Desde el 18 de abril de este año, Nicaragua vive una crisis social de enormes proporciones, la cual estalló en gigantescas manifestaciones con el anuncio del gobierno de Daniel Ortega de realizar unas reformas, que según algunos analistas tenían por objetivo contrarrestar el déficit financiero del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). Las medidas impulsadas por el gobierno contemplaban el aumento de los aportes de los empleadores del 19% al 22,5%, de los trabajadores del 6,25% al 7% y de los jubilados un aporte del 5%. A esas medidas programadas por el gobierno, se sumó una más que buscaba poner control a los ingresos exageradamente altos, contabilizados por varias empresas con el fin de conseguir pensiones gigantescas para su burocracia y desangrar el fisco del gobierno; con ella pretendía poner un tope para asignación de pensiones.
Nicaragua es uno de los países que en América Latina está considerado como de los gobernados por sectores de izquierda, o del «Socialismo del Siglo XXI», al lado de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Cuba, y hasta hace poco Brasil y Chile. Su presidente Daniel Ortega fue uno de los máximos dirigentes del grupo guerrillero Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que luego de una larga lucha guerrillera dirigió el derrocamiento de la sanguinaria dictadura de Anastasio Somoza en 1979. Estando en el poder, los sandinistas iniciaron un gobierno obligado a enfrentar una dura lucha armada contra fuerzas financiadas por los Estados Unidos. En 1983 se convirtieron en partido político y realizaron elecciones, las que ganaron en 1984 manteniéndose en la presidencia hasta 1990. Desde el gobierno iniciaron unas reformas, jamás vistas con buenos ojos por los Estados Unidos y los demás gobiernos lacayos de este país imperialista, pero sí bien recibidas por las masas quienes habían ofrendado miles de muertos en la lucha para buscar un mejor mundo. En las elecciones de 1990 los sandinistas perdieron pasando a la «oposición», pero continuaron su camino parlamentario conquistando la presidencia nuevamente en 2007, encabezando el gobierno con Daniel Ortega y su esposa como fórmula vicepresidencial.
El gobierno de Ortega continuó el camino de las reformas, buscando servirles a unos y otros, a trabajadores y campesinos de un lado, y a capitalistas y terratenientes del otro, es decir servirle a dios y al diablo; sus defensores califican su mandato como de alianza tripartita entre gobierno, trabajadores y empresarios; un imposible en el capitalismo y con mayor razón en estos tiempos de crisis económica del capitalismo mundial, de la cual no escapa Nicaragua, y causa más profunda de la crisis social que sacude actualmente al país.
El gobierno sandinista está basado en la ilusión de que se puede favorecer la inversión del capital, respetar la propiedad sobre la tierra y conseguir la solución de los problemas de las masas sacándolas de la pobreza y creando un país fundamentalmente de pequeños propietarios que puedan progresar sin ser estrangulados por el gran capital: «La creación de un ciudadano protagónico como nuevo sujeto social en lo político y de ese trabajador-propietario como nuevo sujeto económico en lo social, de donde surja una nueva clase media popular mayoritaria que sea la base fundamental de un nuevo proceso revolucionario de carácter continental y posteriormente, mundial, con rumbo a un socialismo autogestionario». Tal es el sueño del proceso «revolucionario» que ha motivado la política del gobierno en Nicaragua.
En educación, vivienda, salud y otras esferas de la sociedad, el gobierno de Daniel Ortega ha realizado reformas beneficiosas para los trabajadores; sin embargo, en el mismo sentido ha buscado afanosamente dejar contentos a los magnates que mueven los grandes capitales de la economía en el país, lo que incluye claro está el pesado grillete que lo mantiene atado al imperialismo gringo con quien busca mantener buenas relaciones económicas y políticas; y desde hace algunos años, el nuevo grillete que ha sido atado al cuello del pueblo: el del imperialismo chino. A ello se suma el apoyo económico que hasta hace muy poco recibió del petróleo venezolano, uno de sus principales aliados en la región.
