En La Calera (Cundinamarca), se libra una batalla silenciosa pero decisiva: el agua, fuente de vida de las comunidades, está siendo entregada desde hace más de cuatro décadas a una multinacional que solo ve en ella una mercancía. En 1983 la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) otorgó a Coca-Cola una concesión para la captación de agua, que desde entonces se ha renovado cada diez años sin mayor obstáculo. Ahora, con el vencimiento del permiso en diciembre de 2025 y en medio de una crisis hídrica que obliga a racionamientos debido al fuerte cambio climático y a la agudización del fenómeno del niño, el tema vuelve a tomar importancia.
Ahora bien, lo que encendió nuevamente la polémica fue la denuncia pública de la congresista María del Mar Pizarro, quien presentó fotografías que evidencian manantiales cubiertos con cemento en la quebrada San Lorenzo. Con estas imágenes, acusó directamente a Coca-Cola de actuar contra el derecho humano al agua, señalando además la pasividad de las autoridades ambientales. Estas denuncias no solo revelan prácticas cuestionables de la empresa, sino también la ineficacia y complacencia de entidades del Estado burgués como la CAR y la Alcaldía de La Calera, que han respondido con evasivas y contradicciones.
De hecho, por un lado, la CAR sostiene que no ha impuesto sanciones a la empresa; sin embargo, informes periodísticos demuestran que sí existieron procesos anteriores por explotación indebida de los nacederos, lo que se concluye que la CAR ha tapado públicamente lo que la multinacional viene haciendo hace años, sin ninguna sanción. Por otro lado, la Alcaldía insiste en culpar al crecimiento demográfico y a la falta de acueducto como las únicas causas de la escasez, ignorando deliberadamente que la multinacional continúa extrayendo grandes volúmenes de agua incluso durante los racionamientos. Así, con estas posturas, ambas instituciones intentan distraer el debate de fondo: el privilegio otorgado a una compañía privada por encima del bienestar colectivo.
Además, se debe señalar que la respuesta oficial de la CAR que se basada en la idea de que la decisión será «estrictamente técnica» es una forma de lavarse las manos. Detrás de ese discurso se esconde la vieja estrategia de reducir un conflicto social y ambiental a un simple inadecuado balance hídrico. Pero no se trata solo de cifras: se trata de la vitalidad de los manantiales, de la supervivencia de la comunidad y del derecho al agua como bien común. Por eso, no debemos dejar que se desvié la atención del verdadero problema con los nacederos cementados y las agresivas extracciones de este recurso y las familias que no lo en sus casas.
En consecuencia, la denuncia de Pizarro no puede verse como un hecho aislado. Por el contrario, se enmarca en una larga historia de denuncias, sanciones ignoradas y respuestas burocráticas. Cada manantial sellado con cemento es también un símbolo de cómo el capital pretende apropiarse de lo que pertenece a todos. Y cada evasiva de las autoridades demuestra que las instituciones han optado por proteger a la empresa en lugar de defender el territorio.
Frente a esto, no basta con esperar pasivamente a que la CAR emita un fallo en diciembre. Al contrario, lo que corresponde es que las comunidades, los trabajadores, los activistas ambientales y todos los sectores populares asuman una postura firme y colectiva: denunciar públicamente la complicidad, rechazar la prórroga de la concesión y exigir que se priorice el derecho humano al agua. El silencio o la indiferencia solo fortalecen a quienes quieren seguirse lucrando de los recursos colectivos.
Por lo tanto, debemos dejar claro que el agua no es una mercancía ni un privilegio de las multinacionales, sino un bien común, indispensable para la vida. Y en esa medida, nuestra postura debe ser de resistencia activa, de organización comunitaria y de exigencia política. No es una opción decir «¿qué pueden hacer los ciudadanos?» es una necesidad impostergable, el pueblo colombiano debe defender el agua como parte de su dignidad y de su futuro.
En definitiva, mientras Coca-Cola y las autoridades se esconden detrás de discursos técnicos y cifras manipuladas, nosotros debemos levantar la voz. Conectar las luchas, visibilizar las injusticias y movilizarnos es la única garantía de que el agua siga siendo del pueblo y para el pueblo. Porque si permitimos que los manantiales se tapen en silencio, lo que se está sellando no es solo la fuente de agua, sino la esperanza misma de una vida digna para las próximas generaciones.
María
Simpatizante del Periódico Revolución Obrera.
