Nada es eterno en el mundo, todo nace, se desarrolla y muere. Precisamente, eso es lo que se presenta con la sociedad capitalista que ya cumplió su papel histórico y ahora debe de morir para que la humanidad avance hacia una nueva etapa de desarrollo: el socialismo. Justamente la clase obrera y los campesinos pobres, son los llamados a tomar las riendas de la nueva sociedad, proceso que se desarrolla a través de la aguda lucha de clases sociales, mediante estallidos sociales, insurrecciones y revoluciones.
En esa lucha entre el viejo sistema capitalista y el nuevo sistema socialista que nacerá de sus entrañas, los dirigentes y los luchadores del pueblo representan la semilla del nuevo mundo; por ello, la parásita clase burguesa se ensaña contra dicha vanguardia en los diferentes países; como se presentó en el Perú cuando existió la Guerra Popular en los 80, dirigida por el Partido Comunista del Perú (PCP), donde cientos de presos fueron asesinados en las cárceles del Callao, San Juan de Lurigancho y el Frontón, por lo que en 1986 se estableció el 19 de junio como el Día de la Heroicidad; o como se presenta actualmente en Filipinas y la India donde han sido asesinados luchadores del pueblo y de las organizaciones de Partido que los dirigen.
Desde su formación como país, la historia de Colombia chorrea sangre obrera y campesina. Basta con recordar hitos de lucha como la Huelga de las Bananeras, El Bogotazo, el Paro del 77 y, recientemente, el denominado Estallido Social del 28 de abril, pues siempre se aplicó el terrorismo de Estado contra el pueblo luchador.
Por eso ser preso político revolucionario, es sinónimo de lo nuevo, del futuro, es estar en contra del sistema de explotación y opresión; de ahí que el Estado, como máquina de dominación, sea usado por la burguesía contra todos aquellos que cuestionan o quieren cambiar el actual estado de cosas. Dicha verdad explica el ensañamiento que se descarga contra los dirigentes o jóvenes presos políticos en todo el mundo, a través de ellos se quiere escarmentar a los explotados y oprimidos para que no se rebelen.
Sobre la actuación el Estado Burgués y del nuevo Gobierno
El Estado burgués en Colombia continúa aplicando su dictadura, su poder de dominación y explotación contra la clase obrera y los pobres del campo, pese a que hubo un cambio de Gobierno. En la administración del Estado hay un Gobierno reformista, pero no tiene el poder completo, ya que sectores de las clases dominantes, en particular el sector de la mafia, manejan directamente instituciones como la Fiscalía, que insiste en castigar a los luchadores.
Ha sido muy evidente el ensañamiento del Estado burgués contra los luchadores del estallido social en Colombia; según escalofriantes cifras reportadas por Organizaciones No Gubernamentales (ONG) del 28 de abril al 28 de junio del 2021, hubo 3486 casos de violencia policial, 89 homicidios, 1832 detenciones arbitrarias, 1929 personas heridas, 116 lesiones oculares, 106 denuncias por violencias basadas en género, 343 agresiones a personas defensoras de derechos humanos. Y, después de dos años del levantamiento, en promedio 300 jóvenes siguen detenidos en las cárceles y sin haber sido juzgados.
En contraste, respecto de la violencia del Estado contra el pueblo luchador hay un alto grado de impunidad. Según datos de la misma Fiscalía y de la Procuraduría, de las denuncias recibidas por abusos de autoridad solo 1,34 % se encuentran en investigación, 4,2 % en juicio, 0,54 % en ejecución de pena, 0,02 % en terminación anticipada y tan solo en el 0,7 % de los casos se han emitido fallos.
Sobre la actuación del nuevo Gobierno:
A pesar de los buenos deseos de Petro, después de un año de su Gobierno no ha cumplido con lo que les prometió a las víctimas del Terrorismo de Estado durante el Estallido, que en resumen fue:
- Liberar a los detenidos del Estallido Social antes de Navidad del 2021, convirtiéndolos en gestores de Paz. No pudo cumplir, poniendo en evidencia que no tiene el poder sobre todas las instituciones del Estado.
