre la devolución o no de las tierras, porque todos están por legalizar la expropiación. Y en efecto, el Plebiscito se redujo a lo previsto por los revolucionarios: un pulso entre facciones de los capitalistas, para hacer valer su botín de la guerra.
Sin embargo, en la campaña por el plebiscito uribistas y santistas, los medios de desinformación y todos los reaccionarios se encargaron de propagar sistemáticamente la mentira de que las FARC son responsables de todas las desgracias del pueblo colombiano: el hambre, el desempleo, la miseria, la falta de oportunidades, la falta de inversión, el narcotráfico… el propio gerente de la campaña por el no, Juan Carlos Vélez, confesó cínicamente en entrevista al diario La República que la campaña del uribismo se basó en mentiras, tanto como la campaña por el sí.
Las mentiras pueden cazar incautos y engañar por algún tiempo pero la verdad siempre sale a la luz. Y esa es la razón de estas líneas que no pretenden refutar toda la andanada de mentiras esgrimidas por las clases dominantes en el plebiscito para dividir al pueblo: Santos y sus secuaces del SÍ, para hacer aparecer que con el respaldo al acuerdo de La Habana se solucionarían todos los problemas del país (son las FARC culpables de todos los males); Uribe y su séquito de mafiosos, asesinos y cavernarios como Ordoñez, ocultando sus crímenes e imputándoselos todos a las FARC.
No es verdad que las FARC sean responsables de todos los males del país. El hambre, la miseria, la muerte de niños por hambre y por enfermedades curables, el analfabetismo, el desempleo, la ruina de los campesinos, la falta de oportunidades para los hijos del pueblo, la entrega de los recursos y los territorios a las compañías imperialistas, el atraso de la industria… han existido mucho antes de surgir las FARC. Las causas de estas desgracias es la existencia de un puñado de ricachones, burgueses y terratenientes, socios y lacayos del imperialismo que explotan y oprimen sin misericordia a los obreros y campesinos.
Fueron los imperialistas, burgueses y terratenientes quienes durante el período de 1946 a 1964, conocido como La Violencia, hicieron matarse entre sí a los campesinos en defensa de un trapo rojo o azul, para apoderarse de sus tierras, especialmente en las zonas cafeteras; fueron ellos mismos, los oligarcas liberales y conservadores quienes empujaron a un grupo de campesinos a armarse para resistir y no dejarse asesinar por los grupos paramilitares de la época llamados «pájaros» y «chulavitas»; fueron ellos quienes después de firmar una falsa paz hicieron un plebiscito para legalizar el despojo y acordaron el Frente Nacional, como todo lo que están haciendo ahora, para alternarse la presidencia entre los dos partidos de burgueses y terratenientes; y fueron ellos mismos quienes asesinaron a los campesinos que cayeron en la trampa de la falsa paz y enviaron aviones artillados, bombardearon poblados con napalm y metralla para asesinar a hombres, mujeres y niños que no creyeron en la paz de los ricos de ese entonces. Las FARC surgieron en medio de los bombardeos a Marquetalia como justa respuesta a la guerra contra el pueblo en ese entonces.
A los cientos de miles de desplazados por la violencia en aquella época no les restituyeron las tierras usurpadas, como no piensan hacerlo ahora, fueron arrojados a las grandes ciudades y encadenados a las fábricas a vivir con salarios miserables, no muy distinta a la situación de ahora.
El periodo de La Violencia es un episodio sangriento de concentración de las mejores tierras en unas pocas manos que facilitó la inversión de grandes capitales nacionales y extranjeros, tanto en el agro como en la industria, dando un nuevo impulso al desarrollo del capitalismo. Desarrollo que engordó los bolsillos de unas cuantas familias y compañías imperialistas, pero no significó el progreso del pueblo y el país sino que aumentó la esclavización asalariada, mantuvo en amenaza permanente de ruina a los campesinos y ajustó más la soga impuesta por el imperialismo yanqui sobre el pueblo colombiano.
