El pasado viernes 8 de julio las familias de los presos: heridos y fallecidos en la cárcel de Tuluá, se reunieron a las afueras del centro penitenciario para exigir justicia y verdad en los hechos con respecto a lo sucedido la noche del 28 de junio; un lamentable incendio en donde presos del pabellón 8 vivieron los más espeluznantes momentos de terror y deshumanización, dejando a la fecha 54 muertos y otros heridos que aún se encuentran en riesgo de muerte por las heridas y traumatismos sufridos en esa noche.
De acuerdo con relatos de los mismos presos que presenciaron el incendio y de familiares que por medio de llamadas y mensajes enviados por los reclusos cuentan los hechos, hay varias inconsistencias en cuanto a los argumentos de las autoridades y en particular del INPEC encargado de la seguridad del centro.
Según reportes de la prensa burguesa, algunas autopsias indican que hubo fallecimientos causados por arma blanca, otros golpeados, degollados o desnucados que murieron antes de que iniciara el incendio. Al parecer los presos del pabellón 8 iniciaron una protesta por la mala calidad de la comida y las condiciones precarias en que se encontraban, lo que supuestamente originó una riña entre presos a la que respondió la guardia con granadas aturdidoras; existe también la versión de que se presentó la riña entre bandas de narcotráfico; el hecho es que, ante la asfixia por los gases lanzados por los guardias, los presos por el instinto de sobrevivencia intentaron disipar los gases prendiendo fuego a algunos colchones lo que originó el incendio, con tan mala suerte que en ese pabellón no se cuenta con un sistema contra incendios sumado a que los guardias no les permitieron salir al patio, ocasionando la masacre.
Ante el hecho existen un sin número de excusas y justificaciones tirándose la bola de un lado para otro buscando responsables. Por su parte Duque salió con sus condolencias lavándose las manos de toda responsabilidad, como si estuviera fuera de su jurisdicción: Lamentamos los hechos ocurridos en la cárcel de Tuluá, Valle del Cauca. Estoy en contacto con el @DInpec, Gral. Tito Castellanos y he dado instrucciones para adelantar investigaciones que permitan esclarecer esta terrible situación. Mi solidaridad con las familias de las víctimas, solidaridad que no pasa de hueras palabras, pues en lugar de dar respuesta efectiva e inmediata a los familiares, enviaron el Esmad para reprimir a quienes con angustia y dolor exigían información sobre sus seres queridos.
El nuevo mandatario, prometió cambios en el sistema carcelario: El estado colombiano ha mirado la cárcel como un espacio de venganza y no de rehabilitación. Lo acontecido en Tuluá, como la masacre en la Modelo obliga a un replanteamiento completo de la política carcelaria de cara a la humanización de la cárcel y la dignificación del preso.
En concreto, promesas, saludos, palmaditas a los familiares de las víctimas, pero no se resuelve la terrible situación del sistema carcelario, que por un lado, no puede contener un incendio o mejorar las condiciones de los reclusos, pero si puede permitir el ingreso de cajas de alimentos de alto costo para algunos patios en particular, en las cárceles también se refleja el trato según las clases sociales; a los presos lumpenizados por el mismo sistema, a los presos por luchar, a los presos sin recursos: vejaciones, represión, comida de mala calidad, etc., etc., a los presos de cuello blanco, celdas equipadas, comida gourmet, comunicación con el exterior, permisos para pasear etc.
Este es un ejemplo de cómo funciona el sistema capitalista, donde no interesa la vida de los desposeídos, sino la ganancia, donde pagan los de abajo, mientras los corruptos y los hijos de «buenas familias» (ejemplo Uribe Noguera) son tratados de acuerdo a su cuota. Todo esto es lo que debe cambiar y si Petro mismo lo dice, hay que exigírselo: rehabilitación para los detenidos, que no haya privilegios de clase en las cárceles; pero sobre todo trabajo, educación, salud, vivienda para las masas trabajadoras del campo y la ciudad, con lo que disminuirá notoriamente el número de reclusos y delitos en la sociedad.
