Aunque fue el gobierno del terrateniente conservador Guillermo León Valencia quien en 1965 estableció oficialmente el primer domingo de junio como el Día del Campesino, el movimiento campesino hizo lo propio con el 21 de febrero, en honor a la jornada de lucha por la tierra llevada a cabo ese día en el año 1971, hace 54 años.
La historia de este día tiene sus raíces en la larga lucha de los campesinos en Colombia por abolir las viejas relaciones de explotación y dominación feudales; lucha que tuvo un poderoso impulso en la década del 70 del siglo pasado, cuando las clases dominantes —lacayas del imperialismo— obedecieron las orientaciones anticomunistas de la Alianza para el Progreso y, más particularmente, de la Conferencia de Punta del Este en Uruguay (realizada el 17 de agosto de 1961), la cual se propuso, entre una de las medidas contra-insurgentes, realizar una reforma agraria desde arriba para socavar los levantamientos campesinos que azotaban el continente, como el que le dio la victoria al régimen de Fidel Castro en Cuba (1959).
Obediente al amo del norte, el gobierno de Alberto Lleras Camargo, primer presidente del Frente Nacional, promovió en el Congreso la Ley 135 de reforma agraria, la cual fue aprobada el 13 de diciembre de 1961, y aplaudida por el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, por aquellos días de visita en Bogotá.
Sin embargo, el presidente que le siguió, Guillermo León Valencia, como uno de los grandes terratenientes del Cauca, echó para atrás la tímida reforma agraria para conservar los privilegios que les permitían a los señores de la tierra cobrar la renta sin trabajar o invertir en ella; respondiendo a las demandas de los campesinos con otras de las medidas orientadas en la Conferencia de Punta del Este: 1) incentivando las Juntas de Acción Comunal supervisadas y controladas por el gobierno en oposición a las organizaciones campesinas independientes; 2) promoviendo acciones cívico-militares que involucraba las Fuerzas Militares en la ejecución de obras de infraestructura como carreteras, puentes, escuelas, hospitales, con el propósito de neutralizar la influencia de los revolucionarios entre las comunidades campesinas y, 3) dándole tratamiento militar a quienes se proponían cambiar la tenencia de la tierra ubicando al movimiento social campesino como el llamado «enemigo interno», el mismo trato que les dieron las clases dominantes a los grupos guerrilleros insurgentes.
Como en aquella época del Frente Nacional los liberales y conservadores se turnaban la presidencia y se repartían los puestos del Estado a mitades, durante el siguiente gobierno liberal de Carlos Lleras Restrepo (promotor de la reforma agraria en el Congreso de 1961), revivió la Ley de reforma agraria para frenar el descontento creciente y la lucha de los campesinos.
A sabiendas de la feroz oposición de los terratenientes y apoyándose en la inconformidad de los campesinos, Lleras Restrepo promovió la organización del movimiento campesino para atarlo a su partido, al gobierno y al Estado, dándole vida formal a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) mediante la Resolución 061 de 1968.
Con la expedición de la Ley 1a de 1968 fue reactivado el Instituto Nacional de Reforma Agraria (Incora), que era la institución encargada de valorar los predios intervenidos a los terratenientes y avalar los terrenos tomados por los campesinos. Prácticamente, el Incora les compraba las tierras a los terratenientes y las entregaba a los campesinos en unos casos, y en otros, que fueron la mayoría, los campesinos se tomaban las tierras por la fuerza y luego llamaban al Incora para obligar a los terratenientes a vender.
El 7 de julio de 1970, Carlos Lleras Restrepo inauguró el I Congreso Nacional de la ANUC con el propósito de amarrar al movimiento campesino a las filas del Partido Liberal, a la vez que institucionalizar la ANUC como parte del Estado para impedir que el siguiente presidente conservador, Misael Pastrana, volviera a echar atrás la reforma como lo había hecho Guillermo Valencia.
Pastrana no se quedó de brazos cruzados y, en defensa de los señores de la tierra, en noviembre de 1970 el Comité Ejecutivo de Reforma Agraria (CERA), integrado por conservadores y liberales, con el supuesto de que presentara un informe y brindara recomendaciones sobre la situación de la reforma agraria, los cuales fueron entregados el 30 de enero de 1971, que en esencia recomendaba aumentar la productividad en detrimento de la entrega de tierra a los campesinos.