- Desmontar el Esmad. No cumplió, solo le cambió el nombre por el de Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO). Esto se convierte en una burla contra las víctimas del Terrorismo de Estado durante el estallido social del 28A.
El mismo presidente Petro, en su discurso del 27 de mayo del 2023, señaló que los encarcelamientos contra los jóvenes son como una «venganza del Estado», que estas personas ─llamadas terroristas por el anterior Gobierno─ son «trofeos de la oligarquía colombiana» y hasta llamó a la juventud para que saliera a la calle a exigir su liberación, pero sus palabras se quedan solo en el discurso porque el Gobierno no le ha contribuido a los detenidos ni con recursos, ni con abogados.
Si bien, se instaló una mesa de negociación, eso se logró por el clamor de los familiares y los detenidos; por la presión de organizaciones de DD. HH. y de los familiares que, en marzo, fueron desde el sur occidente colombiano hasta Bogotá para exigir el establecimiento de la mesa con el Gobierno; además porque los mismos presos realizaron tres huelgas de hambre para que esta mesa se instalara.
Sobre la situación actual de los detenidos por luchar:
El informe es parcial, ya que no existe un comité nacional que haga seguimiento de conjunto a todos los procesos.
Sin embargo, de lo que han recogido algunas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de los paros o estallidos durante los años 2019, 2020 y 2021, «Se promedia a 307 compañeros en proceso de judicialización con motivo de las protestas desarrolladas. Hay datos sin consolidar porque hay jóvenes que fueron exiliados y otros están en un “limbo” judicial. Y son detenidos de las primeras líneas, de derechos humanos o luchadores que apoyaron con logística».
De acuerdo con datos de organizaciones sociales, hay jóvenes cuyos procesos se están llevando a cabo desde las cárceles, bajo libertad condicionada, incluso en el exilio.
En general, a los presos que les han concedido la libertad es por la lucha persistente de los familiares, los detenidos, las organizaciones de derechos humanos y los abogados solidarios que han estado atentos a exigir la libertad de los detenidos por vencimiento de términos. Es así como en el mes de julio, 20 detenidos recuperaron su libertad; de este grupo de liberados, 9 compañeros eran del proceso de los municipios de Buga y Andalucía, caso al que también estaba vinculado el joven Jonathan Sabogal quien murió en el incendio de la Cárcel de Tuluá en junio del 2022, donde murieron más de 60 personas recluidas, aunque en los estudios forenses se informa que antes de ser calcinado, fue degollado. En su homenaje los compañeros de Palmira conformaron un colectivo de presos políticos que lleva su nombre.
Como parte de aprender del coraje y la valentía de nuestros luchadores, es importante resaltar, como lo informa una compañera de Derechos Humanos, el rol que desempeñó Karina Reyes, profesora de prescolar, madre de un niño de 5 años, que durante su reclusión en el Centro Penitenciario de Máxima Seguridad de Jamundí, fue la representante de Derechos Humanos de su patio y lideró varias de las iniciativas en busca del bienestar general de las mujeres recluidas en el centro penitenciario. Y Epifanio Domínguez, sobreviviente del incendio de la Cárcel de Tuluá, padre de 5 hijos, adscrito laboralmente a la multinacional Suiza Nestlé de Buga desde hace 12 años, hace parte de la junta directiva del sindicato Sinaltrainal y del Comité de Derechos Humanos de la CUT Valle del Cauca; Epifanio permaneció recluido injustamente más de 20 meses, ahora hace parte del Colectivo de Presos Políticos Jonathan Sabogal, del centro penitenciario de Palmira, siendo importante resaltar que, gracias a la lucha persistente, lograron que el nuevo Gobierno por fin estableciera una mesa de negociación con los detenidos por luchar.
