Frente Internacional de los Pueblos
19 de mayo de 2024
BRUSELAS, BE – El Tribunal Internacional de los Pueblos (TIP) emitió el sábado 18 de mayo un veredicto de culpabilidad contra Ferdinand Marcos Jr, Rodrigo Duterte, el Gobierno de la República de Filipinas (GRP) y el gobierno de Estados Unidos por crímenes de guerra contra el pueblo filipino y violaciones del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
En una decisión de 10 páginas firmada por un panel internacional de jurados entre los que se encontraba el ex asesor jurídico de Nelson Mandela, el profesor Lennox Hinds, el tribunal constató «un aumento constante de los casos de secuestro y desaparición forzada perpetrados por las fuerzas del GRP (Gobierno de la República de Filipinas) contra activistas».
«Queremos que se ponga fin a la pauta de homicidios, secuestros y falsas rendiciones; queremos que el gobierno deje de equiparar a los activistas con combatientes y que aparezcan todos los activistas desaparecidos. Exigimos que las fuerzas del Estado rindan cuentas», declaró Jonila Castro, testigo y activista juvenil de AKAP Ka Manila Bay, que el año pasado fue secuestrada, torturada y presentada como rebelde rendida por el ejército filipino.
El veredicto de culpabilidad fue acogido con satisfacción por más de 200 observadores en Bruselas, que escucharon las peticiones de justicia de testigos expertos, víctimas directas como Castro y familiares de víctimas fallecidas de las operaciones de contrainsurgencia dirigidas por Estados Unidos a lo largo de dos días de procedimientos del TPI.
«Encontramos pruebas sustanciales y convincentes de ejecuciones extrajudiciales generalizadas, masacres de civiles, desapariciones forzadas, bombardeos indiscriminados y otras graves violaciones del derecho internacional humanitario. Las atrocidades y las políticas y acciones antipopulares del Sr. Duterte parecen persistir e intensificarse bajo el actual gobierno de Marcos Jr.», declaró Séverine de Laveleye, miembro del Parlamento belga y miembro del jurado del IPT.
Para explicar en qué se basa el veredicto de culpabilidad, Laveleye declaró: «nuestra decisión se fundamenta en el examen exhaustivo de las pruebas presentadas. Los testimonios de los testigos, muchos de los cuales han demostrado una enorme valentía al dar la cara, han desempeñado un papel crucial en la formación de nuestra comprensión de los abusos sistémicos perpetrados bajo estos regímenes con el apoyo tácito de Estados Unidos».
«Los acusados en este caso han sido debidamente notificados, no han respondido, no han presentado testigos y, por tanto, se considera que han renunciado a sus derechos», señaló el miembro principal del jurado, Lennox Hinds, antes de convocar a los miembros del jurado para deliberar sobre el veredicto. «Las pruebas presentadas eran creíbles y coherentes», dijo Hinds, ya que los testigos compartieron su incapacidad para buscar justicia en Filipinas debido a la negligencia del proceso judicial del GRP, o debido al acoso y la intimidación de las propias autoridades del GRP.
«Exigimos justicia por el asesinato de nuestra familia. Eran inocentes y no sospecho de nadie más que de los propios militares», compartió Emile Fausto, cuyos padres asesinados, Billy y Emelda Fausto, eran dirigentes de la Asociación de Trabajadores Agrícolas BABICAFA, que trabajaba para aplicar una auténtica reforma agraria en el municipio de Buenavista, en Negros Occidental. Tanto los padres de Fausto como sus dos hermanos pequeños, Ben Fausto (15) y Ravin Fausto (12), fueron asesinados juntos en junio de 2023, tras enfrentarse a años de señalamientos y hostigamiento por parte del 94 Batallón de Infantería de las Fuerzas Armadas de Filipinas (AFP).
En lo que respecta a los combatientes armados y la ejecución de los que están fuera de combate, la sentencia señaló que el ejército del GRP actúa repetidamente en violación de las normas de guerra de la Convención de Ginebra, citando el testimonio sobre el reciente caso de la combatiente del Nuevo Ejército del Pueblo (NPA) Hannah Cesista. Cesista, junto con otros cuatro combatientes del NPA, se entregó al 47 Batallón de Infantería para proteger a los niños civiles de las inmediaciones, y posteriormente fueron ejecutados sin juicio. A Cesista la obligaron a revolcarse en el barro antes de dispararle a quemarropa, mientras que a sus compañeros los desnudaron y ejecutaron delante de los aldeanos de la provincia de Bohol.
«Se trata de violaciones flagrantes de las normas más fundamentales de la guerra… aparte de ser crímenes de guerra, estos actos de las AFP ponen de manifiesto un desprecio absoluto por los principios de humanidad y merecen la máxima condena por parte de este tribunal», señaló el miembro del jurado Julen Arzuaga Gumuzio, parlamentario vasco y de la Asociación Europea de Juristas Demócratas.
«A los acusados, este veredicto es un solemne recordatorio de que la comunidad internacional os observa y exigirá responsabilidades a quienes perpetren o consientan abusos contra los derechos humanos y violaciones de las leyes internacionales que rigen las normas de la guerra», afirmó Laveleye en una declaración sobre el veredicto.
«Le instamos a que escuche las voces de su pueblo, a que defienda los principios de justicia y derechos humanos, y a que tome medidas inmediatas para abordar los agravios y abusos que han salido a la luz», concluyó Leveleye.
