Las negociaciones de paz en La Habana que no ponen en cuestión el sistema económico social, no son la razón de fondo de las divergencias entre Santos y Uribe, ambos son representantes de facciones explotadoras del pueblo que están de acuerdo con las negociaciones de paz.
Las divergencias de los uribistas con la farsa de la paz, son una discordia secundaria entre los despojadores que han masacrado, asesinado, desplazado y expropiado al pueblo; sin embargo, da la apariencia que el uribismo se opusiera a la paz de los explotadores, cuestión que es aprovechada tanto por el santismo como por el oportunismo y el reformismo en general para engañar a los trabajadores haciéndoles creer que quien denuncia la farsa de la paz está con el uribismo; por eso los trabajadores deben saber por qué los comunistas denuncian las negociaciones de La Habana, así como toda la verdad sobre los intereses de fondo que dividen a sus enemigos uribistas y santistas, para que mantengan su independencia y no sean utilizados por ninguno de ellos.
Existen divergencias en el terreno económico pero éstas se presentan sobre la base del acuerdo general que tienen los explotadores en cuanto a legalizar el despojo que ha dejado la guerra contra el pueblo y que hasta la fecha ha arrebatado alrededor de 10 millones de hectáreas a los campesinos, y permitir el libre ingreso de los capitales al campo para darle un nuevo impulso al desarrollo del capitalismo.
Sobre esa base de unidad y de acuerdo general, el uribismo no confía en que le van a respetar lo conquistado; desconfía de los acuerdos alcanzados en La Habana entre el gobierno y la cúpula de las Farc, cuestiona la legislación sobre «restitución» y «reparación», reclamando lo que ya consiguió a sangre y fuego. Una prueba de esto es la reciente presentación de un proyecto de reforma a la Ley de Víctimas por el uribismo, cuya pretensión es obligar a los desplazados a demostrar judicialmente que fueron despojados; demostración que solo pueden hacer en las actuales circunstancias los propios despojadores y los grandes capitalistas «compradores de buena fe». La reaccionaria María Fernanda Cabal, sin pelos en la lengua defendió el proyecto argumentando que la única intención es defender a los campesinos que compraron de buena fe y están siendo «despojados» por el Estado.
Por otro lado, no está claro cuál es la tajada que les tocará a los jefes de las guerrillas, principalmente a los de las FARC. Además, los uribistas tienen divergencias en cuanto a la legalización de los capitales de estos jefes, que según la publicación burguesa The Economist, está cerca de los 10.500 millones de dólares; gran parte de ese dinero está invertido en Costa Rica, Venezuela y Colombia y el uribismo exige que se les quite una parte para la «reparación».
También existen divergencias en cuanto al tratamiento de los cultivos de sicotrópicos, que siguen brindando en el mercado mundial alrededor de 85.000 millones de dólares, y que algunos sectores de la burguesía no están dispuestos a acabar, incluido un sector de la burguesía norteamericana. Una enorme ganancia de la cual les corresponde a los mayoristas y a los narcotraficantes que llevan las drogas por los países de tránsito, entre el 20% y el 25% (ver).
Las divergencias en el terreno político tienen que ver con que la facción uribista no está dispuesta a que se les perdone a los jefes de las guerrillas y a ellos se les persiga y encarcele. Las manifestaciones y el «paro armado» de abril iban encaminados a presionar una «mesa de negociación» respaldada con la fuerza de miles de manifestantes en las ciudades y sus mesnadas en las zonas donde tienen influencia.
Los capitalistas ganaron con la guerra reaccionaria y ganarán con la paz de los ricos; por ello respaldaron el gobierno de Uribe durante 8 años y ahora respaldan el de Santos. Así hoy se peleen públicamente, ambos han sido parte de una misma política de dominación de clase y de opresión imperialista. Para demostrar cuanto les conviene la paz ahora, basta mirar que alrededor del 50% de las tierras despojadas se encuentran abandonadas por los campesinos o están siendo compradas a «precio de huevo» por grandes monopolios nacionales y extranjeros, beneficiarios de la guerra, que ahora alegan inocencia y «buena fe».
Es de conocimiento público que el grupo Argos en los Montes de María, recordados por las masacres de El Salado y Macayepo entre otras, compró más de 2.300 hectáreas. Los Llanos Orientales, la última frontera agrícola del país y donde se estima que hay más de 4 millones de hectáreas cultivables, se han convertido en uno de los objetivos de los grandes grupos económicos: el Grupo Sarmiento ―a través de Corficolombiana― es propietario de Mavalle, la mayor plantación de caucho en Colombia, a la que también está vinculada la empresa Pajonales; el Grupo Santo Domingo, con Valorem y Refocosta, está explorando el negocio agroforestal y tiene entre su estrategia una alianza con Riopaila, empresa que a su vez tiene dos proyectos, uno para suministrar materia prima a la destilería Bionergy, propiedad de Ecopetrol para el desarrollo de biocombustibles y, el segundo, en el Vichada que está en etapa de formulación del modelo; el Grupo Manuelita, por su parte, tiene dos cultivos de palma en el Meta y en Casanare para atender la producción de biocombustibles; Germán Efromovich, que tiene negocios en aerolíneas y hoteles entre otros, está mirando con interés el sector agrícola. Además, firmas internacionales como Mónica, Cargill, Amaggi y Merhav han venido analizando cómo incrementar sus inversiones en Colombia. Como se ve, acabar la guerra con las Farc significa para los explotadores libertad y seguridad para invertir y miles de millones de utilidades.
