El presidente Petro prometió la liberación de los presos de la denominada Primera Línea, desde el 9 de diciembre 2022. Se comprometió a liberarlos antes de Navidad. No cumplió, ¿por qué no cumplió?
Para responder esta pregunta es necesario comprender que con las elecciones cambió la forma de Gobierno, mas no la esencia del Estado burgués. La burguesía y los terratenientes siguen siendo dueños del poder económico, político y militar, por tanto, siguen gobernando; es por ello que atacan todo lo que afecta sus intereses económicos y políticos, si Petro los afecta le darán un golpe de Estado y todo el tiempo lo van a sabotear, tal como se presenta en la pelea de los uribistas por tumbar el Decreto 2422 del 9 de diciembre del 2022, emitido por la Presidencia de la República para liberar a los detenidos.
Petro representa el sector “progresista” de las clases dominantes; no realizará cambios de verdad porque, de conjunto, su pretensión es conciliar intereses económicos y políticos de clases sociales antagónicas, como lo son el proletariado y la burguesía. En ese sentido respeta el Estado de los ricos con su supuesta independencia de poderes, lo que significa que el poder judicial, en particular la Fiscalía, actualmente en manos de la mafia con su fiscal de bolsillo, impedirá a toda costa la liberación de los luchadores del levantamiento, y tanto Petro como como sus huestes se lavarán las manos argumentando que no se puede hacer nada, porque ante todo se respetará la “democracia”.
El actual Estado es realmente la dictadura de los capitalistas contra la inmensa mayoría del pueblo, no hay tal democracia que respetar; en ese sentido, mantener esa máquina de dominación tal cual existe, tratando de maquillarlo, como lo hace el actual gobierno con eslóganes bonitos como “la paz total” o la pretensión de convertir a Colombia en la “potencia mundial de la vida”, pero sobre todo, manteniendo los privilegios de los ricos, es continuar manteniendo el poder del capital y por tanto la opresión y explotación de las masas trabajadoras. El Estado burgués debe ser destruido y construir un nuevo Estado que esté dirigido por la clase obrera y los campesinos, para garantizar los derechos para el pueblo.
En el caso de los luchadores detenidos, las clases dominantes, y las instituciones sobre las que tiene un control total como la Fiscalía, la Procuraduría y las mismas cárceles, se ensañan contra ellos. Si queremos su liberación, se requiere de la movilización, no solamente de sus familiares sino de todo el movimiento social para presionar a que el gobierno del Pacto Histórico los libere.
Y más aún cuando la vida de los presos es cada vez más vulnerable, como es el caso del compañero Jhon Alejandro Hernández, conocido como el Indio de Puerto Resistencia, recluido en la cárcel de Jamundí, quien denuncia «a la “Uspec” y al “lnpec” por el delito de peculado por destinación de recursos del Estado, ya que se ha presenciado la precaria situación del establecimiento, puntualmente de la cárcel de Jamundí, en donde la comida llega como para alimentar pajaritos prácticamente… además de que algunas veces las comidas llegan crudas o podridas a los patios, el servicio insuficiente de salud que abarca a toda la población carcelaria de Jamundí»; también denuncia las anómalas condiciones de higiene de los presos en dicho centro carcelario. Y lo más grave han sido: «Los hechos ocurridos el día 30 de marzo del 2023 en el cual hubo una fuerte agresión la cual dejo laceraciones en la piel de Jhon Alejandro Hernández a nivel del brazo derecho, en la palma de la mano, la cara y las muñecas por las restricciones además de también lacerar a nivel del cuello y el hombro al joven Alejandro Blandón Ordóñez».
En días anteriores también se presentaron amenazas con arma blanca contra los compañeros de la Primera Línea en Palmira poniendo en peligro sus vidas.
Ante dicha situación se responsabiliza principalmente a la Fiscalía y al lnpec, pues con su negligencia y su actitud de ensañamiento contra los compañeros, atentan contra la integridad física y mental de los compañeros que hicieron uso del justo derecho a la protesta social.
También es preciso responsabilizar al actual Gobierno por su negligencia en no atender de manera rápida la problemática de los detenidos por luchar, quienes también contribuyeron al triunfo electoral en la medida en que el levantamiento del 2021, obligó a las clases dominantes a ceder el poder ejecutivo del Estado para controlar un nuevo levantamiento popular.
Por ello las organizaciones, los familiares y los amigos de los detenidos han tomado la iniciativa de realizar una serie de actividades exigiendo su libertad: el mes de marzo viajó a Bogotá una delegación de 46 familiares de los presos, quienes no fueron atendidos por el presidente Petro, quien en campaña presidencial sí frecuentaba las diferentes regiones de manera constante; y lo que es peor aún, el ministro del interior prometió que se iba a establecer una mesa de diálogo para atender de manera inmediata las peticiones de los detenidos, pero esta es una promesa que no ha sido cumplida.
Las familias, por ahora, le exigen a la presidencia que los compañeros detenidos en el estallido social sean recluidos en una sola cárcel y en un solo patio como en el caso del Valle del Cauca, para mejorar su seguridad y garantizar el derecho a la vida. Pero su mayor demanda es que sean liberados ¡YA!
Por todo lo anterior el llamado es:
- A la solidaridad con los presos por luchar, pues hasta el momento hay aproximadamente 320 compañeros que siguen detenidos en Bogotá, Cali, Palmira, Medellín, Neiva, Pasto, entre otras ciudades.
- Retomar la realización de plantones a nivel nacional y de manera simultánea exigirle al gobierno que cumpla el pliego de peticiones de los detenidos por luchar.
- Denunciar constantemente en los medios de comunicación los atropellos contra los detenidos.
- Enviar cartas de denuncias a las diferentes organizaciones internacionales. Impulsar la Vaki para conseguir recursos económicos que permitan contratar abogados y así avanzar en las investigaciones que permitan desmentir los falsos positivos.
- Unir, organizar y movilizar a los luchadores para realizar plantones o movilizaciones para la conmemoración de los dos años del estallido social y por un Primero de Mayo como día internacional y de lucha de la clase obrera.