Esta política de servir a dios y al diablo, ha llevado al gobierno a enfrentar una crisis financiera, y obligado por las exigencias de los imperialistas y la burguesía local, no ha visto otro camino que meterle la mano al bolsillo de los trabajadores, descargando la crisis sobre ellos, como ha ocurrido en todos los países. Las nuevas reformas se convirtieron en el detonante de enormes proporciones, despertando el rechazo de una gran parte de los trabajadores, y la acción ventajosa y rastrera de los supuestos aliados del gobierno (la burguesía y los terratenientes) quienes se lanzaron en una gran campaña para estimular en la población el repudio, ya no sólo a las reformas, sino sobre todo al gobierno de Ortega de quien están pidiendo su destitución, o la convocatoria a elecciones inmediatas. La reacción de Daniel Ortega fue la retirada inmediata de las propuestas de reforma, pero el papayaso estaba dado; en pocos días los opositores alborotaron el avispero y encontraron en muchas deficiencias del gobierno, razones suficientes para que una buena parte de la población se mantuviera en las calles y se encuentre hoy formando barricadas, y encabezando violentos enfrentamientos pidiendo la destitución de Daniel Ortega.
Como era de esperarse, a pesar del esfuerzo por tenerlos a todos contentos, la crisis estalló, y no es cualquier crisis, no son simples «campañas negras» de algunos medios de comunicación enemigos del gobierno, que por supuesto los hay y con seguridad amañan la información y encubren las intenciones de sus financiadores. El hecho es que las movilizaciones y enfrentamientos protagonizados por los llamados «auto convocados» no han parado desde el 18 de abril, y la tendencia es a crecer en todas las ciudades. Mientras exista la explotación de unos hombres por otros, mientras existan las desigualdades, mientras subsista el hambre, la miseria, la falta de oportunidades para los hijos de los obreros y campesinos, en fin, mientras exista la sociedad dividida en clases sociales y el apetito de la ganancia, habrá descontento en una parte de la población y eso generará lucha y movilización.
Y esas desigualdades no son invento de comunistas, de radicales, de revolucionarios; son la realidad del mundo que debe reconocerse como es: una sociedad capitalista basada en la explotación del hombre y la destrucción de la naturaleza, azotada por una profunda crisis económica. Y eso genera, gústele a quien le guste, contradicciones de orden antagónico que por ende no pueden ser resueltas por la vía de la conciliación. Y esa realidad se refleja necesariamente en el Estado y en el gobierno; o es un Estado burgués, o es un Estado proletario, y dependiendo de qué tipo de Estado exista en un país, se determina en favor de qué clase se gobierna; el cuento de los Estados democráticos en beneficio de toda la sociedad es una mentira pregonada por las clases dominantes para que las masas no luchen por la destrucción violenta de las instituciones burguesas y así impedir la construcción de un nuevo Estado gobernado por la clase obrera en alianza con los campesinos; por eso, todos esos gobiernos supuestamente de izquierda o «socialistas» son un engaño para perpetuar la explotación capitalista y la dominación semicolonial imperialista de la cual no ha escapado jamás Nicaragua.
Sólo una verdadera revolución que lleve al proletariado al poder podrá solucionar de fondo los problemas fundamentales de las masas, y eso no podrá jamás ser aceptado por las buenas por las clases explotadoras ni por los imperialistas. En Nicaragua, ni Daniel Ortega, ni la burguesía que hoy llama a su destitución, pueden solucionar las necesidades del pueblo; el camino ha sido, es y seguirá siendo, el de la revolución proletaria en ese país, como parte de la revolución proletaria mundial; y la tarea de los auténticos revolucionarios es la construcción de un Partido que conduzca las luchas del pueblo hacia la destrucción del actual Estado y la edificación sobre sus cenizas de uno gobernado por la clase obrera en alianza con los campesinos, sin salvadores, ni intermediarios.