Lo anterior explica el respaldo casi unánime de las clases dominantes y el imperialismo al proceso de paz y las gabelas que están dispuestas a darles hoy a los jefes de las guerrillas. La facción burguesa mafiosa y paramilitar representada en la oposición uribista, obedece a que empujó una guerra por 30 años, de la que salió favorecida toda la burguesía, pero el gobierno actual apenas les va a reconocer una parte, dándoles una buena parte a los grandes monopolios extranjeros y a los burgueses y terratenientes nacionales, beneficiarios y artífices intelectuales del genocidio.
Además, la representación en el Estado, la circunscripción electoral especial, entre otras dádivas que conceden los acuerdos a los jefes guerrilleros, son una afrenta para el poder mafioso y paramilitar que estuvo al frente del Estado por 8 años y no fue capaz de someterlos. Además, el uribismo cree que con el poder económico que tienen y el poder político que se les dé a los jefes de las guerrillas, terminen no solo con curules en el parlamento, mandando en algunas alcaldías y gobernaciones, sino en la propia presidencia de la república, desde donde pueden organizarles una persecución por sus crímenes y por ahí derecho quitarles la parte del botín. Aunque es remoto que los jefes de las guerrillas lleguen a la dirección del Estado en lo inmediato, más aún cuando continúa la crisis económica mundial y los preparativos para la guerra imperialista se aceleran, la desconfianza del uribismo es justificada, porque son varios los burgueses que han pronosticado su final en una corte penal internacional. Por eso es la arista más destacada en su discurso y de ahí su alharaca sobre el «castro chavismo», la impunidad, la traición, la «rendición del Estado», etc. y su esfuerzo por vender la idea de que se justifica cualquier acción para impedir que la guerrilla llegue a los puestos del Estado.
Al contrario de lo que afirma el uribismo, el gobierno no ha cedido prácticamente nada a los jefes de las Farc en las negociaciones de La Habana: no se ha cuestionado el sistema económico capitalista de la explotación asalariada, ni la dominación semicolonial imperialista; ni se ha puesto en duda la organización política y social del Estado como dictadura de los explotadores; ni se han planteado dudas sobre el papel de las Fuerzas Armadas y el monopolio de las armas como garantes del orden de los ricos; ni siquiera se intentará realizar una reforma agraria, aspiración de los antiguos jefes guerrilleros como Pedro Antonio Marín, «Tirofijo».
Tanto los santistas como los uribistas son enemigos del pueblo, sus divergencias son por el poder económico y la dominación política entre dos facciones burguesas, terratenientes y proimperialistas. La polarización de las posiciones entre estas dos facciones de las clases dominantes, en realidad son contradicciones secundarias y negociables, pero sirven como con hoja de parra para tapar el verdadero propósito común: la legalización del despojo de cerca de 7 millones de campesinos, principalmente pobres y medios (proletarios y semiproletarios, campesinos, indígenas y comunidades negras) víctimas de las masacres, el desplazamiento y la usurpación de sus tierras y pertenencias.
La «resistencia civil» del uribismo es la oposición de una facción para no dejarse quitar lo arrebatado a sangre y fuego. Su oposición al acuerdo del gobierno con los jefes de las guerrillas, no es una oposición a la guerra que han promovido las clases dominantes a través de las fuerzas militares y los grupos paramilitares, sino que busca llevarse la parte del león en las negociaciones y que no sean penalizados sus promotores y ejecutores más visibles, entre ellos el propio Álvaro Uribe y su familia.
No hay diferencias insalvables entre santistas y uribistas; las divergencias entre las facciones de la burguesía y entre éstas y los jefes de las Farc hacen parte de las negociaciones, donde la oposición, incluso la «resistencia civil» del uribismo, sirve de cuña de presión para acelerar las negociaciones y para que la parte que les corresponda a las guerrillas sea la menor posible, no solo en el terreno económico, sino también en el político.
De otro lado, la fraternización y perdón entre los despojadores, que es otro acto de la farsa de la paz, es consecuencia de su identidad en la legalización del despojo, en la aceptación del monopolio de las armas por parte el Estado, y no como lo presentan: compromiso humanitario con la paz para el pueblo y con el camino pacífico para su liberación. He ahí por qué el papel del oportunismo y del reformismo al apoyar la farsa de la paz es perverso, y más perverso aún tildar de uribista al proletariado revolucionario que se opone al veneno de desarmar el espíritu de lucha del pueblo. Por lo anterior es que los trabajadores no deben confiar en la paz de los ricos y en las facciones de los explotadores que dicen defender sus intereses; por el contrario, deben aprovechar sus divergencias persistiendo en el camino de la lucha independiente y revolucionaria, por la Huelga Política de Masas y la Revolución Socialista.
La paz en Colombia solo será posible si el pueblo se organiza y lucha, no solo para resistir a las consecuencias de un sistema inhumano y ruin, sino para acabar con él mediante la revolución violenta. Solo un sistema basado en la socialización de los grandes medios de producción, con el poder político en manos de los obreros y campesinos armados, puede garantizar la verdadera paz en la nación y de ésta con los pueblos hermanos. Mientras la burguesía, los terratenientes e imperialistas mantengan su dominación política y poder económico, continuará la guerra por la ganancia y contra el pueblo.
