El pasado 2 de marzo fue un día luctuoso para los Firmantes del Acuerdo de Paz entre las antiguas FARC y el gobierno de Santos. No más ese día fueron asesinados tres firmantes del Acuerdo (uno en Yopal, Casanare; otro en Arauquita, Arauca; y el tercero en San Juan de Arama, Meta), para sumar un total de 461 firmantes que les han quitado la vida desde el 26 de septiembre de 2016 -fecha en que se firmó el llamado Acuerdo final de paz-, como producto del exterminio sistemático que existe en su contra, según la página web de Indepaz.
A esta terrible situación se le suman dos hechos reprochables: el secuestro de familiares de firmantes en el departamento de Arauca, de un lado; y del otro, el desplazamiento forzado el 26 de febrero de la comunidad de la Nueva Área de Reincorporación Libertad Simón Trinidad en Mesetas, Meta, hacia el área urbana de ese municipio, a la que llegaron 26 familias -aproximadamente 90 personas- de firmantes del Acuerdo. En este último caso mencionado de desplazamiento forzado, se pudo ver la poca importancia que el Estado burgués y sus instituciones – como la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, entre otras – le prestan a este importante problema, pues no actuaron con la celeridad que se merece.
Es por eso por lo que, acciones como el bloqueo que realizaron entre 70 y 100 Firmantes de paz del Tolima, Cundinamarca, Meta, Huila, Nariño y Caquetá a la vía Bogotá – Girardot desde el pasado 8 de febrero hasta el 18 del mismo mes, se justifican. «Llevamos casi siete años en los que tenemos muchos niños que han crecido sin escuela» afirmó uno de los excombatientes que participó en los bloqueos, en los que además exigieron seguridad, acceso a tierras y reincorporación a la vida no armada con trabajo, salud, pensión y demás garantías para ellos y sus familias.
En resumidas cuentas, a los excombatientes de las FARC-EP que firmaron el Acuerdo final de paz, ni las clases dominantes, ni el Estado burgués-terratenientes, ni el gobierno de turno les han cumplido con lo que se comprometieron si dejaban las armas en las reuniones de Cartagena y de Bogotá, en septiembre y noviembre de 2016 respectivamente. La paz que le prometieron a los firmantes del Acuerdo fue la paz de los sepulcros. Incumplimientos y mentiras que los afectan tanto a esas mujeres y hombres que confiaron en la palabra del Estado terrorista como a sus familias.
Es urgente que detengan la masacre contra los firmantes del Acuerdo. Nos solidarizamos con esa situación de zozobra en que viven a diario, pues no saben en qué momento van a ser víctimas de un ataque armado para intentar quitarles la vida. La lección que las masas deben aprender consiste en que no se puede confiar en el Estado de las clases enemigas. Como bien dice la presentación al folleto La historia de las amnistías: una historia de engaños: «la historia de los acuerdos de paz en Colombia siempre han sido un instrumento para beneficiar a algunos jefes, mientras que a la masa de los combatientes se les ha tratado como criminales. Que en cuanto a la Amnistía: “Se trata del recurso jurídico, impulsado y manejado por gobiernos y clases en el poder, con el fin de poner término a situaciones conflictivas que no permiten el desarrollo normal de sus propósitos de explotación y dominación”».
