La nueva Ley Estatutaria de Educación —cuya discusión está pausada porque el congreso mafioso está de vacaciones— no solo embiste contra el magisterio colombiano, también es un ataque directo a nuestros niños y niñas, y a las masas populares, particularmente a las mujeres proletarias y campesinas.
Esta ley niega la necesidad de establecer los tres grados de preescolar (prejardín, jardín y transición) financiados completamente con los recursos del Estado, garantizados a través de las instituciones educativas oficiales y con planta docente oficial. En lugar de reconocer la importancia de una educación preescolar integral, pretende mantener solo la obligatoriedad del grado de transición, ignorando completamente los grados de prejardín y jardín.
Al negar la financiación estatal para los tres grados de preescolar, el Estado burgués continúa asestando un golpe directo al bolsillo de los trabajadores. Esta decisión es, en esencia, una rebaja al salario obrero, ya que obliga a las familias campesinas y proletarias a sacar dinero de sus exiguos salarios para pagar a instituciones privadas por una educación preescolar que debería ser asumida por el Estado. En lugar de destinar estos recursos a cubrir otras necesidades esenciales como alimentación, salud o vivienda, los trabajadores con hijos en edad preescolar se ven forzados a financiar algo que debería ser un derecho garantizado.
Esta retrógrada decisión no solo perjudica a nuestras infancias, sino que también perpetúa la desigualdad de género; de todos es sabido que, bajo el sistema capitalista, las actividades de cuidado no remunerado recaen desproporcionadamente sobre las madres de familia, como lo demuestra la ENUT de 2021, donde una cuarta parte de la población de 10 años o más en Colombia (equivalente a 10,2 millones de personas de los 41,8 millones) dedica parte de su tiempo diario al trabajo de cuidado directo no remunerado. Si los salarios de la clase obrera colombiana no permiten matricular a los niños y niñas en instituciones privadas, serán las madres y hermanas quienes se encarguen de atender a los pequeños en casa, añadiendo más tareas a la larga lista de trabajo no remunerado que ya asumen las mujeres en Colombia.
De igual forma, esta retrógrada ley refuerza las dinámicas de opresión y explotación de género. Al negar la educación preescolar de tres grados financiada por el Estado, atendida por los establecimientos oficiales y con planta oficial, se continúa condenando a las profesionales de primera infancia, como las licenciadas en preescolar o en educación infantil, a ser superexplotadas por entidades privadas. En estos espacios, la inestabilidad laboral es pan de cada día, los salarios son muchísimo más bajos que los ya bajos salarios determinados por el escalafón docente, los horarios son mucho más extenuantes y carecen de derechos laborales fundamentales como vacaciones remuneradas.
Esta situación no solo perpetúa la precariedad laboral de las mujeres en sectores tradicionalmente feminizados, sino que también refuerza la idea de que las responsabilidades de cuidado deben ser asumidas por las mujeres de manera gratuita o muy mal remunerada. Así, se profundiza la desigualdad económica y social, manteniendo a las mujeres en condiciones de vulnerabilidad y dependencia económica, en lugar de garantizarles el acceso a condiciones laborales dignas y equitativas.
En Colombia, donde persiste una significativa brecha salarial entre hombres y mujeres, esta Ley Estatutaria de Educación entraría a agravar las condiciones laborales injustas que enfrentan las mujeres, limitando sus oportunidades de desarrollo profesional y perpetuando una discriminación sistemática.
Al limitar el preescolar a solo un grado en instituciones públicas, se perpetúa la alta tasa de desempleo que afecta especialmente a las mujeres en Colombia, que alcanzó el 15,9 % en enero de 2024. Esta decisión también condena a las profesionales de la primera infancia, pues en vez de poder vincularse al magisterio colombiano, continuarán laborando en entidades privadas, donde predominan los contratos temporales, los bajos salarios y la falta de acceso completo a la seguridad social, incluyendo la posibilidad de acumular los años necesarios para una pensión.
Esta realidad agrava la dependencia económica de las mujeres a lo largo de su vida laboral, dejándolas sin una red de protección adecuada para su vejez y perpetuando así la desigualdad de género tanto en el ámbito laboral como social. Limitar el acceso al preescolar en instituciones públicas contribuye a mantener cifras alarmantes, como que solo el 13 % de las mujeres en Colombia logre cotizar el tiempo suficiente para acceder a una pensión a los 57 años.
Ante esta situación, es deber de los revolucionarios unir y organizar esta y otras luchas dispersas en una sola fuerza que desafíe al congreso mafioso y al Estado burgués, exigiendo el cumplimiento de las reivindicaciones populares, incluyendo el acceso universal a una educación preescolar de calidad y pública.
Así pues, la Asamblea Nacional Popular Independiente se presenta como la oportunidad para articular estas demandas y a partir de la democracia directa del pueblo, avanzar hacia la construcción de un verdadero Poder Popular que confronte y derrote el poder de los explotadores y opresores del pueblo colombiano.
¡No podemos permitir que los ricos sigan pisoteando los derechos de las mujeres y el futuro de nuestros hijos! ¡Debemos levantarnos y luchar por una educación preescolar completa, financiada por el Estado y prestada por docentes del sistema oficial!¡No más precariedad, no más desigualdad para las mujeres de la clase obrera!