Pero en los años 80 se inició una nueva guerra: un sector de la burguesía se vinculó a la siembra de la coca, amapola y su procesamiento para el narcotráfico, a la vez que otros sectores incursionaron en la siembra de palma africana y extracción maderera, y desde el propio Estado se abrieron nuevas explotaciones petroleras y mineras. Todas ellas proporcionaban una fuente de ganancias superior a las demás ramas de la producción ocasionando la lucha violenta por esa renta extraordinaria, por cuanto el capital corre a instalarse allí donde mayores sean los beneficios. Al amparo de las fuerzas militares del Estado, burgueses, terratenientes y compañías imperialistas crearon sus propios ejércitos privados, los grupos paramilitares, para apoderarse de esas tierras, donde las FARC y las guerrillas del ELN y el EPL, surgidas como justa rebelión ante la explotación y la opresión en los años 60, cambiaron la razón de su existencia, abandonaron las ideas revolucionarias e incursionaron en la lucha por esa renta diferencial. Sus jefes se transformaron en socios de los explotadores a cambio de la «vacuna», «extorsión» o «impuesto de guerra», volvieron común el secuestro y en muchas ocasiones asesinaron burgueses y terratenientes que no les pagaron y, finalmente, terminaron también convertidos en victimarios de los campesinos.
La lucha por la renta de las mejores tierras y el narcotráfico fueron la causa económica de las masacres, asesinatos y desplazamiento de campesinos: más de 10 millones de hectáreas fueron arrebatadas a los campesinos y más de 7 millones de desplazados deja hasta ahora esa guerra reaccionaria contra el pueblo. Los principales masacradores, despojadores y desplazadores han sido los paramilitares y los militares, luego les siguen los grupos guerrilleros. Cientos de informes de ONG´s, activistas de derechos humanos, curas e incluso estudios oficiales como la Primera Encuesta Nacional de Víctimas realizada por la Contraloría General de la República en el 2013 dan cuenta exacta de la responsabilidad de cada uno de ellos en estos hechos.
La guerra de la coca, como también se le llama a este período, tuvo su etapa más intensa entre 1996 y 2006 y el mayor desplazamiento ocurrió durante el régimen paramilitar de Uribe; los principales beneficiarios fueron los grandes capitalistas, lo que permitió la expansión de la gran producción industrial a nuevas regiones como Caquetá, Putumayo, Choco, Cauca, Nariño, la Guajira, Córdoba, Sucre, Norte de Santander, Guaviare y Vichada.
Ahora, nuevamente, como en la época de La Violencia, los ricos hablan de paz para legalizar el despojo, formalizar la propiedad de los grandes beneficiarios de la guerra, amarrar a la mayoría de campesinos a la producción agroindustrial en las llamadas Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social – ZIDRES y encadenar a la inmensa mayoría de desplazados a la producción fabril en las ciudades. El acuerdo de La Habana, con las enmiendas que le hagan después de la derrota del SÍ en el Plebiscito, solo resolverá temporalmente la proporción en que burgueses, terratenientes e imperialistas se repartirán el botín.
Luego entonces no son las FARC las principales responsables de la guerra reaccionaria, ni las causantes de los problemas que soporta el pueblo colombiano. Por el contrario, su resistencia armada en los inicios fue consecuencia de la violenta opresión y la inmisericorde explotación, de la imposición del capitalismo en el campo por la vía reaccionaria que no ha traído progreso para el pueblo, sino ruina, esclavización, hambre, miseria y mayor dominación del imperialismo sobre el país.
De ahí que la solución a los grandes problemas sociales del país, no los resolverá la paz de los ricos ni el desarme de las guerrillas. Solucionarlos exige acabar con el sistema que los genera en su desarrollo, la expropiación de las clases dominantes que los ha ocasionado y destruir el Estado que garantiza sus privilegios.