La respuesta de la ANUC no se hizo esperar, en la reunión de su Junta Nacional aprobó realizar una acción nacional que pasó a la historia como una de las más poderosas acciones del movimiento campesino y daría vida a la efeméride del Día de Campesino el 21 de febrero de 1971 cuando, según algunos historiadores, 1250 haciendas que abarcaban aproximadamente 100.000 hectáreas en 7 departamentos del país fueron tomadas por los campesinos. Según el dirigente Jesús María Pérez, en Luchas campesinas y reforma agraria:
…la lucha se organizó y, aun cuando ésta no tuvo las mismas connotaciones en todo el territorio nacional —debido a las características diferentes de las distintas regiones del país—, sí tuvo las resonancias esperadas en los departamentos donde imperaba el latifundio ganadero improductivo, sitios tales como Sucre, Córdoba, Bolívar, Magdalena, Cesar, Atlántico, Antioquia, Huila, Tolima, Cauca, Meta, Cundinamarca, Casanare, Santander, Caldas, Valle y Norte de Santander. En el centro y en el resto de departamentos se vivió la lucha por la tierra en esa fecha, pero no con la misma intensidad, pues en lo que era la zona cafetera, Boyacá y Nariño imperaba el minifundio. El total de predios invadidos en este día fue de 645. Esta cifra continuó creciendo a medida que otras regiones se incorporaron a la lucha hasta el año de 1975, fecha en la que empezó a disminuir. Sin embargo, hasta ese año ya se habían invadido 984 predios en todo el territorio nacional.
El 5 de junio de 1971 la Junta Directiva Nacional de la ANUC realizó una reunión en Villa del Rosario (Norte de Santander), donde adoptó la «Plataforma Ideológica de la ANUC»; nuevamente, en reunión del 22 de agosto de 1971 en Fúquene (Cundnamarca) adoptó la proclama «Mandato Campesino». Estos documentos significaron el rompimiento ideológico y político de la ANUC con respecto al gobierno y a los partidos políticos de las clases dominantes; proclamaron que el Incora era inoperante y la clases dominantes no tenían voluntad política «para adelantar un proceso de Reforma Agraria, democrático, masivo y rápido, que transforme radicalmente la actual estructura agraria colombiana, y la sustituya por un sistema justo de propiedad, tenencia y explotación de la tierra que al mismo tiempo garantice la justicia social en el campo y el desarrollo económico del país».
En enero de 1972 se realizó, entre liberales y conservadores (burgueses y terratenientes) excepto el sector «llerista», el conocido «Pacto de Chicoral», evento en el que las clases dominantes se pusieron de acuerdo en modificar la Ley 135 de 1961 «redefiniendo» qué era una «explotación adecuada», otorgando estímulos para la inversión privada y dándole a las fuerzas militares y «fuerzas privadas» (los mismos paramilitares de los 80) amparo legal para «responder a las invasiones» de los campesinos. Tal pacto fue sancionado como Ley 4ª de 1973 por el Congreso, recibiendo el apoyo de todos los sectores de los partidos de las clases dominantes, incluyendo al «llerismo».
Así, desde los primeros días de 1972 las clases dominantes decidieron aplastar la lucha del campesinado colombiano a sangre y fuego, si la ANUC no se adhería al «Pacto de Chicoral». Para las reaccionarias clases dominantes, quienes se apartaban de las directrices del gobierno estaban siguiendo los lineamientos de los grupos subversivos que habían conquistado al movimiento campesino.
Ante esta situación, en junio de 1972, los miembros de la ANUC que luchaban por la independencia del movimiento realizaron el II Congreso de la organización en Sincelejo (Sucre), a la vez que los campesinos ricos, beneficiarios del Pacto de Chicoral, contando con el apoyo del gobierno, realizaron un congreso paralelo en la ciudad de Armenia, en noviembre de ese mismo año. Así fue divida la ANUC en las que se llamaron «línea Sincelejo» y «línea Armenia».
La ANUC—Línea Armenia se convirtió en otra agencia de la politiquería oficial adscrita al Ministerio de Agricultura, mientras la ANUC—Línea Sincelejo, azotada por la violencia militar y paramilitar, divida por tendencias sectarias de los grupos de izquierda y sin contar con la dirección del partido de la clase obrera (desnaturalizado a mediados del 70), perdió vitalidad.
La estructura agraria del país cambió desde aquella época, fueron rotas las relaciones feudales en el campo colombiano, proceso que se incrementó en las últimas décadas; ahora la lucha de los campesinos y los pueblos indígenas es contra el despojo de sus tierras, contra la ruina y la usura de los grandes grupos monopolistas y capitalistas. Sin embargo, la ANUC—Línea Sincelejo, bajo la consigna «Tierra pa’l que la Trabaja»fue la protagonista de las más grandes luchas por la tierra hasta finales de los años 70, llegando a ser, según algunos historiadores, el mayor movimiento de masas del siglo pasado en el país. Fue esta organización la que, en derecho propio, proclamó el 21 de Febrero como Día del Campesino.El movimiento campesino y los demás movimientos sociales del pueblo colombiano no puede olvidar esta historia para las batallas contra sus enemigos centenarios.
