En la madrugada del 1 de octubre, el fiscal general Roger Mariaca y el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, fueron interceptados y apresados en el aeropuerto internacional de Viru Viru, al mismo tiempo, encapuchados del Centro Especial de Inteligencia Policial allanaron la sede de la fiscalía general. El Ministerio Público denunció como secuestro el accionar de los uniformados que ingresaron sin presentar órdenes de allanamiento.
Días antes, Washington le revocó la visa a Mariaca y lo incluyó en una lista de 21 funcionarios de Bolivia, Colombia y Perú acusados de corrupción. Su despacho tenía bajo su órbita las investigaciones contra Fernando Cerimedo, asesor de la campaña del presidente Rodrigo Paz. El gobierno afirma que desarticuló una presunta estructura criminal en la cúpula de la Fiscalía.
Para los comunistas, esto no es el «desvío» de una democracia sana, sino su rostro verdadero. El Estado burgués es un aparato de dominación de clase, y la separación de poderes, un decorado. En un país oprimido por el imperialismo, con una burguesía que administra la dependencia, cuando chocan dos fracciones de las clases dominantes es precisamente el imperialismo quien decide quién controla el aparato armado. No es un proceso neutral.
Lo decisivo es el método, con detenciones sin orden, ocupación encapuchada de una institución y, de inmediato, un fiscal general interino, Luis Montaño. Un mandato de seis años como el de Mariaca, iniciado en octubre de 2024 y vigente hasta 2030, se canceló en una noche. La «legalidad» rige mientras no estorba al poder.
Y como siempre el pretexto imperialista es la lucha anti drogas. El Departamento de Estado respaldó la acción invocando el narcotráfico y el «Escudo de las Américas», una alianza que, según sus críticos, agrupa a gobiernos de derecha con la administración Trump. La «guerra contra las drogas» opera como pasaporte de injerencia sancionando, vetando y descabezando instituciones de un país semicolonial. Quien redacta la lista de «corruptos» no es el pueblo boliviano.
De todas maneras, Mariaca no es ni héroe ni verdugo, es un engranaje del viejo Estado, no un representante del pueblo. Defender la «legalidad» burguesa o aplaudir el orden policial es servir a una u otra facción de la reacción. Obreros, campesinos, mineros y pueblos originarios, que han mostrado su fuerza en la calle durante buena parte del año, deben organizarse con independencia de todas ellas, desenmascarar la injerencia yanqui y forjar su propio poder. Lo que no se sostiene con organización popular se pierde en una madrugada. La tarea histórica sigue siendo destruir el viejo Estado y construir uno nuevo, bajo dirección proletaria.
