Despidos de especialistas en cáncer de la Clínica de la 80 en Medellín, renuncia masiva de médicos en clínica de Tunja, 18 médicos de urgencias renuncian en IPS de Cafesalud Cali Norte, pacientes desesperados por la falta de atención en la Juan Piñeros Corpas de Bogotá, agresiones sucesivas en diciembre a personal médico concentrándose especialmente en la costa, mujeres muriendo en los andenes de la Pepe Sierra en Bogotá por no haber sido operadas a tiempo del corazón… en fin, más de un millón de muertes prevenibles, ocurridas entre 1999 y 2011. La crisis de salud desborda por mucho lo visto en estos años. Trabajadores explotados, desorganizados e inconscientes, huyendo, renunciando, peleando con pacientes, moribundos y familiares iracundos e igualmente inconscientes. La muerte paseándose por el país como si estuviésemos en el oscurantismo medieval.
¿Quién es el responsable de este caos de muerte y desolación? Los responsables de tan terribles acontecimientos permanecen intocables, reventando sus bolsillos con la tragedia ajena; son como una peste que devora los tejidos y pudre en vida a la víctima solo para su beneficio.
Pero a diferencia de la gangrena, que devora en legítima lucha de subsistencia, la plaga que engulle al país, no lo hace por supervivencia. El capitalismo, este sistema en descomposición nos consume. Los burgueses son propietarios de todo, incluso del sistema de salud, pues allí suena la registradora mucho más con el dolor y la enfermedad.
Los que alguna vez fueran valiosos recursos destinados a salarios, medicamentos, servicios médicos y exámenes para los trabajadores, terminaron en negocios de hotelería, acciones de Interbolsa, ubérrimas haciendas, campos de golf, aviones privados, lujosas orgías, 600 millones de pesos en cortinas de la «casa de Nari» y excesos de todo tipo. Hasta hoy, poco se habla de la clase criminal, culpable por omisión del asesinato de miles de gentes del pueblo; amparados en la sombra legal de las Sociedades Anónimas – S.A., sus nombres y propiedades se mantienen a escondidas del público.
No conocen el sufrimiento que significa la Ley 100, porque ésta fue hecha para su beneficio, a través de la cual se nombraron a sí mismos como propietarios de los recursos en salud; no conocen investigación alguna por las muertes prevenibles que causan, pues cuentan con un ejército de jueces, y las demandas se resuelven en sus propios tribunales donde son árbitro y parte; tampoco conocen el desprestigio porque se mantienen protegidos por un harén de periodistas que callan y mienten 24 horas al día; menos aún conocen el castigo porque las toneladas de cristalizada riqueza que reciben las garantiza la sólida protección del Estado, y la obediencia ciega de 500.000 efectivos de las fuerzas armadas, dispuestos a matar si es necesario con tal de agradarles el día, como se ve en la forma en que tratan a los usuarios que a diario reclaman el derecho a la salud que ya pagaron.
Ellos viven en condiciones que nadie se imagina, rodeados de un estilo de vida fantástico dentro de palacios, aquí y en países extranjeros, mientras los enfermos se revuelcan de fiebre en los pisos de los hospitales, con un cartón como camilla. Como monarcas, despilfarran en lujos al tiempo que intentan abrirse un terreno respetable en los negocios imperialistas.
La burguesía no tiene problema de meterse en negocios sucios como el narcotráfico en esta carrera de poder; pero untarse las manos de sangre y huesos de trabajadores enfermos, niños con cáncer, mujeres embarazadas, todo con tal de aumentar sus ganancias, muestra que el corazón de esa clase está en el bolsillo y que su sistema de explotación asalariada es inhumano y ruin. La burguesía solo quiere aumentar su plusvalía, que nunca cese el flujo de billetes; pero se hace la ciega y sorda sobre cómo se obtienen esos billetes, de las consecuencias de este negocio, de la forma criminal como los gerentes les garantizan año tras años más y más ganancias que no terminan de producirse y ya se engullen, porque son una minoría parásita nacida para apropiarse privadamente de los recursos de la sociedad entera.
Urge por tanto la acción de todo el pueblo para frenar los traficantes de la muerte, haciendo derogar la Ley 110 y convirtiendo la salud en un derecho universal administrado directamente por el Estado. ¡No más cierres de hospitales! ¡Atrás las criminales intermediarias de la salud!
