Análisis del sistema de salud en Colombia entrega Especial parte II
Con la falacia de que se daría paso a lograr una cobertura universal a través de un sistema de seguridad social integral, que se aumentaría la eficiencia en la asignación de recursos y mejoraría la calidad de los servicios de salud fue aprobada la Ley 100 y con ella se justificaba la privatización de la salud para todos los colombianos del campo y la ciudad; no obstante, 30 años después ninguna de esas promesas se ha cumplido y menos para los campesinos.
Hasta septiembre de 2022 las cifras de aseguramiento en salud del Ministerio indicaban que el 98.81 % de los colombianos estaba dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), ya sea en un régimen contributivo (23.408.478 ciudadanos), subsidiado (25.491.507) o excepcional/especial (2.231.162).
Sin embargo, estas cifras no reflejan el efectivo acceso a la atención médica, pues estar afiliado no es sinónimo de tener garantizado el servicio, ya que la falta de oportunidad en citas, la ubicación geográfica de los puntos de atención y la burocracia administrativa obstaculizan el acceso real. El informe del Consejo Privado de Competitividad (CPC), publicado en 2022, señala que ese tipo de dificultades impidieron que 1 de cada 5 personas tuviera acceso a los servicios cuando se les presentó un problema de salud; con lo cual se muestra claramente la desconexión entre las cifras de aseguramiento y la realidad de la atención médica.
Según los mismos datos del CPC, al 25 de febrero del 2021 (cuando se suponía que ya se contaba con las mejoras que hizo el Gobierno de Duque a causa de la pandemia por Covid-19), la oferta de UCI era escasa en varios departamentos, siendo Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés los más afectados, pues carecen por completo de UCI.
Además, dado que los indicadores de la calidad de un buen sistema de salud son las cifras de acceso y cobertura, en Colombia municipios de las regiones del Pacífico, Orinoquía y Amazonía, tienen menos del 50 % de la población cubierta, como lo demuestran los últimos datos del Ministerio de Salud, de septiembre de 2023. En municipios como Mirti-Paraná, Puerto Santander, Tarapacá, Pacoa, Yavaraté, El Litoral de San Juan, Carmen del Darién y Riosucio las cifras de aseguramiento son vergonzosamente bajas, oscilando entre el 1.57 % y el 46.12 % de población cubierta.
Esta situación se explica por la típica contradicción del capitalismo entre la ciudad y el campo: como para los parásitos capitalistas la salud no es más que una mercancía, la inversión privada en hospitales se concentra mayormente en áreas urbanas más rentables y no en comunidades rurales consideradas menos rentables.
El desprecio del Estado burgués por el campo se refleja en la escasa construcción de centros de salud y laboratorios desde el sector público. Esta falta de inversión contribuye significativamente a la disparidad en la atención médica en Colombia.
Así pues, si desde el Congreso los ricos siguen burlándose del pueblo, no solo recortando la tímida reforma propuesta por el Gobierno, sino impidiendo completamente su avance e incluso proponiendo una que empeora aún más la situación el pueblo, este debe volver a levantarse en una gran Paro Nacional y en las calles luchar y conquistar un sistema de salud que garantice el acceso a la atención médica de calidad, independientemente de la ubicación geográfica.
El sistema de salud en Colombia una condena para el pueblo
El Instituto Nacional de Salud (INS) reveló, en el informe Mortalidad evitable en Colombia para 1998-2011, la alarmante cifra de que en los casi últimos 13 años hubo en Colombia 1.427.535 muertes clasificadas como «evitables»; cifra que contrasta con las víctimas de la guerra reaccionaria que, según el Informe Final de la Comisión de la Verdad, causó 450.664 homicidios entre 1985 y 2018 (33 años). Es decir, al pésimo sistema de salud colombiano le tomó la tercera parte del tiempo llegar a generar tres veces más muertos que la guerra reaccionaria.
Aquí cabe tener en cuenta que el INS define una muerte evitable como aquella que podría prevenirse con los conocimientos médicos actuales y la tecnología disponible, sumado a que el Estado cumpla con sus responsabilidades más allá de los límites de las instituciones de salud, como garantizar el cuidado del agua potable, la preservación del medioambiente…, ya que son elementos cruciales que inciden en el aumento de las enfermedades.
Dentro de las causas de muertes evitables están: úlcera péptica, VIH, cáncer colorrectal, cáncer de mama, accidentes cerebrovasculares, hipertensión, enfermedades respiratorias crónicas, anomalías congénitas del corazón, leucemia, lesiones por vehículo motorizado de dos ruedas…
Este dato es un llamado urgente para el proletariado y el campesinado a levantarse contra un sistema de salud verdugo que, lejos de preservar la vida, condena al pueblo a una muerte prematura y evitable.