La enseñanza que nos dan los compañeros detenidos referente a la unidad y la organización:
Le ha tocado a las propias familias de los detenidos desarrollar valientemente una serie de plantones en diferentes ciudades; también se envió una comisión del suroccidente colombiano a Bogotá durante el mes de marzo del 2023, con el propósito de establecer la mesa de diálogo y de entregar un pliego de peticiones. Lo real es que la problemática de los detenidos no ha tenido la atención requerida.
A pesar de las dificultades, es admirable la fortaleza de los compañeros detenidos para seguir en la defensa de sus derechos, como lo están haciendo los compañeros presos de Palmira que formaron el Colectivo «Jonathan Sabogal», conformado por compañeros de diferentes puntos de resistencia del Valle así: 4 de la Y Palmira, 4 de P. R., 2 de Paso del Aguante, 1 de la Luna, 1 del Puente de las Mil Luchas, 5 de Buga y Andalucía, 2 de Buenaventura, 2 de Jumalito.
Quienes han defendido a los presos por luchar han sido sus propias familias, algunas organizaciones de derechos humanos, algunos medios alternativos de comunicación y la propia iniciativa de los detenidos en la cárcel de Palmira quienes han realizado 3 huelgas de hambre. Con la tercera, realizada del 1 al 12 de julio del 2023, se logró establecer la Mesa Por la Paz, conformada por el Gobierno nacional en cabeza del Alto Comisionado para la Paz Danilo Rueda y del Colectivo Jonathan Sabogal, con el acompañamiento del Padre Javier Giraldo y la asesoría de varias organizaciones de DD. HH.
Sus justas peticiones se pueden resumir así:
- Reconocimiento de estatus político como actores No-Armados del Conflicto Social y Político Colombiano y como Prisioneros Políticos de la Protesta Social.
- Protección de sus vidas y la de sus familias, durante la permanencia en prisión y pos-excarcelación.
- Rechazo a la persecución política y el hostigamiento ejercido por la mafia uribista que sigue en el poder del Estado y que aplica su terrorismo como lo explican los detenidos mediante «Asesinatos de nuestros compañeros en prisión y luego de excarcelados. Además del asedio judicial del señor fiscal Francisco Barbosa y sus entrampamientos para mantenernos encarcelados y/o procesados».
- Se exige que en la mesa de negociación participen los diferentes grupos o colectivos a nivel regional y nacional. Por ejemplo, los compañeros de Puerto Resistencia explican que no se sienten representados por el vocero David Bernal, del Colectivo Jonathan Sabogal, y que a la vez formaron otro colectivo que se llama La Hermandad.
Como conclusión general, se puede apreciar que es poco lo que el Gobierno de Petro puede hacer a pesar de sus buenas intenciones, ya que las clases dominantes, que siguen con el poder económico, político y militar sabotearan hasta las pequeñas reformas. Por ello, solo con el pueblo organizado nuevamente en Comités y Asambleas independientes del Estado se podrá presionar en las calles una verdadera solución a la problemática de los compañeros detenidos por luchar. Solo si se logra reorganizar el movimiento de luchadores es posible sacar adelante las exigencias de los luchadores que viven la tragedia de la cárcel.
Aprendiendo de la experiencia se debe persistir y desarrollar las siguientes tareas:
- Retomar la organización de los familiares en comités por ciudad y bregar a conformar el comité nacional.
- Mantener la denuncia permanente desde los diferentes medios de comunicación alternativa,Revolución Obrera, entre otros.
- Exigirle al Gobierno que no solo se establezca la mesa de diálogo, sino que, ante todo, dé solución inmediata a la problemática.
- Impulsar una campaña de solidaridad económica bregando a concretar el apoyo del movimiento sindical, de los comités de la barriada, la minga indígena y a nivel internacional con las diferentes organizaciones de derechos humanos.
- Retomar el día 28 de cada mes como el día de la Resistencia en Colombia, para mantener vivas las enseñanzas y la memoria histórica del Estallido Social.