¿Cuántos trabajadores se podrían haber salvado si el derecho a la salud no fuese un simple negocio de los capitalistas? La salud, un derecho fundamental, no puede seguir siendo un privilegio de unos pocos a expensas de la vida de la mayoría, el llamado a la lucha debe resonar con más fuerza, por la transformación radical del sistema de salud hacia un sistema universalmente público, con la eliminación definitiva de la Ley 100 y de todas las EPS, y donde se priorice la salud preventiva.
Privatización de la salud y aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles
En Colombia, la carga de enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT, las más comunes son el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, la enfermedad crónica respiratoria y la renal crónica) ha experimentado un preocupante aumento, pasando del 40 % de defunciones atribuidas a estas enfermedades en 1979 al 61 % en 2019; es decir, con la privatización de la salud aumentó en un 21 % las muertes por ECNT. El porcentaje de muertes «prematuras» por estas enfermedades, dentro del total de las muertes de menores de 70 años, ha pasado del 31 % en 1979 a cerca del 52 % en 2020, con un mayor incremento en las muertes por cáncer; es decir, con la privatización de la salud aumentó en un 21 % las muertes «prematuras».
Por otro lado, en el sector salud se cuenta con guías de práctica clínica (GPC) que son una herramienta para mejorar los resultados de los pacientes y evitar gastos innecesarios. Sin embargo, un análisis revela que solo el 15 % de 324.000 pacientes con diabetes afiliados a las EPS en Colombia reciben todos los exámenes recomendados, incluyendo la medición anual de glicemia, colesterol y función renal.
Así las cosas, pese a que el Estado capitalista presume del aumento en la cobertura en salud, pasó del 29 % en 1995 al 99 % en 2022, es claro que la cobertura no se traduce en buena atención en salud.
La cantidad de tutelas desnudan al pésimo sistema de salud colombiano
Que el sistema de salud colombiano es pésimo también se revela contundentemente a través de las innumerables tutelas interpuestas anualmente en el sector salud. El Informe anual de acciones de tutela en salud, del Ministerio de Salud y Protección Social, revela que entre 2015 y 2021 (en solo 6 años) se presentaron 1.117.296 acciones de tutela.
Durante el año 2021, de las 31.933.521 personas atendidas, se interpusieron 80.325 acciones de tutela (y eso que en departamentos como Chocó y Amazonas se interponen pocas tutelas pese a las barreras para acceder a servicios sanitarios en esas regiones); el 56.47 % de estas tutelas fueron presentadas por personas que pertenecen al régimen contributivo, mientras que el 38.82 % provino de usuarios del régimen subsidiado.
Las causas fundamentales de las tutelas es la postergación de procedimientos médicos autorizados por las EPS, la demora en el agendamiento con médicos especialistas y la tardanza en la entrega de medicamentos ya autorizados por las EPS.
El informe destaca que las EPS más entuteladas en 2021 fueron Coomeva EPS (con 47,8 tutelas por cada 10.000 afiliados), Medimás EPS (con 45.9 tutelas por cada 10.000 afiliados) y Servicio Occidental de Salud (25.5 tutelas por cada 10.000 afiliados).
Las regiones con más tutelas en salud durante los primeros 9 meses del 2022 fueron: Antioquia con 19.016 acciones que representó el 17.31 % del total nacional; Valle del Cauca con 12.286 (11.19 %); Bogotá con 10.391 (9.46 %); Norte de Santander con 9211 (8.39 %); Santander con 6957 (6.33 %).
El defensor del pueblo, Carlos Camargo, reportó que entre enero y septiembre de 2022 se presentaron 109.825 tutelas que invocaron el derecho a la salud, es decir, 12.203 tutelas mensuales en promedio. En su informe Camargo señalo que: Sigue siendo inaudito que las personas tengan que seguir acudiendo a las acciones de tutela para que las autoridades judiciales les ordenen a las EPS cumplir con las obligaciones que ya están consagradas en la legislación colombiana. El derecho a la salud, es el segundo derecho más tutelado y representa el 24.47 % del total.
Es inhumano que las EPS le nieguen o entreguen de manera inoportuna o insuficiente servicios, tecnologías o medicamentos vitales para los pacientes como el oxígeno, para el control de la diabetes como la insulina, para el control de la hipertensión arterial; las consultas por medicina especializada, los tratamientos contra el cáncer, diversos procedimientos quirúrgicos… y resulta aún más inhumano que las reformas a la salud pretendan que estas instituciones sigan existiendo.
Todo lo anterior evidencia que el pueblo colombiano debe ir más allá de la legüleyada y levantarse para quitarle el negocio de la salud de las mezquinas y ensangrentadas manos de los capitalistas y obligar al Estado a que garantice el derecho fundamental a la salud.
Necesitamos una rebelión popular que conquiste en lo pronto la abolición de la Ley 100 de 1993 y las EPS, que rechace todas las reformas que atenten contra la salud pública y que imponga con la fuerza del pueblo la creación de un sistema que cubra a toda la población, garantizando salud de calidad para los campesinos, los pueblos indígenas, las comunidades negras y todo el pueblo trabajador.
